Qué no dice la Cancillería sobre quitarle internet a Assange – Ecuador no pudo censurar a Wikileaks

El pasado 17 de octubre, Wikileaks señaló que un país había desconectado a Julian Assange, horas más tarde dijo que fue Ecuador y al rato la Cancillería lo confirmó en un escueto comunicado. Lo primero que hace el comunicado es aclarar que existen dos cosas. Julian Assange, el perseguido político y Wikileaks, la organización periodística. Hasta entonces todo estaba bien. Luego afirmó que:

  1. Las publicaciones de WIKILEAKS —no Assange— tenían impacto sobre las elecciones presidenciales en Estados Unidos.
  2. Ecuador respeta el principio de no intervención en las elecciones de otros países; por tanto
  3. Suspendió temporalmente el acceso a internet de JULIAN ASSANGE; y
  4. No hay censura porque WIKILEAKS puede seguir operando.

La pregunta obvia es:

¿Qué esperaba Ecuador que suceda cuando interrumpió la conexión a Internet de Julian Assange? Si seguimos la lógica de sus antecedentes y justificaciones, esperaban afirmar el principio de no intervención. Si uno vuelve al punto uno de este texto, se entiende que eso implicaba interrumpir las publicaciones de Wikileaks. Y la razón no sería otra que, obviamente, presión por parte de Estados Unidos. Es poco creíble que Ecuador haya tomado consciencia política sobre el impacto de las publicaciones de Wikileaks sólo en este momento cuando desde sus inicios la organización ha afirmado que parte de su poder está precisamente en cambiar resultados electorales.

Hay dos posibilidades, Ecuador pensaba que podía detener las publicaciones o, a sabiendas de que no, debía demostrar que, al menos, trató. Pensaría que, dada la naturaleza del comunicado, creían que se trataba de la primera opción. La segunda me parece menos probable por ser la menos beneficiosa para Estados Unidos que, al evidenciar censura al fundador de Wikileaks, lo único que ha obtenido es darle mayor atención a sus últimas publicaciones.

Nos queda por saber:

  • ¿Qué presiones está recibiendo el gobierno ecuatoriano para haber hecho tremendo papelón?
  • ¿Volverá a pasar?
  • ¿Cómo cambia esto la situación del asilado Julian Assange?

fullsizerender

ACTUALIZACIÓN (23/10/2016): Acá hay un muy buen reportaje de 4Pelagatos explicando el contexto de la desconexión. No me equivoqué.

 

Una evaluación realista del impacto del Código Ingenios sobre la industria del software en Ecuador

Hace unas dos semanas empezó una campaña liderada por gente vinculada a la industria del software en Ecuador: #AlertaCodigoIngenios. Hablaban de un apocalipsis de la economía debido a los artículos 111, 135  y 136 de la propuesta de la nueva ley de propiedad intelectual. El personal de la agencia Céntrico Digital, no sé si de forma voluntaria o remunerada, empezó a mover el hashtag y a promocionar el sitio web 15000empleosmenos.com. Apoyando la campaña estaba gente perteneciente al directorio de la Asociación Ecuatoriana de Software (AESOFT). Aclaro que es el directorio porque me han dicho, y si no quieren creerme está bien, que muchas veces el directorio toma decisiones sin consultar a sus socios. Pues bueno, estaban estos dos actores explicando su punto de vista sobre la propuesta de ley y está bien.

Voy a simplificar la argumentación y no con la intención de ridiculizarla sino más bien para dar una perspectiva general a la gente que no está muy familiarizada con el tema.

Artículo 111 (el diezmo para los desarrolladores)

Lo primero, quieren obligar por ley a las empresas a den un 10% de las ganancias (no de los ingresos, dice el IEPI) a los desarrolladores de software. “Irrenunciable” es lo que dice el texto. Entonces habían argumentos en Twitter como:

#AlertaCodigoIngenios

Pero es muy diferente hablar de ganancias e ingresos. En el primer caso, si vendes algo que te costó $90 a $100, ganas $10 y debes darle $1 al desarrollador. La campaña #AlertaCodigoIngenios implica que se trata de ingresos, entonces tendrías que darle $10 y te quedas sin beneficios como empresa. Si vendes al costo ($90), no hay ganancia y no se le da nada a la persona que escribe el software, la campaña implica que le debes pagar $9. ¿Qué generó esa confusión? El texto es técnico. Dice “el autor o autores tendrán el derecho irrenunciable de percibir al menos el diez por ciento de los beneficios económicos derivados de la explotación de la obra”. Pero vayan a Wikipedia y verán que beneficios económicos corresponden a utilidades y no ingresos.

Ahora, yo no estoy de acuerdo con el artículo 111 y la razón es sencilla. A menos que uno aplique esta regla a nivel mundial, los dueños de las empresas van a querer abrir sus compañías en otros lados. Porque en Ecuador le tengo que dar un margen de ganancia fijo a mi desarrollador mientras que en cualquier otro país puedo no hacerlo. Segundo, el software no es como un libro, es más bien como Wikipedia. ¿A quién le vas a pagar? ¿Al que inicio un artículo, al que corrigió la ortografía, al que dividió en secciones o al que lo fusionó con un artículo mejor? ¿A todos? ¿Qué pasa si usaste software de otro proyecto? ¿Y si tienes empleados en varios países? El artículo 111 es sencillamente inaplicable y contraproducente, al menos en lo que se refiere a software. Y creo que eso debería bastar.

Artículos 135 y 136 (Si los impuestos pagan por software, la gente debe poder ver, usar, modificar y copiar ese software)

Los artículos 135 y 136 obligan al Estado a usar software libre. Y sobre eso hay dos argumentaciones principales sobre las que ya he escrito en otros lados. La primera es una razón de seguridad. Solamente el software libre permite al usuario defenderse de quien le vende el software. Consumir software privativo es como ir a un restaurante. Ves el menú, lees lo que hay en cada plato, pagas el precio y si estás satisfecho regresas. Y eso es suficiente para la mayoría de personas. Pasa que la paranoia no es algo con lo que todos se pueden relacionar. Y entonces exigir al mesero que te deje entrar a la cocina puede parecer exagerado. El dueño del restaurante te va a decir que le quieres robar su receta. Que si quieres vayas a comprar a otro lado. La pregunta entonces es ¿está justificada esa paranoia? Eso es algo que cada persona tiene que decidir. Yo creo que sí y escribí mis razones en ¿Quién controla nuestros sistemas informáticos?

Usar software libre es poder entrar a la cocina y decirle al chef que te muestre qué está poniendo y, si no te gusta algo, poder cambiar los ingredientes. O pedir a algún experto que venga para que te diga si algo en la cocina es malo para ti: un doctor, tu alergólogo, el nutricionista. Claro, ya no tienes el secreto de la receta, entonces el restaurante tiene que buscar otras maneras de vender su producto. ¿Se puede tener un modelo de negocio alternativo? Tal vez tendrá mejores escenarios, los meseros serán más guapos —viva el sexismo—, empezarán a vender tarjetas y promociones para asegurar que los clientes regresen. En fin, si para algo es creativa la gente es para sacar plata y es por eso que en el software libre existen muchísimos modelos de negocio. Acá está una tabla con las características principales de cada modelo de negocio.

En 2015, realicé una encuesta a 33 empresas y 2 desarrolladores independientes que comercializaban software libre en Ecuador, y así es como estas empresas hacen dinero:

Captura de pantalla de 2016-07-10 00:13:43

Y eso es lo que le molesta a la gente del sector software que actualmente le vende al Estado. Frente a una migración masiva tienen dos opciones: dejar de vender al Estado, lo cuál a la mayoría no le conviene porque representa una parte importante de sus ingresos, o cambiar de modelo de negocio. Pero esto sí es una simplificación del tema. Hay gente que ha dedicado quince años a desarrollar productos derivados de Microsoft y, para ellos, hacer este cambio puede no ser realista. Entonces, efectivamente, habrían perdedores en el sector si el Estado ecuatoriano decidiera dejar de usar software privativo. Y, por supuesto, habrían ganadores en las empresas que están dispuestas a mostrar la receta. La gente que trabaja en empresas que venden software (sin receta) al Estado dice que sólo quiere “que le dejen trabajar” y entonces la pregunta es ¿vale la pena causar estas molestias? ¿gana el Estado con esto? ¿gana la gente? Y sobre esto yo escribí un segundo artículo: El código ingenios no va a matar a nadie. Ahí se lee, entre otras cosas que el ahorro por reuso de código y otras contribuciones del código abierto a la economía en Europa ascienden a 450 mil millones de euros al año. Eso gana el Estado pero ¿qué gana la gente? Pues saber las recetas, si bien el Estado es quien se beneficia de verlas, muchas de esas recetas son comida que termina en los platos de los ecuatorianos. Y eso quiere decir que uno puede ver qué está utilizando el Estado, ¿qué información obtiene el Dimm del SRI desde nuestros computadores? ¿cómo funciona la App de la cruz roja y del MINTEL en nuestros celulares? ¿Existen pedidos de información desde nuestro explorador cuando ingresamos a la plataforma del IESS? La gente gana control sobre el Estado, un organismo que se ha vuelto cada vez más poderoso.

AESOFT no se equivoca al decir que el Estado es una gran parte del mercado y cuando este se vuelque a comprar software libre, estas empresas proliferarán y ampliarán su mercado. Entonces habrá un efecto spillover cuando estas empresas empiecen a vender productos en el sector privado. Adicionalmente, los desarrolladores de software libre tendrán mejores ingresos, y no de forma coercitiva —como plantea el artículo 111— sino de forma natural. En el ecosistema del software libre, 79,7% de las ganancias por mejorar el software van a los salarios de los desarrolladores.

El “apocalipsis” empezó en el 2007

Desde ese año, existe un decreto presidencial (1014) que obliga a la administración central —que representa a la mayoría del Estado— a usar software libre. Esto ha ocasionado procesos de migración en el sector público desde hace tiempo e incluso ha motivado a instituciones que no tienen obligación de hacerlo a migrar sus sistemas informáticos a software donde se puede ver la receta. La Asamblea Nacional es un ejemplo. En todo este tiempo, el sector del software (tanto libre como privativo) ha crecido a la par que se han migrado sistemas informáticos. La pregunta es entonces ¿existen razones para pensar que la obligación de usar exclusivamente software libre será tan desastrosa como dicen? Acá todo el mundo lucha por su metro cuadrado, así que en los comentarios —si me leen— van a ver lo que opina cada bando, pero en mi opinión esto es poco realista.

La ley propuesta tiene excepciones muy similares a las del decreto 1014 y además permite a las instituciones seguir usando el software por el cuál ya existen contratos firmados antes de la entrada en vigor de la ley. Esto quiere decir que la gente en el negocio (a) ya se ha vuelto experta en encontrar argucias legales y reglamentarias para seguir vendiendo software y (b) de antemano se firmarán contratos que permitirán la continuidad de las ventas por un año o más. Además (c), no existe un reemplazo para todo el software, lo cual quiere decir que el Estado hará uso de sus excepciones para adquirir software propietario, más aún considerando que vive al día y planifica poco —desarrollar software es mucho más complicado que simplemente renovar una licencia y la política tiene un coqueteo brutal con el facilismo.

Entonces ¿qué cambia la ley? Una, habrá más ahorro. La gran mayoría de documentos puede redactarse en LibreWriter en lugar del Word de Microsoft Office, esa suite de ofimática le ha costado millones de dólares anuales a Ecuador que bien podrían invertirse en otra cosa. ¿Se va a migrar en todos los casos? No, las hojas de cálculo de LibreCalc, por ejemplo, no soportan tantos números como las hojas de cálculo de Microsoft Excel. ¿Ya ven? Basta poner una capacidad mínima de bases de datos en hojas de cálculo como requerimiento de software para que el Estado siga invirtiendo en Microsoft. O el software libre mejora o se sigue consumiendo lo de siempre, y esto último sucederá en muchas ocasiones más.

¿Por qué entonces montar una campaña en redes sociales, medios de comunicación y aulas de clase? Pues porque sí habría un cambio en el mercado a largo plazo. Mucha de la plata que actualmente se hace con software proviene de obtener información de los usuarios y si bien algunas empresas podrían cambiarse al software libre, seguirían vendiendo software pero dejarían de percibir los ingresos derivados de la información entregada por los usuarios y además perderían la ventaja del lock-in tecnológico (que en la práctica funciona como ser dueño de un monopolio). Si el software libre triunfa, la gente tendrá más control, y lo contrario es cierto para las empresas y el Estado. Pero claro, esta es una proyección utópica ¿todo va a ser tan bueno como dice la Asociación de Software Libre? Para que eso suceda, tienen que haber una serie de condiciones que actualmente en Ecuador no existen. Uno, la gente tiene que entender todo esto y le debe importar. Snowden sacudió el mundo, pero después del susto inicial la gente ha olvidado esto. Dos, el desarrollo de software libre debe profesionalizarse mucho más. Al respecto, pueden escuchar esta charla de 45 minutos donde Snowden habla con la comunidad de software libre. Tercero, el Estado tiene que adoptar una relación más dinámica con el sector privado y los desarrolladores de software. El software libre funciona casi siempre mediante comunidades, donde la gente empieza a implementar sus propios cambios, es muy probable que emerjan conflictos de interés entre los requerimientos del Estado y los intereses de la gente. En la mayoría de ocasiones, esto se soluciona con nuestro lubricante social favorito, dinero. Eso soluciona el problema de coordinación pero es casi seguro que comprometerá los derechos de los usuarios. Ningún sistema es perfecto.

Otras aclaraciones

Ahora, por alguna razón que no entiendo, esta campaña de #AlertaCodigoIngenios llegó a decir que en Ecuador no se van a poder usar iPhones (El Comercio), que los equipos médicos (que solo tienen software propietario) no podrán ser usados por el Estado, que facebook y google no podrían entrar a Ecuador (esto otro lo dijo 4 pelagatos). Entonces ¿van a poder las entidades privadas e individuos usar el software que ellos elijan? La obligación de usar software libre sería exclusivamente del Estado y algunas instituciones de educación superior. En el caso de las universidades, sin embargo, existen aún más excepciones que permitirían a cada programa utilizar el software que quiera. La gente tendrá toda la libertad de comprar lo que quiera. De hecho el artículo 137 indica “Los usuarios tienen derecho a la libre elección del software en dispositivos que admitan más de un sistema operativo”.

También he visto a gente que empieza el debate sobre software libre y código abierto. Hay mucha gente que piensa que existe una gran diferencia entre estos dos conceptos. No es cierto. Para que lo verifiquen ustedes mismos, comparen en esta tabla las licencias aprobadas por OSI y FSF. Las licencias donde “open source” y “free software” son cosas distintas se cuentan con los dedos de la mano.

Discusión (o “cuando no se tiene una conclusión final”)

Este debate, como pasa con todo en Ecuador últimamente, se ha polarizado tremendamente. Con vergüenza les digo que también he caído en ese juego pero, por salud mental, decidí dejar de meterme en esas discusiones en caliente. Lo que creo que debemos hacer más bien es reflexionar no sobre si algo se debe aprobar o no. Eso, a fin de cuentas, no nos ayuda a entender ningún tema. He marcado en rojo las preguntas que, yo creo, ayudarán a las personas a decidir cuál es su postura y, en base a lo poco que conozco, he ofrecido algo de evidencia al respecto (no olviden revisar los enlaces vinculados en el artículo también). Tengo, como todos, una visión del mundo y dentro de esa visión para mí estas son las preguntas importantes. Otros priorizarán otras cosas y, entonces, no nos vamos a poner de acuerdo. La razón por la que poco se avanza en esta discusión —hacia una solución consensuada— es precisamente esta. Hay gente que ha escrito respuestas a mis textos pero responden preguntas que a mí no me interesan. Y creo que eso pensarán otros cuando me leen. Así que más que mis respuestas, les dejo mis preguntas. Y eso pone en evidencia qué es lo que me interesa. Sugiero que otros también tomen esta misma estrategia.

El bloqueo de Google en Ecuador también afectó a Colombia

En diciembre de 2015 se realizó la trigésima segunda edición del Chaos Communication Congress, el congreso de hackers más entretenido (y mejor difundido) del que tengo conocimiento. Días antes, mi amiga Bethany Horne me comentó que ella participaría en el congreso con una ponencia sobre Ecuador, país en el que ella creció —sus padres fueron misioneros en nuestra costa—, trabajó y finalmente abandonó a finales de 2013 debido al asedio que sufrió tras la publicación de su artículo en Newsweek sobre la matanza de los Taromenane por parte de un grupo Huaorani.

En Alemania, Bethany compartió escenario con Pedro Noel, uno de los voceros de Ecuador Transparente —el sitio web desde donde se hacen denuncias anónimas en Ecuador. Pedro contó sobre algunas cartas que recibió a nombre de la Secretaría de Inteligencia para bajar contenidos del sitio que aloja sus publicaciones filtradas. Ambos pues, habían sufrido cierto nivel de acoso y esto les motivó a contar su historia, y la de otras personas que hemos sido víctimas de tratos similares, en un congreso donde gran parte de los asistentes idolatra al gobierno ecuatoriano por haber acogido en su embajada a Julian Assange. Titularon la charla “Ecuador: cómo un gobierno autoritario está engañando al mundo entero” y de subtítulo le pusieron “¿Adivinen qué? el gobierno de Rafael Correa en realidad está totalmente en contra de la libertad de expresión y tenemos pruebas de ello”.

Fui a hacer canguil en el microondas, busqué el enlace del video y me puse a ver la charla en pleno día de inocentes. No puedo repasar todo lo que ahí se dijo (lo pueden ver acá) pero en el minuto 34:18, Pedro dijo “tenemos evidencia de que [el gobierno] bloqueó Twitter y Google durante algunos días porque un grupo de anonymous publicó documentos de la SENAIN hace dos años”. Minutos después se corrige y dice que se trataba de Google y Youtube. La charla termina, preguntas van y vienen. Hubo poca cobertura mediática pero quizá lo más frustrante fue que esa evidencia de la que hablaron no se hacía pública.

Esto cambió cuando, en abril de 2016, Ecuador Transparente publicó este documento que hoy ha sido ampliamente difundido:

Lea el documento completo en https://ecuadortransparente.org/publicaciones/

 

Aunque me alegré de que este tipo de denuncias hayan salido a la luz, de momento no había yo visto evidencia de que tal bloqueo haya existido. Al tratarse de algo tan breve —33 minutos— era factible que esto haya pasado desapercibido. Es verdad, habían otros documentos de Supertel y EcuCERT donde el Estado confesaba el bloqueo de dominios web “para combatir la piratería”, pero nada sobre este evento específicamente.

¿Existió el bloqueo?

Sí. Y no sólo que afectó a Ecuador sino que incluso afectó a Colombia. Cuando se tienen grandes proveedores de Internet distribuidos en varias regiones geográficas, las afectaciones no son del todo controladas. Es conocido, por ejemplo, que el bloqueo de sitios web en Colombia (legal en casos de pornografía infantil) suele afectar ciertas regiones en Europa. De hecho, cuando un juez en Brasil ordenó bloquear la aplicación de mensajería Whatsapp en su país, la aplicación presentó problemas de acceso en Argentina, Chile, México y Venezuela. Curiosamente, fueron los clientes de Movistar (Telefónica) los que tuvieron este problema. Y esto es precisamente lo que se puede ver el día del bloqueo que menciona el memorando de Ecuador Transparente.

En el foro afiliadostop.net, el usuario Jarod, de Medellín, escribió el día del incidente:

Buenas tardes señores… pues hoy a las 7:30pm hora de Colombia ¡no puedo ingresar a nada que tenga que ver con google! ¡Ni a Youtube, ni a mis blogs de blogger o adsense o adwords! pedí a amigos que entraran ¡y tenían el mismo problema!

(la hora en la imagen tiene horario GMT por lo que tienen que restar cinco horas para obtener el tiempo local en Colombia y Ecuador)

google caído, 28 de marzo

Carlos: “Hola, soy de Argentina y Google anda perfecto por estos lados. Tal vez se debe algún problema del servidor de tu país” (19:52).

EMV: “México todo correcto” (19:53).

Jarod: “Hola Carlos, pues yo creo que si debe de ser acá en Colombia o por lo menos en mi sector… pero se como que se acaba de normalizar… ¡Saludos!” Son exactamente las 19:54:04.

Unas tres horas más tarde, un par de usuarios de Colombia, Piter y Marlon, le dan la razón. El incidente parece haber sido real, aunque existe una diferencia de diez minutos respecto a cuando Jarod se dio cuenta, la conexión se resuelve justo en el momento en que el memorando dice —segundos más, segundos menos— terminó el incidente. La segunda cosa importante, el bloqueo se dio en los servicios relacionados a Google: el motor de búsqueda, su plataforma de videos (Youtube), su hospedador de blogs (blogger) y su servicio de publicidad. Esto también coincide con los supuestos reportes mencionados en el memorando de Telefónica: problemas de acceso a Google y Youtube.

Si uno busca en Twitter problemas de conexión a Google el 28 de marzo de 2014, también saltan a la vista varias quejas por parte de los usuarios en el vecino país del Norte.

Google caído en Colombia - 28 de marzo de 2014

El primer tuit lo publicó @lmenciso a las 19:18 y el último @biancasuarez a las 19:55. Los tiempos, una vez más, coinciden.

La Asociación de Proveedores de Internet no ha negado la veracidad del documento, solo afirma que “su información es errónea“.  Dice no tener “injerencia en la disponibilidad de los contenidos” y sugiere que, de haber existido problemas de acceso, estos pudieron deberse a “problemas técnicos de diferente índole”. No obstante, cuando Ecuador Transparente les solicitó datos sobre el tráfico real del día del evento, manifestaron que estos no estaban disponibles. Telefónica, a quien contacté para aclarar el tema, me supo responder que, en efecto, se habían enterado de la denuncia pero las investigaciones se vieron interrumpidas debido al terremoto que ocurrió dos días después.

Me pareció totalmente comprensible cuando Renán Ordoñez, ‎Jefe de Comunicación Externa de Telefónica Movistar Ecuador me dijo la respuesta debe emitirse por escrito y que la investigación puede tomar “un par de días”. Según mis cálculos, la respuesta iba a estar publicada el dos de junio, cuatro días después Renán me dijo que seguían investigando. Ese fue el último correo que me respondió. Ahora que tenemos pruebas de que el bloqueo sí existió —y tras haber yo verificado la denuncia con la fuente— deberíamos preguntarle a Renán por qué Movistar no responde sobre la denuncia de Ecuador Transparente.

Sociedad civil y gobernanza de Internet en Ecuador: 2013-2015

Esta es la primera de dos entregas que tratan el tema de Limitaciones de la sociedad civil en la gobernanza de Internet en Ecuador

El día 24 de mayo al medio día, se realizó el foro “Regulación de Internet & Derechos Digitales en Ecuador”, organizado por el Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco. La idea, según nos comentaron a los panelistas, era realizar una reflexión académica al respecto, por lo cual la visión de actores de la sociedad civil les resultaba indispensable (si bien asistí como co-fundador de Apertura Radical, me invitaron básicamente por las reflexiones que comparto en este blog y redes sociales). También participaron como panelistas Alfredo Velazco, de Usuarios Digitales y Daniela Viteri, representante ecuatoriana en el Observatorio de la Juventud de Gobernanza en Internet. Pese a que la USFQ realizará una publicación que detalla nuestras ponencias, voy a escribir acá —en un lenguaje menos cargado— lo que fue mi presentación.

El punto fue discutir los límites que hemos encontrado las personas —no empresas o el Estado— al trabajar por la defensa de derechos humanos en Internet en Ecuador. Para ello dividí a mi presentación en cuatro secciones: qué características tienen los grupos de sociedad civil acá, cómo operan, qué alcanzan a hacer con las circunstancias en las que se desenvuelven, y qué les resulta demasiado difícil.

¿Cuál sociedad civil?

Para realizar un análisis de las circunstancias en las que opera la sociedad civil, decidí escoger un periodo de tiempo de dos años (que va de agosto de 2013 a julio de 2015) y estudiar tres escenarios en los que la sociedad civil se había involucrado decididamente en el ejercicio de gobernanza de Internet. Estos se describen a continuación:

  1. Eliminación del artículo 474 del Código Orgánico Integral Penal (Nov. 2013): La aprobación de un nuevo código penal a fines de 2013, motivó la formación del colectivo #InternetLibre, el cual logró exitosamente eliminar el artículo 474 que, entre otras cosas, que los usuarios accedamos a ser filmados mientras usamos Internet. Adicionalmente, la idea era que los intermediarios, como el dueño de un cibercafé o algún amigo que te de la clave del WiFi de su casa, tengan un registro de todas las páginas web que visitemos por un período mínimo de seis meses. #InternetLibre, formado por una serie de organizaciones privadas, públicas y del tercer sector —entes privados sin fines de lucro—detuvo esto.
  2. Organización del Primer Encuentra Nacional de Gobernanza de Internet (Nov. 2014): Realizado en CIESPAL, el encuentro buscó marcar la agenda de la gobernanza de internet en el país basándose “en el principio de interés público y en un enfoque de derechos humanos a través de un proceso participativo, abierto e inclusivo”. Se realizó un análisis preliminar de la situación de Internet en Ecuador y acogió a expertos nacionales e internacionales para discutirlo.
  3. Pronunciamiento en Defensa de la Privacidad en Ecuador (Jul. 2015): Se dio como respuesta a la filtración de documentos privados de Hacking Team. Esta empresa— cuyo malware infecta computadoras, laptops y celulares con el fin de acceder a toda la información (almacenada y en tiempo real)— mantenía vínculos con la Secretaría de Inteligencia de Ecuador. Y poco después, se conoció que algunos de los targets del software usado por esta empresa, eran políticos y activistas. En Ecuador, esto es ilegal e inconstitucional, lo cual motivó un fuerte pronunciamiento por parte de la sociedad civil. Ninguna de las ocho peticiones realizadas por las organizaciones fue acogida.

Realicé una lista con las organizaciones que participaron en a menos dos de estos escenarios y excluí a las organizaciones que pertenecían al sector empresarial o al Estado. La lista que obtuve fue la siguiente:

Organizaciones de sociedad civil involucradas en la defensa de derechos humanos en internet entre agosto de 2013 y julio de 2015

Organizaciones de sociedad civil involucradas en actividades de defensa de DDHH en Internet entre agosto de 2013 y julio de 2015

 

Las instituciones a la izquierda (aquí en azul) son aquellas que cuentan con una personalidad jurídica, y las de la derecha aquellas que carecen de la misma. Creative Commons Ecuador y el colectivo Central Dogma, se dedican principalmente acceso al conocimiento y la promoción de la cultura libre. Radialistas trabaja en la “democratización de las comunicaciones, especialmente de la radio, desde las perspectivas de género y ciudadanía”. Infodesarrollo trabaja principalmente en la reducción de las brechas digitales y ASLE se dedica a la promoción y adopción del software libre en Ecuador. Apertura Radical trabaja también en esto último, en la promoción de hardware abierto y en la defensa de derechos humanos en la red. Finalmente, Usuarios Digitales trabaja por el “libre ejercicio de nuestros derechos en plataformas digitales”. Estas dos últimas (en verde), son aquellas organizaciones que se dedican principalmente a la defensa de derechos humanos en Internet, ambos carecían de una figura jurídica durante el periodo de estudio siendo principalmente una presencia en la red.1

En la región, casi todos los países cuentan con al menos una organización de sociedad civil —constituida jurídicamente— que se dedica a la defensa de derechos humanos en la red. Existen organizaciones internacionales que brindan apoyo financiero y técnico a estas organizaciones, lo que les ha ayudado a florecer en toda Sudamérica. Venezuela, Bolivia, Ecuador y Uruguay son la excepción. Este último es el único reconocido por la unidad de inteligencia de The Economist como una democracia completa (“full democracy“) y quizá eso explique porque la ausencia de una organización fuerte de sociedad civil que trabaje temas de Internet. Los otros tres países—Venezuela, Ecuador y Bolivia— tienen gobiernos con una ideología política muy parecida dominada por un fuerte poder ejecutivo, lo que sugiere una especie de correlación que merece ser estudiada.

Organizaciones de sociedad civil que trabajan en DDHH en Internet en América Latina

Organizaciones de sociedad civil que trabajan en DDHH en Internet en América Latina

 

¿Cómo se explica la ausencia de organizaciones de sociedad civil en la defensa de derechos humanos en Internet en el país? Pues de manera similar a la que se explica en otros sectores: Trámites dificultosos que pueden tomar años, falta de seguridad jurídica —causada por los decretos presidenciales 16 y 739—, la obligación de las ONG a trabajar en una política de gobierno (toda organización debe adherirse a una de los principios del plan nacional del buen vivir) y de adscribirse a algún ministerio —usualmente aquel al que deben vigilar y observar. Finalmente, la polarización de la política genera dificultades para organizaciones que deben trabajar pensando más allá de las ideologías. El momento en que las organización toman una posición respecto a un tema específico, tienden a ser clasificadas por los actores políticos y la opinión pública dentro de un “bando”, el oficialismo o la oposición. Esto genera una estigmatización de las organizaciones que amenaza su capacidad de generar un diálogo adecuado en temas que usualmente ya son difíciles de explicar. Finalmente, este tipo de organizaciones de sociedad civil, al no involucrarse con la provisión de servicios, dependen casi siempre de donaciones por parte de actores privados internacionales, y eso en el país ha sido usado como una herramienta de deslegitimación por parte del poder ejecutivo.

¿Qué mecanismos usa la sociedad civil?

Creemos que podemos cambiar las cosas explicando detalladamente cómo funcionan a la gente, ofreciendo propuestas y amplificando nuestras voces. Para ello, requerimos en un primer instante consultar con expertos en ley, política pública y tecnología. Estos diálogos se llevan de una manera bastante informal dada las circunstancias en las que operamos. A partir de esto, creamos propuestas específicas (“fiscalice”, “derogue”, “establezca”, “exija”, “cree”, etc.) usualmente dirigidas al Estado en su papel de garante de derechos, aunque ocasionalmente se pueden también dirigir a la empresa privada. Cuando se tiene una línea clara de acción se producen manifiestos, pronunciamientos, peticiones en línea, boletines de prensa. Finalmente, si esto se ha hecho bien, mediante manifestaciones y lobbying, se logra hablar con quienes toman las decisiones. Muchas veces, el éxito o fracaso de las propuestas de sociedad civil, depende de la presión que puedan ejercer estos dos úlitmos elementos que funcionan a manera de policía bueno y policía malo: el cabilldeo y las manifestaciones, respectivamente.

¿Qué NO puede hacer la sociedad civil?

Debido a las limitaciones arriba mencionadas, muchos de los voluntarios (pues ese es el Estado de prácticamente todos aquellos que trabajan en la defensa de DDHH en internet en Ecuador) no pueden realizar una serie de acciones que es deseable y común en otros países de la región:

  • Trabajar a tiempo completo en la defensa de DDHH en Internet.
  • Trabajar estableciendo una agenda propia y no sólo respondiendo a problemas de coyuntura.
  • Realizar estudios a nivel nacional (similares a los que se realizan en otros países) sobre cuestiones específicas como el estado de la privacidad en el país, o el marco regulatorio sobre el anonimato.
  • Recibir financiamiento. Aunque se hace, se lo realiza en asociación con otras organizaciones que sí pueden manejar legalmente los fondos.
  • Tomar acciones legales, que a veces son el único recurso frente a un potencial abuso de poder de parte de actores privados o estatales.

Notas al pie de página

1Tras dos años de iniciar el proceso, a Usuarios Digitales finalmente se le otorgó su personalidad jurídica en agosto de 2015.

Viaje Quito-Tena-Shandia

Hoy salimos temprano de Quito para visitar a mi abuelo. Paramos para desayunar en medio de la carretera donde nos recibieron tres perros sin raza. Una de ellos, la matriarca, era muy cariñosa. Puede que ese sea su estilo de conseguir comida, pero de ser el caso la tenía más que merecida. Entramos al paradero, uno de los tantos escondites donde la familia de alguien ofrece la comida más rica y barata que el dinero puede comprar. En la sierra, por el frío, uno procura sentarse lejos de la puerta pero cerca del sol; lo cual convierte a alguna de las esquinas en el lugar más apropiado para comer. 

Pedimos seco de pollo, caldo de gallina, un jugo y un café. A mi padre no le gusta comer mucho cuando maneja pero yo, que solo tengo pocos días para disfrutar de Ecuador, busco el mejor plato en todo lugar. Conversamos bastante, seguramente fue mi mami la que nos alegró la mañana. Ella habla más que mi hermana, mi padre, yo, o todos juntos. Conversamos de su primo, y de cuando colgó uvas compradas en el mercado en sus viñedos para sorprender a las visitas. Todo le salió bien hasta que mi prima terminó con uno de los hilos en su mano y la gente estalló en risas. Por una especie de efecto dominó, aún hoy nos reímos de eso. Nos peleamos por las servilletas y finalmente mi papá pide la cuenta. Me levanté para curiosear entre las golosinas y terminé comprando un tubo de chicles; luego todos nos acercamos al mesón. Vemos una piedra para moler ají. Les cuento lo rico que es el ají de la Fabi, quien me contó la infidencia de las uvas. Todos la elogiamos y entre tanta buena opinión no me dejaron decir “y ha sido de Pujilí ¿no?”.


Nos subimos al peugeot crema de ocho asientos en tres filas y volvemos a la misma carretera que recorrimos hace diecisiete años, y cuando Abdalá ganó las elecciones presidenciales, y cuando llevamos a mi abuelo a esa ciudad. La misma carretera que pisamos cada que podemos. Mi mami pone un disco en la radio que me recuerda que Paramore existe. Después de detenernos momentaneamente en la gasolinera para aflojar la presión en las vejigas, nos dirigimos a Baeza y, uno por uno, empezamos a retirarnos las cobijas serranas. Mi mamá y mi hermana se deshacen de su saco, mi padre no para de secarse la frente con una mini toalla blanca y yo abro el cierre que sostiene a las bastas de mis pantalones. Ya cómodo me quedo dormido. 

Despierto en un bache en plena troncal amazónica. Algun falla tenía que haber en todo ese concreto. Pocos kilómetros después, en la vía Tena-Puyo, mi papá toma un desvío que nos acomoda en el centro de la capital de Napo. Tres canciones después estábamos descargando las compras para la tía y ubicándonos en la sala. Siempre en el sillón que mejor acomode al cansancio. El abuelo ya no camina solo, su memoria no ve más allá de la generación que le sigue (o sea que se acuerda de papá). Mi hermana, mi primo y yo nos sabemos desconocidos en ese sitio. Él sabe que está viejo, pregunta quiénes somos y le toca creernos. Finge interés, esconde preocupación. Mi tía, quien le atiende cada día, nos mira con pena y desespero. En unos años…

Afuera de la casa están royendo los guatusos. Se paran en dos patas para masticar las papas que acabamos de lanzar. Logramos avistar una de las dos crías. Galo, el esposo de mi tía, nos cuenta que ya tienen una semana. La comida proviene de su terreno, un predio de cinco mil metros cuadrados ubicados cerca de Shandia. 


Tras pasar por un centro de salud y una escuela bilingüe (“y pronto va a ser una escuela del milenio” agrega mi tía), llegamos a la propiedad. Atravesamos un puente improvisado con troncos —que nos protegen de lo que a futuro será una linda fosa— y nos vemos rodeados de flora verde. Miramelinda, hierba luisa, árbol luisa, piña, yuca… me acuerdo de mi amigo manaba (“es que la tierra te da, loco”). A unos tres metros del piso está una mano de oritos. Tras unos cuantos machetazos, los oritos empiezan a caer en un ángulo algo predecible. Agarrar el tallo en la caída es, precisamente, el arte de cosechar oritos. La sabia de la planta se riega a raudales, pregunto si el tronco se come. Me hacen una mueca —es feo— “eso sólo se toma cuando te muerde una serpiente para contrarrestar el veneno, hasta llegar al hospital”.

Guardamos la cosecha en el baúl y seguimos a la playa del río. De camino al Jatinyaku, uno cruza el puente “que hizo el presidente después de una marejada”. El paso de la estructura colgante está cubierto por un techo de (creo) palma y en el piso se leen una serie de letras mayúsculas que escaparon a la horizontalidad del castellano: SHANDIA PULMON LIMPIO. El ocaso está cerca y las gallinas se empiezan a acomodar en los árboles, llegamos a la playa que es arena pura y tomamos fotos, ahí nos damos cuenta que el celular no tiene señal. Ya hicimos todo lo planificado pero no quiero irme. Vuelco al atardecer, respiro un aire que jamás volverá a mi Quito. Me pierdo en lo que miro y se me escapa un “no me quiero ir”. Para esto, no tengo palabras.