Lo más duro es regresar

El ex-becario se aleja del privilegio. Su cuenta de instagram pierdo como treinta puntos en la bolsa sólo por aterrizar en el Mariscal Sucre. La comida ya no es interesante, la gente ya no es exótica, los parajes son los mismos que visitan todos los demás. Y eso es genial durante los primeros días porque abrazas a tu familia y comes fruta cerca de la cosecha. Pero al poco tiempo el dolor de no ser especial te mata y te entierra ese día en que piensas en volver.

En 2015, viajé a Vancouver gracias a una beca de excelencia. Ingresé a la Universidad de Columbia Británica, calificada entre las 50 mejores a nivel mundial. Viví en una residencia habitada por gente que pisó Cornell, Stanford, Harvard, Oxford y demás. A menudo, mis amigos se ausentaban para ir a congresos o para estancias cortas en otros centros de investigación. Y les cuento esto no por presunción sino para que entiendan el tipo de expectativas que uno puede generar en un lugar como ese. Literalmente uno se da cuenta que obtener dinero de gente rica (para investigar) y emplearte en empresas y organizaciones cuya marca es reconocida en más de un país, es cuestión de perfeccionar el arte de llenar formularios con ideas y credenciales adecuadas. Lo que siempre estuvo al alcance de pocos… ahora eres de los pocos.

Al llegar, en cambio, tienes que llenar un formulario de dos páginas donde le explicas al Estado porque no tiene que cobrarte. Un pequeño porcentaje de becarios incluso pasa por el suplicio de no poder trabajar. Además, está la preocupación del cierre de contrato, el epígrafe en dólares que es esa tragedia de deberle al país.

Mi programa estaba consciente de que dar empleo a sus estudiantes era un gran indicador de éxito. No hay mejor propaganda que contarle a los inquietos sobre el éxito de un graduado. En los últimos meses del programa, cada uno de los estudiantes agendó una cita con una asesora de carrera, que en dos horas te aconsejaba sobre el camino más corto entre querer y ser. Fui el único que no asistió a esa cita, no asistí a las reuniones de networking con empresas extranjeras ni con el servicio de relaciones exteriores de Canadá: La guerra avisada sí mata al soldado.

¿Por qué hablar ahora de estas cosas? Principalmente porque me ha parecido muy apropiado el texto de Raúl Aldaz en GK: «El Ecuador no sabe qué hacer con su ejército de PhDs«. Y espero que se debatan abiertamente un par de sus opciones:

En Colombia, los becarios pueden convertir su beca en un crédito educativo. Dependiendo de algunas condiciones, la sociedad  puede obtener un mayor beneficio recuperando el dinero invertido (con intereses) que condenando a un PhD en robótica al subempleo. El retorno social es más alto en el primer caso.

Estudiar en las mejores universidades del mundo te prepara para competir en las mejores plazas de trabajo. Eso casi siempre implica vivir fuera del país e incumplir con las condiciones del contrato que firmas al salir, pero sería genial poder hacerlo y quedarte. Quedarte lejos en países que te preparan para ello. En Canadá, si te gradúas como magíster en una carrera técnica eres inmediatamente elegible para ser residente permanente. Si te gradúas en artes, puedes quedarte un año hasta encontrar trabajo y entonces iniciar el proceso. La devolución del crédito funcionaría de la misma manera que las remesas de los inmigrantes de las generaciones previas. Sólo que has dado a un ecuatoriano el acceso a un sueño que antes era irrealizable.

¿Cuál es el aporte al país? Es una pregunta justa y por eso es que hay que cuestionarnos sobre la opción alterna: Si la beca no hace ninguna diferencia en la plaza de trabajo que encuentra el becario a su regreso, ¿cuál es el aporte al país?

Y esto es aplica sobretodo en el caso de los doctorantes. Estudiar un doctorado no es sólo tener un grado más. Los doctorados de verdad convierten a un profesional en investigador, en especialista en el tema porque por primera vez ha logrado expandir la frontera del conocimiento humano en un área específica. Estas personas usualmente necesitan integrarse a un laboratorio —con gente experimentada, con acceso a recursos financieros y conectada con otros científicos en su campo— para convertirse en experto y poder trabajar en su propia cosa.

Hacer regresar al PhD es quitar al bebé de su seno y esperar que se convierta en un adulto saludable alimentándolo con coladas.

En Chile, los becarios tienen un plazo de ocho años para retornar a su país: de pronto es mejor contar con un investigador con experiencia, con capacidad de aplicar a fondos de investigación internacionales, con publicaciones (relevantes) a su haber, y con una red de contactos global tras ocho años, que tener un PhD recién graduado que apenas podrá dar continuidad a su tesis doctoral, que difícilmente emprenderá proyectos de investigación de mediano plazo y que dedicará sus años de investigador de mayor productividad al trabajo administrativo y a la docencia.

Llegó la hora de evaluar la política de becas, como han dicho notablemente las nuevas autoridades del SENESCYT, pero también es hora de pensar en la utilidad de esas cadenas que mantienen atrapado a tanto ex-becario que todavía está  a tiempo de ser aceptado en un buen puesto en el extranjero o en un posdoctorado.

Código INGENIOS: El control de la SENESCYT sobre Internet

Esta es una réplica a la entrevista de Solines en Radio Visión

Juan Carlos Solines fue uno de los cuarenta (40) expertos en el mundo que integraron el Grupo de Trabajo sobre Gobernanza de Internet que fuera conformado por la ONU. En 2009 fue nuevamente designado por las Naciones Unidas como miembro del Consejo Asesor del Foro de Gobernanza de Internet y actualmente ostenta, según su biografía de Facebook, la presidencia del Comité de Tecnología de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana.

Esto, junto a su experiencia como expresidente del Consejo Nacional de Telecomunicaciones, lo acreditaron como experto para criticar una propuesta de ley que se está trabajando en la SENESCYT —el código ‘Ingenios’ o ‘COESC’ por sus siglas. La entrevista puede ser escuchada en este enlace. La propuesta de ley toca los temas de propiedad intelectual y parcialmente su tratamiento en Internet.

El otro ‘experto’ a tratar el tema, en este caso y a falta de mejor recurso, seré yo. A diferencia de Solines, mis credenciales poco o nada pueden decir sobre nuestros intereses comunes —el tema de propiedad intelectual en la era digital y la sociedad de la información— empero yo  he sido uno de los culpables de esta propuesta de ley, sobretodo en la parte relativa al entorno digital. Cómplice, mas no responsable, ya lo explicaré más adelante. Declaro, además, conflicto de intereses puesto que trabajo en la SENESCYT, aunque no lo hago en un puesto jerárquico y esto no ha influenciado nunca mi postura política (y quien lea mi blog o me siga en redes sociales sabe bien eso). Esta no será la excepción, aclaro pues que (1) no hablo a nombre de la institución que me emplea y (2) todo lo que diga aquí puede ser usado en mi contra.

El conocimiento como bien público

Solines abre la entrevista declarando que este proyecto de ley se enmarca en el “proyecto de control de todos los espacios de la sociedad”, al considerar al conocimiento como un bien público, “lo mismo que hizo en comunicación”. El abogado cita el caso de diario La Hora —sancionado por no cubrir la rendición de cuentas del alcalde de Loja— y declara: «ya sabemos lo que este gobierno persigue». Argumenta que bajo la bandera de «democratizar el conocimiento» se esconde otro gran mecanismo de control, esta vez para cerrar el círculo e incluir el control sobre Internet. No voy a defender al gobierno sobre su intervención en los medios de comunicación, porque creo que está mal hacerlo.

Un «bien público» tiene dos acepciones, una administrativa y otra económica —en la que el conocimiento es el ejemplo de libro. Es totalmente comprensible que se tema que una ley que declara al conocimiento como «bien de interés público» pueda ser usada para ejercer control. Pese a ello, es importante aclarar que en el mismo artículo donde se realiza esta declaración, se manifiesta que el acceso al conocimiento «será libre y no tendrá más restricciones que las establecidas en la Constitución, los tratados e instrumentos internacionales y la Ley». Adicionalmente, en el desarrollo del articulado, como admite el mismo Solines, se reconoce el respeto a tratados internacionales y a las normas mínimas de propiedad intelectual establecidas por la Organización Mundial de Comercio, esto debería ser suficiente para bajar las alarmas de cualquier persona cuyo negocio involucre la gestión del conocimiento, además garantiza la libertad de investigación, lo cual debería tranquilizar a quienes se dedican a la ciencia. Esta específicamente no es mi área y creo que merece un análisis más profundo de un verdadero experto en el tema de propiedad intelectual, sobre internet hablaré más adelante.

Meterle mano a la innovación

Solines continua haciendo uso de otros casos de control para argumentar contra el proyecto de ley: «Ya sabemos lo que este gobierno persigue, por lo que ha hecho (…) ahora le quieren meter la mano a la innovación». Aquí es donde, a mi parecer, convendría hacer más un acercamiento a las políticas de innovación que ha ejercido el órgano rector, la SENESCYT, a comparación de lo que ha ocurrido en otros sectores. La Secretaría ha iniciado apoyo a la innovación de varias maneras, su programa banco de ideas, regala capital no reembolsable a proyectos innovadores y, mediante la acreditación de incubadoras públicas y privadas, garantiza la asesoría en temas de propiedad intelectual. Existen más de dos mil proyectos en la página web del banco de ideas y, desde un inicio, se aconsejó a los usuarios no compartir información que pudiera ser objeto de propiedad intelectual a fin de asegurar su independencia. Seamos claros, de haber querido hacerlo, SENESCYT ya se hubiera podido apropiar de muchos proyectos innovadores, no lo ha hecho.

Tampoco es cierto que la Secretaría ha derrochado en universidades experimentales y no ha brindado apoyo a los centros de investigación ya establecidos en las universidades existentes, las convocatorias de investigación que realiza la SENESCYT permiten que cualquier institución pública o privada aplique para recibir esos fondos de investigación. Adicionalmente al financiamiento, los programas de movilidad académica han permitido que los profesionales existentes en dichas instituciones vayan a estudiar al extranjero —mejorando el nivel de la investigación local— y ha creado nexos con investigadores internacionales que han venido a trabajar directamente en instituciones de educación superior mediante el programa Prometeo.

Finalmente Solines menciona que el proyecto de ley incluye la creación de una nueva secretaría que actuaría como mecanismo de control, pero creo que eso es una confusión de su parte.

El control sobre internet

‘Ingenios’, como se rebautizó al código, incluye unos pocos párrafos acerca de Internet.

El acceso universal, libre y seguro al conocimiento en entornos digitales se constituye como un derecho de los y las ciudadanas.

El Estado generará las condiciones necesarias para garantizar progresivamente la universalización del acceso a las tecnologías de la información y comunicación, priorizando el uso de tecnologías libres, bajo los principios de: soberanía tecnológica, seguridad, neutralidad de la red, acceso libre y sin restricciones a la información y precautelando la privacidad. Estas condiciones serán respetadas sin perjuicio del proveedor del servicio. Los organismos de control competentes vigilarán que se cumplan con estas condiciones.

La conexión a Internet se constituye en un servicio básico, en consecuencia, responderá a los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad internacional.

Estos párrafos son los vestigios de una propuesta para la Gobernanza de Internet escrita posterior a una consulta a varios grupos de sociedad civil, que es donde yo jugué el rol de mediador y compilador. Entre las asociaciones consultadas estuvieron la Asociación para el progreso de las comunicaciones (APC), la Asociación de Software Libre de Ecuador, la Asociación de  Usuarios Digitales, la Red Infodesarrollo, expertos internacionales de la talla de Jeremie Zimmermann y Jacob Appelbaum, entre otros.

La aseveración de Solines de que se quiere «cerrar el círculo para controlar [también] a Internet» mediante ‘Ingenios’ no tiene fundamento. Especialmente si se considera su concepción y elementos que, como todo el proyecto de ley, están a la vista del público, en una wiki, receptando comentarios de todo el mundo, desde hace un año. Cierto es que puede parecer que algunas de sus atributos positivos, como señala Solines, no estén desarrollados como se debería y que parecen estar «de boca para afuera». La neutralidad de la red —para citar su propio ejemplo— carece de una definición, y es una crítica que comparto parcialmente. A mi entender, la ley contará con un glosario y será donde se desarrollen algunos de estos conceptos.

«Vivimos en la sociedad del remix»

Dijo Solines, y posterior a ello prácticamente realizó una defensa del proyecto de Ley, enfatizando elementos importantes en el proceso de generación de conocimiento:

Nuestra creatividad humana -que no depende de gobiernos o tendencia política- en el siglo XXI se ve potenciada por la gran cantidad de información a la que tenemos acceso. Esta es la cultura del remix, todas las creaciones artísticas son producto de una mezcla de tendencias que tenemos a mano hoy en día. Hoy entramos a Internet y tenemos todo lo que se nos pueda ocurrir, y eso nos da acceso a la mezcla.

Las limitaciones y excepciones al derecho de autor, también contemplados en los tratados internacionales, son absolutamente necesarios para el florecimiento de la ciencia y la cultura. Y esto es precisamente la característica fundamental de ‘Ingenios’. Que ¡por fin! vamos a tener un régimen de limitaciones y excepciones al derecho de autor, vamos a poder acceder libremente a textos en las bibliotecas, vamos a fomentar la transformación de formatos para que los discapacitados accedan a la cultura, y aún más importante, vamos a incorporar el derecho a la sátira. El derecho de autor no podrá ser usado como una herramienta de censura en Ecuador.

Cierto es que la ley no es perfecta, algunos de los reclamos hacen alusión a cambios realizados en la ley posterior al acuerdo de libre comercio que Ecuador logró con la Unión Europea. Pero esto resulta paradójico considerando la posición ideológica que sostiene Solines al respecto. Yo también quisiera que sea un juez, y no una unidad administrativa, la que decida en ciertos casos, pero esas son las reglas del libre comercio que el abogado, en otros ámbitos, defiende.

Léase también: