Hace pocos días me llegó una invitación para participar en la visita al país de Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). «La reunión contará con cinco espacios en los que se abordarán distintas temáticas», decía el mensaje, entre las cuales escogí libertad de expresión e internet en Ecuador.

A algunos les puede sorprender esta invitación, pues soy médico. Sin embargo, he dedicado mucho de mi tiempo al tema de internet en Ecuador: estuve entre quienes revirtieron la legalización de la vigilancia masiva en Ecuador en la asamblea nacional en 2013; un año después, escribí un reporte sobre gobernanza de internet en Ecuador y lo presenté en el primer encuentro sobre el tema en Ciespal; he escrito innumerables artículos de prensa sobre neutralidad de la red, vigilancia, censura en línea, entre otros temas; y, debido a esto, en 2016 Freedom House me seleccionó para ser el autor del reporte sobre libertad de la red en Ecuador (el manuscrito del año 2018 actualmente se encuentra en revisión).

No obstante, el correo de la Relatoría fue sorpresivo. No estoy afiliado a ninguna organización ─el reporte lo escribo bajo contrato─ y era la primera vez que recibía una invitación de este calibre. Pocos días después recibí el mensaje de una amiga preguntándome si iba a asistir al evento. Ella sí trabaja en una organización internacional de defensa de derechos humanos en línea y, obviamente, estaba invitada. Le confirmé mi asistencia efusivamente y luego me confesó que ella me había recomendado. 

Las presentaciones ante el Relator son relativamente corta (3-5 minutos), así que los reportes escritos que las acompañan son muy importantes. Tenía planificado redactar el mío el día previo: tomaría partes esenciales de mi manuscrito y resaltaría puntos clave. No estaba del todo contento con eso pero dado el poco tiempo que nos dieron para prepararnos, era un plan bastante decente.

A media mañana, recibí un mensaje: «vamos a intentar hacer algo muy con preocupaciones centrales, ¿quieres sumarte?». Era mi amiga ─la dura─ que junto a personas de otra organización latinoamericana, preparaba un documento más sólido para mostrar una especie de acuerdo nacional sobre lo más relevante en cuanto a libertad de expresión en internet en el país. Le di el sí e inmediatamente empezamos a trabajar en un documento en línea. Trabajamos cerca de cuatro horas delineando cinco puntos clave sobre los que se debía trabajar.

Mi trabajo consistió en editar el borrador y añadir referencias donde fuera relevante. Los dos primeros párrafos trataban sobre temas protocolarios y declaratorios, así que mi trabajo realmente empezó aquí:

En Ecuador, la disputa por la libertad de expresión en línea se ha manifestado en ataques a los medios de comunicación, a sitios web y a personas en redes sociales: a través de casos de censura política, de silenciamiento de voces críticas y de denuncia a la corrupción; de acoso a activistas y defensores de derechos humanos; de persecución a periodistas y de manipulación de contenidos que han sido ampliamente documentados por distintas organizaciones.

Texto extraído del borrador original del documento

La primera referencia que apareció en mi mente tras leer este párrafo fue mi propio reporte. No sólo por ser el más actualizado (2017) sino porque tomaba en cuenta todos y cada uno de los ejemplos anotados por las autoras. Lo añadí al pie. Otro dato interesante, otra nota al pie. Confiaba en mi amiga para la redacción de las ideas principales puesto que previamente la había transmitido mis ideas principales por mensaje de texto. Me limité a editar y anotar. Tenía poco tiempo antes de una reunión así que fui al final y dejé mi «firma»:

Andrés Delgado-Ron, autor de los informes sobre libertad de la red en Ecuador por Freedom House (2016-2018).

***

Revisaba las últimas ediciones cuando me percaté de una llamada perdida y varios mensajes de Whatsapp en el chat en el cuál había trabajado toda la tarde: «Hola Andrés, ¿podemos hablar un momentito apenas tengas chance? Quisiera comentarte algo y discutir un punto delicado contigo».

La llamada duró cuatro minutos. En síntesis, las organizaciones que redactaban el documento mantenían una posición antagónica respecto a ONG financiadas por Estados Unidos.  

Mi amiga había notado la primera referencia que añadí en el documento, al pie de la página, y me dijo que muy a pesar suyo, existe una política de no vincularse con Freedom House. No era la primera vez que me sucedía, así que instintivamente repetí algo que había explicado en ocasiones pasadas, que «cada palabra escrita en ese informe fue redactada por mí». 

No importó: «Pero viene con ese membrete… tal y cómo está redactado el documento en este momento, [equis organización] no puede firmar. Nosotros tampoco podríamos». 

Le dije que entendía. En parte fue verdad, parece legítimo evitar asociarse con ciertos actores en función de su financiamiento; puesto que las organizaciones pueden generar un sesgo. Pero siendo el autor del documento, me fue imposible aceptar el argumento en su totalidad. 

Caminé cerca de quince cuadras antes de obtener un poco de paz mental. Pero esto era ridículo: Me censuraron en un documento que habla en su párrafo introductorio sobre la importancia de la libertad de expresión. Me censuraron en un documento que habla de los peligros de la polarización política y, aún más importante, son las propias organizaciones que defienden la libertad de expresión las que mantienen una política que data de la guerra fría.

En la cuadra décimo sexta, me di cuenta que tendría que redactar mi propio documento (después de la reunión que empezaba en pocos minutos y antes de dormir lo suficiente para no ser una caricatura al insomnio al momento de hablar). Aún caminando, me di cuenta que no habría tiempo. Podría, tal vez, preparar algo para la presentación oral. Repasé los puntos principales y aunque la estructura general era buena, cinco minutos no iban a bastar. La noche tampoco fue suficiente. Fui otra silla vacía frente al Relator de la Libertad de Expresión.