Este texto es un resumen de mi ponencia en el CAFÉ DIGITAL III: REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN Y SU REGLAMENTO, organizado por la USFQ. Lo publico debido a que se van a cumplir dos años del evento y aún no se sabe nada de la publicación de sus memorias.

¿Por qué es importante que la sociedad comprenda y trabaje en gobernanza de internet?

La sociedad se beneficiaría de entender e involucrarse en la gobernanza de internet porque hemos pasado de una época donde internet era un recurso de apoyo a otra donde la red es un recurso indispensable para un sinnúmero de actividades.

Una vez que entendamos en qué grado dependemos de internet, es más fácil entender por qué debemos involucrarnos en su gobernanza. En Ecuador, por ejemplo:

• Los bachilleres necesitan ahora registrarse en un sistema en línea para poder acceder a la universidad pública. Sin internet, no les es posible acceder siquiera a la universidad. Eso sin considerar todas las actividades que se llevan a cabo con base en recursos educativos abiertos que, en su mayoría, se encuentran en línea;
• Los usuarios debemos tener una cuenta de correo para comprar. De otra manera, no se pueden recibir las facturas electrónicas. Desconocer estos sistemas de facturación en línea puede acarrear problemas con nuestra declaración de impuestos (las que usualmente se asocian a multas); finalmente
• Nuestras interacciones sociales y comerciales están llegando a un punto donde también es necesario estar conectados. Si no se han quedado fuera de una fiesta porque no leyó el grupo de WhatsApp, pronto les va a suceder.

Dependemos tanto de internet que ahora para descansar del estrés del trabajo y los amigos, apagamos los celulares, nos desconectamos. Esto no era así hace diez años, cuando el uso de internet era una escapada de la realidad.

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Lo segundo que debemos entender es que, para usar internet, debemos someternos tanto a la forma en que opera esta tecnología como a los términos y condiciones de la prestación de servicios.

Las computadoras, por ejemplo, nos permiten descargar y ejecutar cualquier programa que nosotros queremos.[1] Los celulares, en cambio, sólo permiten descargar aplicaciones prefabricadas desde repositorios previamente autorizados por los distribuidores del sistema operativo.

Y esas mismas aplicaciones nos exigen ciertos comportamientos para poder usarlas. Uno no puede compartir ciertos stickers en Instagram sin antes activar la geolocalización, lo propio sucede con los filtros de Snapchat. Y para los que no somos tan millenials, está el ejemplo de WhatsApp; la cuál usamos bajo la condición de compartir los metadatos de nuestras conversaciones con Facebook.

Fuera de un asunto de consumo de información, existen dinámicas más graves donde la tecnología puede incluso atentar contra derechos humanos. En su libro “Algoritmos de opresión”, Safiya Umoja demuestra como Google reforzaba estereotipos racistas en los resultados de búsqueda mostrando mujeres negras cuando uno buscaba el término gorilas y poniendo primero páginas pornográficas al buscar el término “mujeres negras”.

Los algoritmos pueden ser racistas, homófobos, antipobres y debemos tenerlos muy en cuenta porque muchos de ellos, en la práctica, han reemplazado de facto a las leyes que deberían gobernarnos.

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Internet tiene más capas por debajo de la provisión de contenidos. Sin embargo, la dinámica es bastante similar en cuanto a su efecto en la sociedad.  La oferta de servicios de internet sin costo, por ejemplo, determina que usemos más WhatsApp (porque viene gratis con X o Y plan) independientemente de otros factores que puedan determinar la preferencia de los consumidores.

En definitiva, nos interesa gobernar el internet porque este también nos gobierna.

Tomando en cuenta la realidad nacional, las regulaciones vigentes y los proyectos de ley presentados, ¿cuáles son los principales desafíos que se pueden identificar en materia de gobernanza de internet en Ecuador?

El primer desafío siempre será el acceso. Actualmente, Ecuador casi ha superado el problema de acceso a internet en áreas remotas gracias principalmente a los infocentros y al despliegue de la red móvil. Sin embargo, hay otros tipos de desigualdades que impactan en el acceso a internet en el país. El analfabetismo digital, por ejemplo, es bajo a nivel urbano (6%) pero se dispara a nivel rural (21%); y es mucho más pronunciado en ciertas etnias.

Según cifras del INEC (2017), 18.8% de los afroecuatorianos y 29.8% de los indígenas respondieron que no ha usado un teléfono celular, una computadora y menos internet durante el último año. Es decir, son analfabetas digitales. En definitiva, tenemos por delante incrementar el acceso haciendo énfasis en la reducción de las desigualdades urbano-rurales y étnicas.

El segundo desafío que enfrentamos, y esto es a nivel de país, es generar una institucionalidad que disminuya el riesgo del abuso tanto privado como estatal en temas de gobernanza de internet. Entre 2013 y 2017, Ecuador perdió 6 puntos en lo que respecta a libertad de la red según el informe de Freedom House—mejoró 2 puntos en cuestiones de acceso, pero perdió 2 puntos en limitaciones de contenido y 6 puntos en el área de violación a los derechos de los usuarios. Estuvimos a nada de que el gobierno de Rafael Correa apruebe una ley de censura para redes sociales bajo el pretexto de combatir el odio; y la ley sobre protección de datos que propuso en su momento Gabriela Rivadeneira, está nuevamente en el debate. Hablaremos después más específicamente sobre legislación, pero creo que esto ilustra lo fácil que es para Ecuador regresar a un terreno de censura y miedo. En este sentido, hay que poner atención a las reformas que el Ejecutivo está implementando en materia de seguridad nacional y comunicación pero también ser propositivos para enmendar cuestiones que no son prioridades políticas de momento, como las excepciones al derecho de autor o el voto electrónico.

Finalmente, si tenemos un compromiso con un internet libre y abierto, también tenemos que cuestionarnos sobre las consecuencias de esa libertad (eso si queremos que nos tomen en serio). Fue justamente la libertad que tenían las empresas para acceder a la información de los usuarios de Facebook, y su libertad de amplificar cualquier cosa, lo que permitió al gobierno ruso influenciar en las elecciones estadounidenses. Lo mismo es cierto en el caso ecuatoriano, donde hemos visto la operación de cuentas troll para manipular el discurso público. En un mundo donde todas las personas pueden tener un amplificador ¿quién modula los discursos sin ética o sustento? Hablé hace pocos momentos de los analfabetos digitales de internet, pero es también tiempo de abordar el tema de los analfabetos funcionales de internet; aquellos que sí pueden usar las herramientas de internet pero no discriminar sobre sus contenidos o herramientas.

A su criterio, ¿cuáles son las regulaciones y realidades que constituyen la mayor amenaza a la evolución y uso del internet en el país hoy en día?

Creo que antes de responder esta pregunta, es importante citar dos propuestas que estuvieron a punto de cambiar el panorama de internet en Ecuador. El primero vino de la mano del exvicepresidente Jorge Glas quien pretendía hacer ilegal el anonimato en internet (algo similar a lo que existe en Brasil); el segundo, de la mano de Rafael Correa con su propuesta para “regular el discurso de odio y discriminación en las redes sociales y el Internet”. Menciono ambas amenazas porque aún hace falta un debate profundo en nuestra sociedad sobre anonimato en internet y porque la propuesta del expresidente aún no ha sido tratada ni archivada.

Lo propio sucede con dos propuestas relativas a datos personales: El proyecto de ley de protección a la intimidad y a los datos personales de Vinicio Chica, en trámite desde 2010; y el proyecto de ley orgánica de la protección de los derechos a la intimidad y privacidad sobre los datos personales de Gabriela Rivadeneira, en trámite desde 2016.

Hay que poner mucha atención al tema de protección de datos puesto que ahora mismo estamos pasando por un momento de quiebre: La Unión Europea acaba de implementar su nuevo reglamento de protección de datos, forzando a cientos sino miles de compañías a actualizar su política de datos; muchas de estas han tenido que implementar nuevos mecanismos y, si nos cobijamos bajo una legislación similar, es posible avanzar la frontera de protección de datos personales en Ecuador. Debemos asegurarnos de que proyectos inmaduros, como los que se quedaron en la Asamblea, sean reemplazados por un cuerpo legislativo robusto y para eso la dirección nacional de registro de datos públicos debe hacer que su propuesta se genere abierta y participativamente desde el borrador inicial hasta su aprobación en segundo debate. Access Now recientemente publicó una guía sobre cómo llevar adelante este tipo de procesos <https://www.accessnow.org/cms/assets/uploads/2018/04/manual-de-proteccion-de-datos.pdf>

También hay que considerar como una amenaza actual a la legislación antigua pero vigente que inhibe la divulgación de información confidencial incluso si este acto constituyera una denuncia legítima. Me voy a permitir citar partes del manuscrito del informe sobre libertad de la red para contestar esta pregunta:

El artículo 179 del código penal restringe las protecciones para denunciantes estableciendo una sentencia de prisión de seis meses a un año para cualquier persona «que, en virtud de su estado u oficio, empleo, profesión o arte, tiene conocimiento de un secreto cuya divulgación podría causar daño a otro y lo revela «. El artículo no hace excepción para revelar información en interés público.

El artículo 229 impone restricciones adicionales a la divulgación de información al prohibir la revelación de información registrada, bases de datos o archivos a través de sistemas electrónicos de una manera que viole la intimidad o privacidad de otra persona, sin excepciones para denunciantes o periodistas.

El artículo 307 establece una pena de cinco a siete años de prisión por crear pánico económico al «publicar, difundir o divulgar noticias falsas que causen daños a la economía nacional con el fin de alterar los precios de los bienes».

Finalmente, debemos estar con los ojos abiertos sobre las reformas propuestas a la Ley Orgánica de Comunicación y el efecto que estas pudieran tener en internet. El artículo 5, por poner un ejemplo.

¿Cuáles deberían ser los principios rectores en materia de gobernanza de internet y que rol deben asumir las instituciones públicas y privadas?

Indudablemente deben ser los Derechos Humanos; aquí creo que se debe hacer un mea culpa porque muchas organizaciones activistas nos hemos regido por otros principios en ciertos momentos; principios como la transparencia o la apertura. Sin embargo, la transparencia en valores absolutos puede ser peligrosa en manos de regímenes totalitarios, por ejemplo.

Evgeny Morozov abrió nuestros ojos sobre los verdaderos efectos de la primavera árabe. Mientras nosotros compartíamos entusiasmados las fotos de activistas protestando en las calles, el gobierno allá estaba identificando a los protestantes en esas mismas fotos y encarcelándolos.

A pesar de que la gobernanza de internet comprende demasiados campos, se han ensayado principios sobre sus procesos. NetMundial, por ejemplo, enumera los siguientes:

1. De múltiples partes interesadas
2. Gobernanza abierta, participativa y dirigida por consenso
3. Transparente
4. Con capacidad de respuesta
5. Inclusiva y equitativa
6. Distribuida
7. Colaborativa
8. Que permita una participación significativa de cualquier afectado
9. Amplio acceso y barreras mínimas
10. Agilidad

Jovan Kurbalija menciona otros principios que a menudo se toman en cuenta en el Foro de Gobiernanza de Internet, y aquí lo cito:

• La preservación de la libertad de expresión, el acceso a la información, y la elección.
• La garantía de una calidad mínima, y la seguridad y resiliencia de la red.
• La preservación de los incentivos para las inversiones.
• La estimulación de innovaciones [incluidas las oportunidades para nuevos modelos de negocio y empresas innovadoras, es decir, nuevos participantes].
• La delimitación de los derechos, roles, y rendición de cuentas de todas las partes involucradas (proveedores, reguladores, usuarios), incluido el derecho de apelación y reparación.
• La prevención de prácticas anticompetitivas.
• La creación de un ambiente de mercado que permita a los usuarios elegir y cambiar fácilmente su operador de red.
• La protección de los intereses de los menos privilegiados, como las personas con capacidades diferentes, y los usuarios y empresas en el mundo en vías de desarrollo.
• El mantenimiento de la diversidad de contenidos y servicios.

Sin embargo, en cada campo existen también principios específicos. Algunos ejemplos de ello son los principios de manila sobre la responsabilidad de los proveedores de servicio <https://www.manilaprinciples.org/es> o los principios sobre necesidad y proporcionalidad a la vigilancia de las telecomunicaciones <https://necessaryandproportionate.org/es/necesarios-proporcionados>.

[1]              Esta es una generalización puesto que muchas computadoras de escritorio han implementado software propietario que impide el libre uso del procesador. Sin embargo, uso “computadoras” como ejemplo para facilitar la compresión de este concepto.