Freedom House: El internet declinó durante el último año de mandato de Correa

Ecuador tuvo un descenso de dos puntos en el último reporte de Freedom House sobre libertad en internet. Anualmente, esta ONG califica el desempeño de varios países siguiendo una metodología numérica que pondera obstáculos en el acceso, limitaciones al contenido y violaciones a los derechos de los usuarios. El reporte es escrito por expertos locales en cada uno de los países y, en estos dos últimos años, me tocó esa tarea en lo que respecta a Ecuador. En 2016, decidí publicar el reporte anónimamente debido a las malas experiencias que he tenido al reportar información de dominio público sobre el gobierno.

Sin embargo, este año he decidido hacerlo públicamente debido a los cambios de actitud desde el gobierno hacia personas críticas. Los reportes cubren doce meses, de junio de un año a mayo del siguiente, por lo que este informe cubre los últimos meses del mandato de Rafael Correa y las elecciones presidenciales, en las cuáles se reportaron varios incidentes de hackeo a candidatos y periodistas. Adicionalmente se resalta la agresión física a periodistas por opiniones expresadas en línea lo que a Ecuador le significó un descenso de dos puntos en su calificación.

El reporte sobre Ecuador puede leerse en inglés en su totalidad en formato PDF o en línea y describe las tendencias en la libertad de internet en Ecuador. El texto no es una descripción de cada uno de los ataques contra internet, pero contiene acciones representativas de cada ataque.

En Ecuador, los siguientes diarios y medios televisivos han dado cobertura al reporte internacional y, parcialmente, a los hallazgos locales:

 

Qué no dice la Cancillería sobre quitarle internet a Assange – Ecuador no pudo censurar a Wikileaks

El pasado 17 de octubre, Wikileaks señaló que un país había desconectado a Julian Assange, horas más tarde dijo que fue Ecuador y al rato la Cancillería lo confirmó en un escueto comunicado. Lo primero que hace el comunicado es aclarar que existen dos cosas. Julian Assange, el perseguido político y Wikileaks, la organización periodística. Hasta entonces todo estaba bien. Luego afirmó que:

  1. Las publicaciones de WIKILEAKS —no Assange— tenían impacto sobre las elecciones presidenciales en Estados Unidos.
  2. Ecuador respeta el principio de no intervención en las elecciones de otros países; por tanto
  3. Suspendió temporalmente el acceso a internet de JULIAN ASSANGE; y
  4. No hay censura porque WIKILEAKS puede seguir operando.

La pregunta obvia es:

¿Qué esperaba Ecuador que suceda cuando interrumpió la conexión a Internet de Julian Assange? Si seguimos la lógica de sus antecedentes y justificaciones, esperaban afirmar el principio de no intervención. Si uno vuelve al punto uno de este texto, se entiende que eso implicaba interrumpir las publicaciones de Wikileaks. Y la razón no sería otra que, obviamente, presión por parte de Estados Unidos. Es poco creíble que Ecuador haya tomado consciencia política sobre el impacto de las publicaciones de Wikileaks sólo en este momento cuando desde sus inicios la organización ha afirmado que parte de su poder está precisamente en cambiar resultados electorales.

Hay dos posibilidades, Ecuador pensaba que podía detener las publicaciones o, a sabiendas de que no, debía demostrar que, al menos, trató. Pensaría que, dada la naturaleza del comunicado, creían que se trataba de la primera opción. La segunda me parece menos probable por ser la menos beneficiosa para Estados Unidos que, al evidenciar censura al fundador de Wikileaks, lo único que ha obtenido es darle mayor atención a sus últimas publicaciones.

Nos queda por saber:

  • ¿Qué presiones está recibiendo el gobierno ecuatoriano para haber hecho tremendo papelón?
  • ¿Volverá a pasar?
  • ¿Cómo cambia esto la situación del asilado Julian Assange?

fullsizerender

ACTUALIZACIÓN (23/10/2016): Acá hay un muy buen reportaje de 4Pelagatos explicando el contexto de la desconexión. No me equivoqué.

 

Sociedad civil y gobernanza de Internet en Ecuador: 2013-2015

Esta es la primera de dos entregas que tratan el tema de Limitaciones de la sociedad civil en la gobernanza de Internet en Ecuador

El día 24 de mayo al medio día, se realizó el foro “Regulación de Internet & Derechos Digitales en Ecuador”, organizado por el Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco. La idea, según nos comentaron a los panelistas, era realizar una reflexión académica al respecto, por lo cual la visión de actores de la sociedad civil les resultaba indispensable (si bien asistí como co-fundador de Apertura Radical, me invitaron básicamente por las reflexiones que comparto en este blog y redes sociales). También participaron como panelistas Alfredo Velazco, de Usuarios Digitales y Daniela Viteri, representante ecuatoriana en el Observatorio de la Juventud de Gobernanza en Internet. Pese a que la USFQ realizará una publicación que detalla nuestras ponencias, voy a escribir acá —en un lenguaje menos cargado— lo que fue mi presentación.

El punto fue discutir los límites que hemos encontrado las personas —no empresas o el Estado— al trabajar por la defensa de derechos humanos en Internet en Ecuador. Para ello dividí a mi presentación en cuatro secciones: qué características tienen los grupos de sociedad civil acá, cómo operan, qué alcanzan a hacer con las circunstancias en las que se desenvuelven, y qué les resulta demasiado difícil.

¿Cuál sociedad civil?

Para realizar un análisis de las circunstancias en las que opera la sociedad civil, decidí escoger un periodo de tiempo de dos años (que va de agosto de 2013 a julio de 2015) y estudiar tres escenarios en los que la sociedad civil se había involucrado decididamente en el ejercicio de gobernanza de Internet. Estos se describen a continuación:

  1. Eliminación del artículo 474 del Código Orgánico Integral Penal (Nov. 2013): La aprobación de un nuevo código penal a fines de 2013, motivó la formación del colectivo #InternetLibre, el cual logró exitosamente eliminar el artículo 474 que, entre otras cosas, que los usuarios accedamos a ser filmados mientras usamos Internet. Adicionalmente, la idea era que los intermediarios, como el dueño de un cibercafé o algún amigo que te de la clave del WiFi de su casa, tengan un registro de todas las páginas web que visitemos por un período mínimo de seis meses. #InternetLibre, formado por una serie de organizaciones privadas, públicas y del tercer sector —entes privados sin fines de lucro—detuvo esto.
  2. Organización del Primer Encuentra Nacional de Gobernanza de Internet (Nov. 2014): Realizado en CIESPAL, el encuentro buscó marcar la agenda de la gobernanza de internet en el país basándose “en el principio de interés público y en un enfoque de derechos humanos a través de un proceso participativo, abierto e inclusivo”. Se realizó un análisis preliminar de la situación de Internet en Ecuador y acogió a expertos nacionales e internacionales para discutirlo.
  3. Pronunciamiento en Defensa de la Privacidad en Ecuador (Jul. 2015): Se dio como respuesta a la filtración de documentos privados de Hacking Team. Esta empresa— cuyo malware infecta computadoras, laptops y celulares con el fin de acceder a toda la información (almacenada y en tiempo real)— mantenía vínculos con la Secretaría de Inteligencia de Ecuador. Y poco después, se conoció que algunos de los targets del software usado por esta empresa, eran políticos y activistas. En Ecuador, esto es ilegal e inconstitucional, lo cual motivó un fuerte pronunciamiento por parte de la sociedad civil. Ninguna de las ocho peticiones realizadas por las organizaciones fue acogida.

Realicé una lista con las organizaciones que participaron en a menos dos de estos escenarios y excluí a las organizaciones que pertenecían al sector empresarial o al Estado. La lista que obtuve fue la siguiente:

Organizaciones de sociedad civil involucradas en la defensa de derechos humanos en internet entre agosto de 2013 y julio de 2015

Organizaciones de sociedad civil involucradas en actividades de defensa de DDHH en Internet entre agosto de 2013 y julio de 2015

 

Las instituciones a la izquierda (aquí en azul) son aquellas que cuentan con una personalidad jurídica, y las de la derecha aquellas que carecen de la misma. Creative Commons Ecuador y el colectivo Central Dogma, se dedican principalmente acceso al conocimiento y la promoción de la cultura libre. Radialistas trabaja en la “democratización de las comunicaciones, especialmente de la radio, desde las perspectivas de género y ciudadanía”. Infodesarrollo trabaja principalmente en la reducción de las brechas digitales y ASLE se dedica a la promoción y adopción del software libre en Ecuador. Apertura Radical trabaja también en esto último, en la promoción de hardware abierto y en la defensa de derechos humanos en la red. Finalmente, Usuarios Digitales trabaja por el “libre ejercicio de nuestros derechos en plataformas digitales”. Estas dos últimas (en verde), son aquellas organizaciones que se dedican principalmente a la defensa de derechos humanos en Internet, ambos carecían de una figura jurídica durante el periodo de estudio siendo principalmente una presencia en la red.1

En la región, casi todos los países cuentan con al menos una organización de sociedad civil —constituida jurídicamente— que se dedica a la defensa de derechos humanos en la red. Existen organizaciones internacionales que brindan apoyo financiero y técnico a estas organizaciones, lo que les ha ayudado a florecer en toda Sudamérica. Venezuela, Bolivia, Ecuador y Uruguay son la excepción. Este último es el único reconocido por la unidad de inteligencia de The Economist como una democracia completa (“full democracy“) y quizá eso explique porque la ausencia de una organización fuerte de sociedad civil que trabaje temas de Internet. Los otros tres países—Venezuela, Ecuador y Bolivia— tienen gobiernos con una ideología política muy parecida dominada por un fuerte poder ejecutivo, lo que sugiere una especie de correlación que merece ser estudiada.

Organizaciones de sociedad civil que trabajan en DDHH en Internet en América Latina

Organizaciones de sociedad civil que trabajan en DDHH en Internet en América Latina

 

¿Cómo se explica la ausencia de organizaciones de sociedad civil en la defensa de derechos humanos en Internet en el país? Pues de manera similar a la que se explica en otros sectores: Trámites dificultosos que pueden tomar años, falta de seguridad jurídica —causada por los decretos presidenciales 16 y 739—, la obligación de las ONG a trabajar en una política de gobierno (toda organización debe adherirse a una de los principios del plan nacional del buen vivir) y de adscribirse a algún ministerio —usualmente aquel al que deben vigilar y observar. Finalmente, la polarización de la política genera dificultades para organizaciones que deben trabajar pensando más allá de las ideologías. El momento en que las organización toman una posición respecto a un tema específico, tienden a ser clasificadas por los actores políticos y la opinión pública dentro de un “bando”, el oficialismo o la oposición. Esto genera una estigmatización de las organizaciones que amenaza su capacidad de generar un diálogo adecuado en temas que usualmente ya son difíciles de explicar. Finalmente, este tipo de organizaciones de sociedad civil, al no involucrarse con la provisión de servicios, dependen casi siempre de donaciones por parte de actores privados internacionales, y eso en el país ha sido usado como una herramienta de deslegitimación por parte del poder ejecutivo.

¿Qué mecanismos usa la sociedad civil?

Creemos que podemos cambiar las cosas explicando detalladamente cómo funcionan a la gente, ofreciendo propuestas y amplificando nuestras voces. Para ello, requerimos en un primer instante consultar con expertos en ley, política pública y tecnología. Estos diálogos se llevan de una manera bastante informal dada las circunstancias en las que operamos. A partir de esto, creamos propuestas específicas (“fiscalice”, “derogue”, “establezca”, “exija”, “cree”, etc.) usualmente dirigidas al Estado en su papel de garante de derechos, aunque ocasionalmente se pueden también dirigir a la empresa privada. Cuando se tiene una línea clara de acción se producen manifiestos, pronunciamientos, peticiones en línea, boletines de prensa. Finalmente, si esto se ha hecho bien, mediante manifestaciones y lobbying, se logra hablar con quienes toman las decisiones. Muchas veces, el éxito o fracaso de las propuestas de sociedad civil, depende de la presión que puedan ejercer estos dos úlitmos elementos que funcionan a manera de policía bueno y policía malo: el cabilldeo y las manifestaciones, respectivamente.

¿Qué NO puede hacer la sociedad civil?

Debido a las limitaciones arriba mencionadas, muchos de los voluntarios (pues ese es el Estado de prácticamente todos aquellos que trabajan en la defensa de DDHH en internet en Ecuador) no pueden realizar una serie de acciones que es deseable y común en otros países de la región:

  • Trabajar a tiempo completo en la defensa de DDHH en Internet.
  • Trabajar estableciendo una agenda propia y no sólo respondiendo a problemas de coyuntura.
  • Realizar estudios a nivel nacional (similares a los que se realizan en otros países) sobre cuestiones específicas como el estado de la privacidad en el país, o el marco regulatorio sobre el anonimato.
  • Recibir financiamiento. Aunque se hace, se lo realiza en asociación con otras organizaciones que sí pueden manejar legalmente los fondos.
  • Tomar acciones legales, que a veces son el único recurso frente a un potencial abuso de poder de parte de actores privados o estatales.

Notas al pie de página

1Tras dos años de iniciar el proceso, a Usuarios Digitales finalmente se le otorgó su personalidad jurídica en agosto de 2015.

¿Qué pasaría con el Internet en Ecuador si gana Lasso?

Guillermo Lasso se proyecta como uno de los posibles candidatos a la presidencia de Ecuador en el período 2017-2021. Parece que ahora, en parte gracias a la situación económica derivada de la caída por el precio del petróleo, tiene muchas más oportunidades que antes. Lo importante de este contexto particular es que es mucho más viable para él, o cualquier otro candidato, el proponer una apertura comercial de Ecuador sin encontrar resistencia de la clase media que (hasta la fecha al menos) apoyaba la posición del movimiento indígena de no firmar acuerdos de libre comercio, algo que incluso fue refrendado en la constitución de Montecristi. La constitución no prohíbe explícitamente la firma de tratados comerciales, pero existen una serie de disposiciones que hacen que sea muy difícil firmar uno.

No se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, en controversias contractuales o de índole comercial, entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas

Lo dicho en el párrafo anterior no es una verdad absoluta, y es que así funciona la política. Caben distintas interpretaciones entre lo que un tratado puede hacer o no. Por ejemplo, el artículo 421 dice que “la aplicación de los instrumentos comerciales internacionales no podrá menoscabar, directa o indirectamente, el derecho a la salud, el acceso a medicamentos, insumos, servicios, ni los avances científicos y tecnológicos”. Pero ¿qué quiere decir eso de todas maneras? ¿Implica eso que un tratado comercial que hace más difícil acceder a la tecnología con medidas de protección sobre patentes o software no puede ser firmado? Posiblemente, pero siempre habrá una duda razonable. Esa ventana es la que ha permitido que el gobierno actual se adhiera al acuerdo comercial con la Unión Europea—que aún debe ser ratificado por la Asamblea Nacional— y disfrute de beneficios similares a los ya obtenidos por Perú y Colombia.

Lasso ama el libre comercio. Y no tengo muchas esperanzas de que otros candidatos tengan una postura económica muy distante a la del banquero. Si bien la apertura comercial trae beneficios al país, los medios mediante los cuales se negocian esos acuerdos actualmente se parecen más a tratados de proteccionismo global a favor de los países del primer mundo. Para ser más específicos, son acuerdos que beneficien principalmente a las compañías de esos países. En estos tratados, no se discute únicamente que los productos se intercambiarán entre dos o más países sin aranceles, sino que se establecen una serie de condiciones con el supuesto objetivo de garantizar la estabilidad comercial. Así, se habla de la protección de derechos de autor en internet, de las adquisiciones por parte del Estado de productos, de la ubicación de servidores, de seguridad informática y un largo etcétera. Es, en palabras de Pilar Sáenz, un lavado de políticas públicas.

Para que tengan una idea un poco más clara de cómo eso afectaría internet, les recomiendo el artículo que publicara EFF sobre los riesgos del TPP. Unos puntos claves que se pueden compartir de este texto son los siguientes:

  • Todas las disposiciones que aumentan intereses y derechos a las corporaciones son vinculantes, mientras que cada disposición que pretende proteger el interés público no es obligatoria y susceptible de conseguirse solo avasallando los esfuerzos protectores de las corporaciones.
  • El TPP refleja los peores aspectos de la US Digital Millennium Copyright Act (DMCA), que es la que facilita la censura de contenidos en Internet. Frente a lo cual ya se están corrigiendo las deficiencias en la legislación actual.
  • Romper candados digitales será un delito con pena de cárcel. Esto es algo tan simple como desbloquear el DVD para ver películas de diferentes zonas o “ajustar” el cerebro del auto. Este es un verdadero problema de seguridad. 40% del código fuente de las bombas de insulina nunca ha sido inspeccionado por investigadores de seguridad independientes y casi 1,4 millones de vehículos fueron retirados del mercado por Chrysler, debido al descubrimiento de una vulnerabilidad que permite acceder de forma remota la dirección y los frenos. Investigar este tipo de cosas, con un tratado de libre comercio, sería un delito. Eso contrasta claramente con la propuesta actual de permitir excepciones.
  • Nuevas normas aplicables a los dominios de nivel nacional bloquearán las reformas que varias instituciones están promoviendo para proteger a propietarios de sitios web de tener que revelar su nombre real, dirección, y otra información de identificación personal mediante el sistema de nombres de dominio (DNS), volviéndolas vulnerables a ataques de trolls, ladrones de identidad, estafadores y/o acosadores.
  • Los DRMs se utilizan a menudo para fines que van contra de la competencia leal. Mediante su uso, prohibirán a innovadores de construir servicios interoperables o productos que puedan utilizarse con plataformas existentes, además de evitar servicios de reparación por parte de terceros. Fundamentalmente, se cierra el juego y la experimentación, lo que es fundamental para el desarrollo de una innovación abierta.
  • Nuevas protecciones legales que surjan para innovadores independientes y pequeñas empresas podrán ser atacadas si una corporación multinacional alega que tal protección debilita su inversión o futura ganancia, lo que generaría un proceso controversial entre el inversor extranjero y el Estado.
  • Los Proveedores de Servicios de Internet (ISPs) podrán bloquear redes virtuales privadas (VPNs) como parte de su deber de cooperar con los titulares de derechos de autor para impedir la transmisión no autorizada de obras protegidas.
  • Los periodistas serán responsables civil y penalmente por permitir el acceso, la divulgación o la disposición de un secreto comercial incluso si lo hacen para revelar una mala práctica comercial. También responderán por publicar información proveniente una fuente que la obtuvo de manera ilegal, aunque la revelación de dicha información beneficie al interés público.
  • El TPP prohibiría a los países firmantes a exigir legalmente que ciertos productos se distribuyan con licencias de software libre, incluso donde sería útil para reducir los problemas de seguridad informática. Assange le puede decir adiós a la recomendación de construir una soberanía tecnológica en Ecuador.

Si bien no es justo asumir que todos los potenciales tratados comerciales que se le propongan a Ecuador contengan todos estos elementos, cualquier de los arriba mencionados es una preocupación real. Y muchos han dicho que el TPP es el nuevo “gold standard” de los tratados comerciales. Muchos en Ecuador piensan que un nuevo gobierno ayudará a recuperar las libertades civiles en todos los campos, pero es fácil ver como las soluciones a mano no siempre son lo que parecen.

Recomendaciones para los 4 pelagatos

Las últimas semanas me he separado bastante de las redes sociales y casi no me entero de este nuevo sitio web llamado 4 pelagatos. Todavía no les puedo contar mucho del sitio porque por ahora sólo está lleno de buenas intenciones. Los autores (Roberto Aguilar, José Herández y Martín Pallares) han publicado un manifiesto al tiempo que han explicado en cada uno de sus blogs las razones por las que han iniciado esta nueva aventura. El D’Artagnan de estos tres mosqueteros es el no menos célebre Crudo Ecuador. Asumo que para la mayoría de ecuatorianos que hemos extendido nuestro sistema nervioso hacia las redes sociales, esto es lo que nos genera más expectativa. Al contrario de sus compañeros, Crudo Ecuador no ha roto el silencio en sus cuentas de Twitter o Facebook. Su última publicación la hizo el 19 de febrero de 2015, exponía sus razones para abandonar Internet para resguardar el bienestar propio y de su familia.

En su momento, yo redacté una serie de consejos para el próximo Crudo Ecuador, que eran sobre todo consejos para resguardar el anonimato, pero que creo 4P merece su propia lista. Ellos no empiezan en una condición de anonimato y su tarea será, como la de la mayoría de medios digitales que hacen periodismo de investigación, resistir.

Todas las páginas web se alojan en algún servidor de internet, al cual todos accedemos desde nuestras computadoras. Es importante conocer las leyes del país donde se aloja nuestro servidor, al menos las que tienen que ver con Internet. Si los países tienen regulaciones muy relajadas sobre derechos de autor en Internet, es mejor alejarse de ahí. Lamentablemente, carezco de conocimientos suficientes para realizar una lista específica de dónde colocar o no sus servidores, pero sería interesante echar un ojo a esfuerzos previos por mapear esto. El Mapa de Responsabilidades de los Intermediarios de Internet (WILMap por sus siglas en inglés) es un recurso en línea que informa al público sobre la evolución de la regulación de internet que afecta a la libertad de expresión y a los derechos de los usuarios alrededor del mundo. En última instancia, EcuadorTransparente.Org encontró un buen proveedor que le dijo que no a Ares Rights y le pidió una orden judicial antes de procesar una de sus tantas solicitudes infundadas en el copyright.

Luego del servidor, el siguiente eslabón es el nombre de dominio, en este caso 4pelagatos.com; que según veo lo han adquirido usando los servicios de domainsbyproxy.com (un servicio para la compra de dominios web que protege la privacidad de sus clientes). El riesgo que veo acá es que (a) trabajan con godaddy.com y (b) la gana de proteger a veces no es suficiente. Sería de ver si cuestiones como el registro de marca podría ocasionar problemas a futuro, eso ya le pasó a Crudo Ecuador. Para suerte de los gestores, uno puede registrar la marca en cualquier otro país y su aplicación es a nivel internacional; eso les puede evitar ciertas complicaciones con las instituciones locales.

Los ataques DDoS son otra de las cosas que se han vuelto el pan de cada día. Servicios como CloudFlare ayudan a resistir los ataques de bots. CloudFlare tiene un programa específico para proteger sitios web que defienden el interés público, se llama Galileo y cuenta con el respaldo de docenas de organizaciones que protegen los derechos en la red. Se puede aplicar para ser parte del programa de forma gratuita. Finalmente, una buena práctica consiste en respaldas los nuevos artículos apenas se hayan publicado. Se puede hacer eso utilizando al menos dos herramientas: web.archive.org y archive.is, esta última es más resistente a intentos de censura.

Puede que algunas de las opiniones que han publicado en estos meses los arriba mencionados —no es excepcional— no sea de mi entero agrado. No obstante, me siento bastante identificado con la situación en la que se encuentran. Es importante respetar esa último metro cuadrado de libertad que nos hace quienes somos. Seguramente, muchos sentirían que su vida no sería igual si no pudieran volver a ver. A otros nos sucede que necesitamos escribir y hablar. Cercenar ese talento resulta lesivo a un nivel personal… yo no sería el mismo si no pudiera escribir. Sobreviviría, como mucha gente lo hace después de accidentes fatales, pero no sería yo. Aún más importante, hay algunas expresiones que si no se dicen, se pierden. Son ideas en peligro de extinción y, a veces, son la última esperanza que nos queda para apegarnos con cordura al mundo.

Éxitos en su nueva aventura.