Finalmente, el Secretario Nacional de Inteligencia, Rommy Vallejo, compareció ante la comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional del Ecuador. Hace dos semanas, cuando el titular de la SENAIN se excusara «motivadamente» de hacerlo, todo el mundo seguía cabreado por el escándalo sobre Hacking Team. La agencia de seguridad local fue tendencia en twitter por varios días y hasta se tuvo que pronunciar el presidente para defender a la institución que nació bajo su mandato, en el 2009. Hoy, en cambio, todos los medios le tomaron su mejor foto a Rommy, sacaron el titular respectivo, pero poco o nada se habló en redes sociales sobre el tema —y pensar que sólo el día de ayer Ecuador Transparente denunció, documentos en mano, que «SENAIN llevó a cabo espionaje sistemático a políticos y activistas«.

Otro agravante a la apatía de la gente es el desdén a la transparencia y fiscalización que debe tener el Estado. Escudándose en la Ley de Seguridad, Vallejo llegó a la Comisión sin dar la cara a periodista alguno, les cerró la puerta e inició una comparecencia reservada. No importa cuántas preguntas le hagan, él puede decidir no responder y si lo hace, lo que ahí se diga no se puede difundir. ¿Qué garantías tenemos los ciudadano de que, incluso en esas condiciones, el comportamiento deshonesto de otras agencias de inteligencia frente a los cuestionamientos de la autoridad no se vuelve a repetir? La respuesta es simple: pocas o ninguna.

Las reuniones con Rommy Vallejo son secretas. Evidencias no #SENAIN https://t.co/PZZYpgl41X https://t.co/LULNDxGeTF https://t.co/3dbeoRfxIv

— Rafael Bonifaz (@rbonifaz) August 5, 2015

Asumamos por un momento que el material publicado por Ecuador Transparente es verdadero. En este caso, estaríamos haciendo frente a dos delitos. El primero, habría sido cometido por la SENAIN al espiar a ciudadanos con motivos puramente políticos. El segundo, es el delito de publicar información «de circulación restringida», que según el Código Penal se castiga con mínimo un año de cárcel —en Ecuador, también nos hace faltan medidas legales para la protección de denunciantes o, como se les dice en inglés, whistleblowers.

A las agencias de seguridad siempre se les va a filtrar información, y la razón es simple, la entropía les juega en contra. Su tarea consiste en construir un muro perfecto, impenetrable, perecedero y que esté al día para combatir los mejores ataques de donde quiera que vengan. Los hackers e informantes internos, en cambio, sólo deben encontrar un único fallo en el sistema a través del tiempo. Por eso, parece que en todo el mundo se siguiera una misma receta en lo que respecta al manejo de información clasificada como «reservada» o «secreta» por las agencias de inteligencia.

Si la SENAIN llegara a demandar a Ecuador Transparente o a Wikileaks por publicar información de carácter secreto, la ecuación es simple: la documentación es verdadera, ergo el espionaje fue cierto; es por esto que en otros países del primer mundo, donde la corrupción también avanza más rápido, se han inventado algo para perseguir denunciantes sin afrontar el costo legal o político de haber transgredido los derechos ciudadanos: cortes secretas.

En Estados Unidos, eran cortes secretas las que debían controlar las actividades de la Agencia Nacional de Seguridad, pero nunca lo hicieron —en 35 años sólo rechazaron 11 de las 34000 solicitudes de espionaje—. Fueron cortes secretas las que llamaban a las empresas de telecomunicaciones como Lavabit para solicitar sigilosamente las claves de sus clientes. En palabras de Edward Snowden: «son jueces secretos, en cortes secretas, haciendo interpretaciones secretas de la ley». La forma perfecta de enjuiciar a los denunciantes de algún secreto de Estado, sin revelar que se ha violado la ley, es esta.

No quiero ser agorero del desastre, pero el secretismo parece ser el juego al que nos quieren someter y si no se toman medidas adecuadas a tiempo, si no se separa a la justicia del otro poder, si no aseguramos mecanismos de transparencia adecuados y dejamos que los mecanismos de fiscalización se conviertan en el maquillaje de un sistema de inteligencia que no parece estar ceñido a la ley, seguramente pronto nos llamarán a una corte sin que podamos decirle a nadie y sin ley que nos pueda defender.