Opinión y Análisis

Estado, medios de comunicación y corrupción

¿Cuándo el periodismo se convirtió en cosa de hackers?

Las semanas pasadas sonó mucho el tema de la corrupción en el gobierno. «Hay que depurar Alianza PAIS @mashirafael» le decían al presidente en twitter. Todo después de sacar a la luz el caso de la asambleísta Esperanza Galván, la esmeraldeña pidió a un contratista cerca de 800 mil dólares «usando el nombre del vicepresidente Jorge Glas». Lo recalcaron, como si ese hubiese sido el delito. La parte acusadora estuvo representada por Alexis Mera y, por supuesto, Glas. 1800-SOYHONESTO y sanseacabó: manos limpias, corazones ardientes.

El presidente hizo el llamado a no ser corrupto y denunciar a quien lo es ¿se supone que la «línea caliente» es la prueba fehaciente de que hay un compromiso del Estado por luchar contra la corrupción? David Rosero, actual presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, diría que no. El consejero culpa a la mayoría oficialista en esa entidad de archivar nueve de cada diez denuncias de corrupción.

Como ciudadano, también me pregunto con cuánta seriedad debo tomar el compromiso de luchar contra la corrupción que pregona el gobierno. Me viene a la mente el reajuste de 600 millones de dólares (750 veces la cantidad solicitada supuestamente por Galván) en el proyecto Coca Codo Sinclair. Me quedé con la curiosidad de saber qué mismo pasó con ese caso. Diario El Comercio hace una investigación bastante buena —lo digo porque la redacción permitía realizar la verificación de las fuentes— y publicó las cartas donde solicitó aclaraciones al gobierno sobre el reajuste. El Estado no respondió, lo obligó a retractarse.

¿Habrá que llamar al 1800-769466 para preguntar por ese caso? ¿No inauguraron en 2007 un 1800-YABASTA?

Las denuncias de corrupción funcionan únicamente cuando se garantiza seguridad a dos actores: quien denuncia y quien publica. En Ecuador, existe un alto nivel de persecución a disidentes políticos, puede que el Estado no sea el responsable directo pero hay un nivel de confrontación tan alto que cualquier potencial denunciante tiene muchísimas razones para temer represalias. Basta recordar lo sucedido con Crudo Ecuador donde frontalmente se admitió que Juan Gabriel, quien administraba estas cuentas de redes sociales, no estaba cometiendo ningún delito pero se desarrolló una genuina cacería humana que terminó en una amenaza que la policía no consideró lo suficientemente importante. José Serrano dijo que se investigaría el caso, Crudo Ecuador respondió que volvería a publicar cuando tenga garantías. Sigue sin publicar.

Es en este tipo de escenario donde la protección de la fuente corre por responsabilidad de los medios de comunicación, estos medios no tienen necesidad de contratar costosos bufetes de abogados, lo único que tienen que hacer es asegurarse de que no se pueda identificar a la fuente al tiempo que se pueda verificar la autenticidad de los documentos en base a los cuales se realizan las denuncias.

Washington Post, ProPublica, The Intercept… todos estos medios usan buzones seguros que garantizan el anonimato de la fuente y facilitan el envío de archivos. Usan SecureDrop, un sistema de software libre y gratuito que podría ser implementado todos y cada no de los diarios que funcionan en Ecuador, especialmente en medios digitales (esto debido a que el costo de mantener un medio digital es menor y permite un financiamiento menos centralizado. Un diario más proclive a reflejar la opinión pública y no aquella de un grupo de poder específico, véase Gkillcity.com). También se puede brindar una mejor protección a las fuentes si los periodistas usan herramientas de cifrado en sus comunicaciones: correos, chat, voz sobre IP y servicios de mensajería.

Contacté a Diario La Hora al respecto, no ha respondido. Un articulista de El Comercio me supo decir que, en su diario, los periodistas que manejan temas delicados usan correos cifrados. Esto es una muy mala idea porque, si yo fuera un agente de inteligencia corrupto, identificaría a los periodistas que tienen correos cifrados para seleccionarlos como «objetivos». Estaría más pendiente de sus encuentros y, por tanto, es mucho más probable que me encuentre con sus fuentes. Todos los periodistas de un determinado medio deben estar en capacidad de ofrecer comunicaciones seguras a sus potenciales fuentes, además deben usarlas rutinariamente para lograr que el espionaje ilegítimo a medios de comunicación sea costoso e ineficiente.

Los periodistas, en esta época digital, deben aprender de inteligencia, deben simular encuentros para confundir a quienes los siguen y no comprometer a sus fuentes, identificar cuando pueden ser víctimas de un ataque informático y, muy seguramente, deberán aprender a usar las mismas herramientas que utilizan algunos criminales para poder defenderse dentro del estado totalitario que hoy es internet. Deben aprender sobre la web profunda y no precisamente por las mismas razones.

Si se implementan estos sistemas, todavía nos queda un vacío, y es la protección al periodista y al editor que publican las noticias. Se aceptan sugerencias ante la indefensión.

Código INGENIOS: El control de la SENESCYT sobre Internet 

Esta es una réplica a la entrevista de Solines en Radio Visión

Juan Carlos Solines fue uno de los cuarenta (40) expertos en el mundo que integraron el Grupo de Trabajo sobre Gobernanza de Internet que fuera conformado por la ONU. En 2009 fue nuevamente designado por las Naciones Unidas como miembro del Consejo Asesor del Foro de Gobernanza de Internet y actualmente ostenta, según su biografía de Facebook, la presidencia del Comité de Tecnología de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana.

Esto, junto a su experiencia como expresidente del Consejo Nacional de Telecomunicaciones, lo acreditaron como experto para criticar una propuesta de ley que se está trabajando en la SENESCYT —el código ‘Ingenios’ o ‘COESC’ por sus siglas. La entrevista puede ser escuchada en este enlace. La propuesta de ley toca los temas de propiedad intelectual y parcialmente su tratamiento en Internet.

El otro ‘experto’ a tratar el tema, en este caso y a falta de mejor recurso, seré yo. A diferencia de Solines, mis credenciales poco o nada pueden decir sobre nuestros intereses comunes —el tema de propiedad intelectual en la era digital y la sociedad de la información— empero yo  he sido uno de los culpables de esta propuesta de ley, sobretodo en la parte relativa al entorno digital. Cómplice, mas no responsable, ya lo explicaré más adelante. Declaro, además, conflicto de intereses puesto que trabajo en la SENESCYT, aunque no lo hago en un puesto jerárquico y esto no ha influenciado nunca mi postura política (y quien lea mi blog o me siga en redes sociales sabe bien eso). Esta no será la excepción, aclaro pues que (1) no hablo a nombre de la institución que me emplea y (2) todo lo que diga aquí puede ser usado en mi contra.

El conocimiento como bien público

Solines abre la entrevista declarando que este proyecto de ley se enmarca en el “proyecto de control de todos los espacios de la sociedad”, al considerar al conocimiento como un bien público, “lo mismo que hizo en comunicación”. El abogado cita el caso de diario La Hora —sancionado por no cubrir la rendición de cuentas del alcalde de Loja— y declara: «ya sabemos lo que este gobierno persigue». Argumenta que bajo la bandera de «democratizar el conocimiento» se esconde otro gran mecanismo de control, esta vez para cerrar el círculo e incluir el control sobre Internet. No voy a defender al gobierno sobre su intervención en los medios de comunicación, porque creo que está mal hacerlo.

Un «bien público» tiene dos acepciones, una administrativa y otra económica —en la que el conocimiento es el ejemplo de libro. Es totalmente comprensible que se tema que una ley que declara al conocimiento como «bien de interés público» pueda ser usada para ejercer control. Pese a ello, es importante aclarar que en el mismo artículo donde se realiza esta declaración, se manifiesta que el acceso al conocimiento «será libre y no tendrá más restricciones que las establecidas en la Constitución, los tratados e instrumentos internacionales y la Ley». Adicionalmente, en el desarrollo del articulado, como admite el mismo Solines, se reconoce el respeto a tratados internacionales y a las normas mínimas de propiedad intelectual establecidas por la Organización Mundial de Comercio, esto debería ser suficiente para bajar las alarmas de cualquier persona cuyo negocio involucre la gestión del conocimiento, además garantiza la libertad de investigación, lo cual debería tranquilizar a quienes se dedican a la ciencia. Esta específicamente no es mi área y creo que merece un análisis más profundo de un verdadero experto en el tema de propiedad intelectual, sobre internet hablaré más adelante.

Meterle mano a la innovación

Solines continua haciendo uso de otros casos de control para argumentar contra el proyecto de ley: «Ya sabemos lo que este gobierno persigue, por lo que ha hecho (…) ahora le quieren meter la mano a la innovación». Aquí es donde, a mi parecer, convendría hacer más un acercamiento a las políticas de innovación que ha ejercido el órgano rector, la SENESCYT, a comparación de lo que ha ocurrido en otros sectores. La Secretaría ha iniciado apoyo a la innovación de varias maneras, su programa banco de ideas, regala capital no reembolsable a proyectos innovadores y, mediante la acreditación de incubadoras públicas y privadas, garantiza la asesoría en temas de propiedad intelectual. Existen más de dos mil proyectos en la página web del banco de ideas y, desde un inicio, se aconsejó a los usuarios no compartir información que pudiera ser objeto de propiedad intelectual a fin de asegurar su independencia. Seamos claros, de haber querido hacerlo, SENESCYT ya se hubiera podido apropiar de muchos proyectos innovadores, no lo ha hecho.

Tampoco es cierto que la Secretaría ha derrochado en universidades experimentales y no ha brindado apoyo a los centros de investigación ya establecidos en las universidades existentes, las convocatorias de investigación que realiza la SENESCYT permiten que cualquier institución pública o privada aplique para recibir esos fondos de investigación. Adicionalmente al financiamiento, los programas de movilidad académica han permitido que los profesionales existentes en dichas instituciones vayan a estudiar al extranjero —mejorando el nivel de la investigación local— y ha creado nexos con investigadores internacionales que han venido a trabajar directamente en instituciones de educación superior mediante el programa Prometeo.

Finalmente Solines menciona que el proyecto de ley incluye la creación de una nueva secretaría que actuaría como mecanismo de control, pero creo que eso es una confusión de su parte.

El control sobre internet

‘Ingenios’, como se rebautizó al código, incluye unos pocos párrafos acerca de Internet.

El acceso universal, libre y seguro al conocimiento en entornos digitales se constituye como un derecho de los y las ciudadanas.

El Estado generará las condiciones necesarias para garantizar progresivamente la universalización del acceso a las tecnologías de la información y comunicación, priorizando el uso de tecnologías libres, bajo los principios de: soberanía tecnológica, seguridad, neutralidad de la red, acceso libre y sin restricciones a la información y precautelando la privacidad. Estas condiciones serán respetadas sin perjuicio del proveedor del servicio. Los organismos de control competentes vigilarán que se cumplan con estas condiciones.

La conexión a Internet se constituye en un servicio básico, en consecuencia, responderá a los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad internacional.

Estos párrafos son los vestigios de una propuesta para la Gobernanza de Internet escrita posterior a una consulta a varios grupos de sociedad civil, que es donde yo jugué el rol de mediador y compilador. Entre las asociaciones consultadas estuvieron la Asociación para el progreso de las comunicaciones (APC), la Asociación de Software Libre de Ecuador, la Asociación de  Usuarios Digitales, la Red Infodesarrollo, expertos internacionales de la talla de Jeremie Zimmermann y Jacob Appelbaum, entre otros.

La aseveración de Solines de que se quiere «cerrar el círculo para controlar [también] a Internet» mediante ‘Ingenios’ no tiene fundamento. Especialmente si se considera su concepción y elementos que, como todo el proyecto de ley, están a la vista del público, en una wiki, receptando comentarios de todo el mundo, desde hace un año. Cierto es que puede parecer que algunas de sus atributos positivos, como señala Solines, no estén desarrollados como se debería y que parecen estar «de boca para afuera». La neutralidad de la red —para citar su propio ejemplo— carece de una definición, y es una crítica que comparto parcialmente. A mi entender, la ley contará con un glosario y será donde se desarrollen algunos de estos conceptos.

«Vivimos en la sociedad del remix»

Dijo Solines, y posterior a ello prácticamente realizó una defensa del proyecto de Ley, enfatizando elementos importantes en el proceso de generación de conocimiento:

Nuestra creatividad humana -que no depende de gobiernos o tendencia política- en el siglo XXI se ve potenciada por la gran cantidad de información a la que tenemos acceso. Esta es la cultura del remix, todas las creaciones artísticas son producto de una mezcla de tendencias que tenemos a mano hoy en día. Hoy entramos a Internet y tenemos todo lo que se nos pueda ocurrir, y eso nos da acceso a la mezcla.

Las limitaciones y excepciones al derecho de autor, también contemplados en los tratados internacionales, son absolutamente necesarios para el florecimiento de la ciencia y la cultura. Y esto es precisamente la característica fundamental de ‘Ingenios’. Que ¡por fin! vamos a tener un régimen de limitaciones y excepciones al derecho de autor, vamos a poder acceder libremente a textos en las bibliotecas, vamos a fomentar la transformación de formatos para que los discapacitados accedan a la cultura, y aún más importante, vamos a incorporar el derecho a la sátira. El derecho de autor no podrá ser usado como una herramienta de censura en Ecuador.

Cierto es que la ley no es perfecta, algunos de los reclamos hacen alusión a cambios realizados en la ley posterior al acuerdo de libre comercio que Ecuador logró con la Unión Europea. Pero esto resulta paradójico considerando la posición ideológica que sostiene Solines al respecto. Yo también quisiera que sea un juez, y no una unidad administrativa, la que decida en ciertos casos, pero esas son las reglas del libre comercio que el abogado, en otros ámbitos, defiende.

Léase también:

 

Asamblea Nacional, no encarceles a los piratas 

Este texto se publicó originalmente en Creative Commons Ecuador

“La OMC debe seguir eximiendo a los países menos adelantados de cumplir
las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC hasta que alcancen
un nivel de desarrollo tal que dejen de pertenecer a ese grupo de países”
Relatora Especial de Naciones Unidas sobre Derechos Culturales

El día de hoy se discuten en la Asamblea nuevas reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) que incluirán penas de cárcel para aquellos que “fabriquen o comercialicen a escala comercial productos falsificados”. Esto se da pocos días después de que Estados Unidos publicara su lista de vigilancia especial sobre violaciones a los derechos de propiedad intelectual donde colocó a Ecuador dentro de su lista negra:

“La actual falta de procedimientos y sanciones penales invita a grupos transnacionales de crimen organizado que se dedican a la piratería y la falsificación de marcas a ver a Ecuador como un refugio seguro”, señala el informe.

Hace tiempo ya Farida Shaheed, Relatora Especial de Naciones Unidas sobre Derechos Culturales, advirtió que “no se debe suponer que las empresas titulares de derechos representan los intereses de los autores”. Según Jeremy Malcolm, analista de políticas globales de EFF, esta publicación se basa en un proceso opaco que se hace eco de los deseos de algunos miembros de la industria privada, de hecho, el Informe está indebidamente influenciado por un pequeño número de asociaciones de la industria de gran alcance. Otras partes interesadas, como los grupos de interés público, tienen un tiempo extremadamente corto para presentar comentarios y no se les da la oportunidad de responder a las conclusiones finales del informe.

La Organización Mundial del Comercio (OMC), establece que los Estados miembros no pueden determinar unilateralmente que otro país han incumplido sus obligaciones comerciales. Estas tácticas de intimidación, usualmente generan la imposición de penas en los países atacados, generando sanciones unilaterales de facto. Las consecuencias son, a menudo, más graves de lo que uno imagina, transgrediendo otros derechos humanos.

Anastasia Denisova, activista de los derechos humanos en Rusia, fue atacada por los fiscales utilizando las sanciones penales al derecho de autor. La policía entró a su departamento e incautó todos sus computadores con este pretexto. Diego Gómez, biólogo colombiano, enfrenta una pena de 8 años de cárcel por compartir en twitter su propia tesis. En Pakistán, las sanciones impedirían que los estudiantes estudien documentos académicos, lo cual es permitido actualmente por la ley local.

Actualmente, más del 90% de las regalías producto del derecho de autor van a empresas y no a los individuos que los generaron. Farida Shaheed, representante de Naciones Unidas, manifestó recientemente que “la protección de la autoría difiere de la protección de los derechos de autor” y recomienda a los Estados ampliar las excepciones y limitaciones a los derechos de autor “a fin de potenciar la nueva creatividad, mejorar las contrapartidas que reciben los autores, aumentar las oportunidades educativas, preservar un espacio para la cultura no comercial y promover la inclusión y el acceso a las obras culturales”.

Creative Commons Ecuador cree que nuestro modelo de propiedad intelectual debe facilitar la construcción de un sistema de gestión del conocimiento que desarrolle la actividad creativa y la innovación social; facilite la transferencia tecnológica, el acceso al conocimiento y la cultura; y disminuya la brecha de conocimiento.

Más información

Un amigo tiene un amigo… que trabaja con la SENAIN

Y me están buscando. Que me cuide me dijo mi amigo, que me andan «haciendo inteligencia». Meses atrás, en un lugar de Ecuador de cuyo nombre no quiero acordarme tuve una conversación con alguien que trabajó en la Secretaría de Comunicación (SECOM), fiel al régimen. No veía nada de extraño en lo que hacía, me confesó que trabajan con la Secretaría Nacional de Inteligencia (antigua SENAIN) espiando en la Asamblea Nacional, que también espiaban reporteros. «Es que te toca», «clarof» le interpelaron. Normal.

Confirmé el chisme—claro, esto no puede ser otra cosa— cuando adiviné esta semana quién exactamente era el amigo de mi amigo, la soplona que le contó que me seguían. Fácil. Trabaja en la SECOM. Raro también que todo se de inmediatamente después de que yo publicara una crítica a la SECOM en este blog, una crítica que a la fecha no llega a las 300 visitas.

¿Y la orden del juez? ¿Y la causa aparente? No hace falta, toda disidencia es traición.

Para eso drones y satélites, para eso explotar «todos los dispositivos móviles«, para eso el software de reconocimiento facial y de voz, para eso el monitoreo de redes sociales, el ataque a computadores, los 79 millones anuales y las casi 400 personas de la Secretaría de Inteligencia.

Para mí solito.

¿Qué pensará Chomsky?

Cerca de las 16:00 prendí mi computadora y revisé las notificaciones de mi RSS, José Hernández había escrito «Ellos son los dueños de todo». Fui directo al primer enlace y me encontré con esta carta:

carta secom fundamedios 1

…

Esto parece ser un avance porque tiempo atrás, cuando se abusaba del derecho de autor para censurar contenido en Internet a nombre del Estado, se nos aseguraba que esto no era así. Esto pese a que debido a argucias legales, el único que pudo haber solucionado ese problema era, efectivamente, el Estado. Las instituciones a nombre de quienes se realizaban las reclamaciones debían impedir su mal uso por parte de Ares Rights. Sino se puede afirmar que hubo censura por su acción, al menos sí la hubo por omisión. Y todo iba bien este negocio hasta que, en este mes, WordPress le ganó a Straight Pride UK y, por prácticas similares a las de Ares Rights, este tuvo que pagar la módica suma de US$ 25000.

Ahora, vemos una nueva forma de abuso del derecho de autor, pero resulta que en este caso viene de mano directa de la Secretaría de Comunicación. ¿Qué es diferente? Tal vez el tipo intimidatorio, la SECOM sabe muy bien que si quiere eliminar ese tuit lo que debe hacer es dirigir la reclamación a Twitter, Inc., pero en este caso han preferido dirigirse directamente a FUNDAMEDIOS, que borren el tuit o iniciarán «acciones legales pertinentes de conformidad a nuestro ordenamiento jurídico vigente».

Claro, la actual ley de propiedad intelectual en su artículo 83, numeral j permite «la parodia de una obra divulgada, mientras no (…) ocasione daño a la obra o a la reputación del autor, o del artista intérprete o ejecutante, según el caso». Honestamente pienso que un tuit, en particular el tuit en cuestión, poco o nada puede dañar la reputación de una Secretaría Nacional, pero tal vez la SECOM y yo discrepemos, después de todo ellos piensan que cuando uno dice algo, no lo dice.

Uno debe poder burlarse de las cosas, el derecho de autor tiene limitaciones y excepciones, y así lo reconoce la nueva propuesta de ley de propiedad intelectual que se está trabajando en SENESCYT para reemplazar a la actual. Las limitaciones y excepciones son mucho más acentuadas que en la ley del ’98, incluyendo el derecho a la libre expresión, expresado mediante la parodia —en las limitaciones y excepciones a los derechos patrimoniales: «La sátira, pastiche o parodia de una obra divulgada, siempre que se ajuste a las reglas de estos géneros».

Pero la SECOM no sólo tiene el ojo puesto en la ley de derecho de autor, también le recuerda a FUNDAMEDIOS que según el numeral 6 de su estatuto, la fundación «no podrá ejercer asuntos de carácter político», entiéndase que esto es meterse en la vida pública. Yo no soy la persona adecuada para realizar un análisis jurídico de la existencia de esta clausula. Solo diré que sé que debe estar ahí porque sino, dadas las condiciones que presenta el Estado ecuatoriano mediante el Decreto 16, no se admitiría su existencia.

Y es en este punto de mi vida que me acordé de Noam Chomsky, el héroe de las izquierdas. Chomsky, quien cree que todos los poderes deben estar sujetos a un control democrático por parte de todas las personas. Chomsky, quien es un crítuco acérrimo de que los medios de comunicación obtengan su información directamente del «gobierno, las empresas y los ‘expertos’, información, por lo demás, financiada y aprobada por esos proveedores principales y otros agentes de poder». Ese Chomsky que dijo acertadamente que «si no creemos en la libertad de expresión para las personas que despreciamos, no creemos en ella en absoluto».

Me acordé de la entrevista que le realizó Bill Moyers, y lo que dijo el lingüista respondió cuando se le preguntó por qué pensaba que Reagan era un personaje (trágicamente) interesante:

Desde un punto de vista quien percibe a la democracia como un problema que hay que superar, y ve la solución correcta en ser líderes con visión futurista con una clase especializada de administradores sociales — desde ese punto de vista, debe encontrar los medios para marginar al público (…) Reducéndolo a la apatía y la obediencia, permitiéndole participar en el sistema político, pero como consumidores, no como participantes verdaderos. Les permites tener un método para ratificar las decisiones que otros hacen pero eliminas los métodos por los que podrían, en primer lugar, informarse a sí mismos; segundo, organizarse; y tercero, actuar de una manera que realmente permita controlar la toma de decisiones. La idea es que nuestros líderes nos controlan, no que los controlemos (…) Hemos dado un gran paso en esa dirección.

Si Chomsky leyera la carta de la SECOM a Fundamedios ¿qué pensaría?