Opinión y Análisis

by Andrés Delgado on Opinión y Análisis

El cáncer institucional

Después del feriado bancario, mi familia emprendió. En esa época no se trataba de formar un start-up, ir a una incubadora o buscar inversionistas ángeles, era cuestión de llevar la comida a la olla. En la mesa del comedor, cortamos papel cometa para hacer piñatas y ollas encantadas, fabricamos troqueles para vender invitaciones de cumpleaños, pegamos las lengüetas de las cajas donde entran los medicamentos, pintamos cajas de balsa, hicimos chocolates, vendimos teléfonos antiguos que mi primo adaptaba de unos cuantos que todavía funcionaban con disco. Sobrevivimos, al final del día, gracias a una micro-empresa de productos para transporte de vacunas. Esa es mi experiencia trabajando en el sector privado, la empresa familiar.

Con esfuerzo de mis padres, y gracias a una beca de la universidad, pude acabar mi carrera de médico y empezar a trabajar. El último año de medicina —el internado— te lo pasas metido en un hospital, rotas entre médico, secretario y enfermero. Lo que haga falta. Tienes un sueldo modesto y, como pasante, recibes también las últimas lecciones y pruebas antes de ir sólo al año de rural. Dos de los doce meses de internado, sales del hospital asignado y haces una «prerrural», haces de interno en alguna zona remota del país, a mí me tocó —gracias a un convenio que mantiene con mi universidad— el Hospital Claudio Benati, en Zumbahua un poco más allá de Pujilí. Esos dos meses fueron un paréntesis en la vida de médico porque, durante ese poco tiempo, sentí lo que era trabajar en el sector privado.

Cuando uno está en el hospital público o en el centro de salud, le dice a la gente qué tiene y cómo hacer para seguir con su diagnóstico o tratamiento, uno les da información y el sistema de salud se encarga de proveer medicamentos y exámenes. Sé que a veces hay escasez, pero en mi experiencia, siempre se pudo abastecer. Zumbahua era diferente porque el ciclo se rompía en los bolsillos del paciente. Una paciente recorrió setenta y cinco kilómetros desde La Maná, para contarnos desesperada sobre lo que resultó ser una infección renal, ella ya no podía con el dolor. Le receté algo para el dolor y un antibiótico porque, de no tratarse, ese cuadro se podía complicar. Y eso fue todo, sólo tenía para regresar.

El corazón todavía se me encoge cuando pienso en ella, en la madre que «abandonó» por unos días a su hijo en el hospital —porque sino ¿quién iba a cuidar de los otros seis que tenía en casa?—, en los ancianos que se veían abandonados por sus hijos y a los niños que visitábamos porque su desnutrición no les permitía progresar. Los cuadros de tuberculosis, el cáncer infantil que se llevó a mi paciente Carlita, y mil cosas más… El sistema público de salud está para toda esa gente que no puede, así quiera, tener atención de calidad.

Pero un cáncer se apropia lentamente de este y otros tantos servicios públicos, es el cáncer institucional. Es esa creencia de que sólo quien piensa igual puede ser parte del sistema que brinda gratuitamente salud a la sociedad. Este cáncer busca suprimir la actitud beligerante y cuestionadora que es un elemento fundamental de la evolución social: “el servidor público que no está de acuerdo con este gobierno, que renuncie”, ellos le llaman coherencia, nosotros los médicos tenemos otra palabra para eso: negligencia.

Bajo ese pretexto de «lealtad institucional» se esconde una actitud irresponsable, la que dice que el jefe de piso no se puede equivocar, que nos impide mostrarle exámenes que contradigan su diagnóstico o evidencia actualizada que refute el tratamiento que prescribe. Si no te gusta todo lo que dice el jefe, te me vas. Ese juego del todo o nada, que simplemente riñe con la realidad. Pedir a los servidores públicos que renuncien, como si trabajar para la gente fuera una gracia que nos da el Estado —y no su propia necesidad— es brutal.

Gracias Denisse, gracias por no renunciar.

by Andrés Delgado on No Violencia, Opinión y Análisis

La confusión de los que no están de «luto»

Me llegó un correo de Somos Más. Me pide que lea un artículo de Daniel Bravo titulado «La confusión de los que están de «luto»», dice así:

Acabo de pasar con mi carro por la tribuna de los Shyris y uno de los protestantes pedía a los conductores que piten (en señal de protesta). Mientras me le acercaba, me quedó viendo y al percatarse que yo no pitaba, me hizo “yuca” y me gritó RAAATA!! Sonreí y me dije a mi mismo una vez más: Daniel, estás del lado correcto.

No he ido un sólo día a las marchas, me invitaron como a todos los servidores públicos pero no fui. Pero en todo caso tengo amigos que están en ambos «lados» y todos están en lo correcto, Daniel. Están en lo correcto porque la política democrática no es una cuestión de lateralidad, sino de acciones basadas en diálogo. El único equivocado —en ese juego de gobernarnos los unos a los otros— es el que no escucha. Mal por el que te insulta, sí. Pero también mal por el que dice que no hay «nada de que arrepentirse», el que anuncia que no se dará «ni un paso atrás». ¿Estás del lado correcto, David?

De los gritos que alcancé a escuchar, la mayoría eran insultos en contra del Presidente y en contra de los servidores públicos que ellos llaman peyorativamente: borregos o sanducheros.

A mí me hicieron una broma hoy, estábamos en el desayuno familiar por el día del padre y me preguntaron si yo iba a poner los sanduchitos. No es justo que uno tenga esa fama y, como tú, no he hecho nada para merecerla. Pero he visto que se reparten sánduches en las marchas. Fredy Lobato, quien aportaba con su diezmo político a Alianza País, lo denunció en un tuit. Su programa de radio en Radio Pública de Ecuador salió del aire esa misma semana. ¿Borrego? Nunca me lo han dicho, pero entiendo la inconformidad de la gente con sus mandantes, no necesariamente con el servidor público de a pie, sino con asambleístas que dicen estar atadas de manos por orden del presidente. Por la forma en que el Consejo Nacional Electoral y la Corte Constitucional anulan cualquier pedido de consulta popular o revocatoria, ahora que los niveles de popularidad del presidente han bajado. Por los procesos legales donde las instituciones del Estado son juez y parte, entendería si alguien que me identifique con el Estado me dice «borrego». No todos estamos en ese costal, pero habrá que demostrarlo con actos ¿no es verdad?

Actitudes como estas se repiten todos los días en las calles y en las redes sociales.

Las redes son un hervidero de violencia. Desde ambos lados —el correcto y el correcto— ha asomado gente inescrupulosa a insultar, perseguir e insultar. Seguramente lo has experimentado o conoces a alguien que lo ha hecho. A mí también me han hecho lo mismo, en una ocasión el ministro del interior quiso asociar un pedido de respetar el debido proceso que le hice con lo que le salió de la barriga. En otra ocasión, el editor del diario público financiado mediante mis impuestos me acusó de sanduchero y borrego. Estoy de acuerdo contigo en que esto no debe ser así.

Me pregunto si esos agresores conocerán a todos los 400.000 servidores públicos, incluidos a los médicos que curan sus enfermedades, a las maestras que educan a sus hijos o a los policías que protegen su integridad. Sabrán que detrás del cargo (incluido el de Presidente) está un ser humano que a pesar de todo se merece respeto. Me pregunto cómo se sentirán las hijas de Rafael Correa cuando escuchan todas las humillaciones que recibe su padre. Qué pensará la madre del Presidente cuando ve que a su hijo lo presentan como el mismísimo diablo. Cómo se sentirá él mismo cuando después de un largo día de trabajo es amenazado de muerte por redes sociales. Es eso justo?

Me parece totalmente acertado humanizar las protestas que defienden al gobierno, pero te invito a hacer lo propio con aquellos que están del otro lado. Por ejemplo, podríamos leer cómo se sintió el abogado de Derechos Humanos, Juan Pablo Albán, tras ser hostigado en uno de los enlaces ciudadanos. Podríamos escuchar lo que sintió la periodista Bethany Horne, cuando supo que la estaban investigando agentes de inteligencia sin contar con una orden judicial —como también me pasó a mí— o cuando recibió amenazas de muerte. La diferencia es que esta gente no tiene a toda la policía movilizándose tras una llamada, no tiene francotiradores que le cuiden la espalda, no puede llamar al Presidente del Consejo de la Judicatura a su gabinete de seguridad. El presidente puede sentirse mucho más tranquilo que cualquiera de estas personas aún cuando lo amenazan de muerte por esta y muchas otras razones. El respeto es una calle de doble vía.

[…]

Gritan “borregos”, “sanducheros”, “asalariados”; denigrando la decencia de las personas sin conocerlas. Sabrán que el servicio público es una vocación de servicio; que aquí no se trabaja para llenar los bolsillos de una persona sino se trabaja para garantizar los derechos de todas y todos. O será que los insultadores tienen envidia y en el fondo quieren ser “borregos”. Tengo amigos opositores que siempre me dicen: “consígueme trabajo en el gobierno y hablo bien”. Yo siempre les respondo que se queden nomás donde están, porque aquí no queremos veleros que se muevan tal como sople el viento. Es más, algunos conocidos son opositores acérrimos y han recibido una beca completa de la SENESCYT. Que querrán, que el gobierno también les pase los exámenes?. Están confundidos.

Poner a toda la gente que exige uno o más cambios al gobierno actual en el mismo saco es ser cínico. A mí me molestan mucho las violaciones a los Derechos Humanos, me apena el futuro de nuestros tesoros naturales y me parece denigrante el control de las comunicaciones que se da por parte del Estado, pero estoy de acuerdo en las políticas de redistribución y en cierto nivel de proteccionismo, porque creo que la mano del mercado es invisible pero también inútil. No todos corren con mi suerte, me ha tocado trabajar en una institución de puertas abiertas. A personas que tienen causas similares a las mías no se le ha dado oportunidad al diálogo, se los ha insultado y calumniado, diciendo que tienen una agenda oculta con grupos de «izquierda infantil» o «extrema derecha».

La calidad moral de la gente que se ha declarado en resistencia no puede ni debe ser definida por tus amigos, sino que debe ser escuchada un caso a la vez. Lo que está sucediendo ahora mismo es el resultado de cerrar la puerta a esos pequeños diálogos. Cuando grupos pequeños que no tienen poder no tienen capacidad de negociación, suceden cosas funestas. Suceden alianzas indeseables, suceden protestas en las que sale perdiendo la gente de «ambos lados». Cuando no hay capacidad de negociación, lo extremista empieza a parecer razonable. Y entonces tienes a Lasso y a Nebot como opciones viables porque ustedes —los que piensan que toda la oposición está en el mismo saco y no vale la pena escuchar a nadie— los pusieron ahí.

[…]

Pienso que en el mundo hay mucho egoísmo y eso es lo que están demostrando los que están de “luto”.

Egoísmo es no querer compartir el poder. El presidente dijo en el enlace ciudadano número cuatrocientos algo, en Milán, que los empresarios «lo estaban chantajeando». Sea que hayan manipulado a medios de comunicación, exagerado las leyes sobre herencias y plusvalías, el punto es que un grupo de mandantes consiguió ser escuchado por el presidente. El problema no es ese. El problema es que el gobierno ha cerrado los espacios para que sólo ese tipo de gente pueda «chantajear» al presidente, exclusivo tomador de decisiones definitivas en el país. Cuando ni el presidente debería ser quien decida todo ni los empresarios los únicos que puedan sentarse a negociar con él.

En los últimos años, en el Ecuador 1.500.000 personas salieron de la pobreza. La clase media se ha incrementado, los ricos siguen siendo ricos; pero parece que el imperativo es llevar un estilo de vida de estrella de hollywood, como si ese fuera el objetivo social. Se les olvida que vivimos en sociedad y por ende todos somos responsables de nuestro destino (algunos más que otros). Si la pobreza incrementa, proporcionalmente aumenta la violencia, la inseguridad, la contaminación del medio ambiente, el dolor. Es fácil decir “la solución es crear más riqueza”, pero de nada sirve tener más empresas si sus empleados apenas cubren sus necesidades básicas y no pueden garantizar un mejor futuro a sus hijos. Qué justicia puede haber cuando una persona hereda 1 millón de dólares y la otra persona hereda pobreza, desnutrición y subdesarrollo.

De acuerdo. También es importante cuidar puertas adentro la calidad del gasto, facilitar mecanismos para denunciar la corrupción y transparentar más al Estado, evitar la concentración de poder, entre otras cosas.

En la marcha de “protesta” que acabo de ver no estaba el pueblo porque el pueblo es sabio. Estaba un grupo de confundidos que creen que el mundo es sólo para ellos y no entienden el concepto de justicia social. Como dice un pana “por el bien de todos, primero los pobres”.

Tal vez tengas razón, pero últimamente hubo tantas protestas (sin comillas) que es imposible tener los ojos en todas, y hay pobres también.

by Andrés Delgado on Opinión y Análisis

Estado, medios de comunicación y corrupción

¿Cuándo el periodismo se convirtió en cosa de hackers?

Las semanas pasadas sonó mucho el tema de la corrupción en el gobierno. «Hay que depurar Alianza PAIS @mashirafael» le decían al presidente en twitter. Todo después de sacar a la luz el caso de la asambleísta Esperanza Galván, la esmeraldeña pidió a un contratista cerca de 800 mil dólares «usando el nombre del vicepresidente Jorge Glas». Lo recalcaron, como si ese hubiese sido el delito. La parte acusadora estuvo representada por Alexis Mera y, por supuesto, Glas. 1800-SOYHONESTO y sanseacabó: manos limpias, corazones ardientes.

El presidente hizo el llamado a no ser corrupto y denunciar a quien lo es ¿se supone que la «línea caliente» es la prueba fehaciente de que hay un compromiso del Estado por luchar contra la corrupción? David Rosero, actual presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, diría que no. El consejero culpa a la mayoría oficialista en esa entidad de archivar nueve de cada diez denuncias de corrupción.

Como ciudadano, también me pregunto con cuánta seriedad debo tomar el compromiso de luchar contra la corrupción que pregona el gobierno. Me viene a la mente el reajuste de 600 millones de dólares (750 veces la cantidad solicitada supuestamente por Galván) en el proyecto Coca Codo Sinclair. Me quedé con la curiosidad de saber qué mismo pasó con ese caso. Diario El Comercio hace una investigación bastante buena —lo digo porque la redacción permitía realizar la verificación de las fuentes— y publicó las cartas donde solicitó aclaraciones al gobierno sobre el reajuste. El Estado no respondió, lo obligó a retractarse.

¿Habrá que llamar al 1800-769466 para preguntar por ese caso? ¿No inauguraron en 2007 un 1800-YABASTA?

Las denuncias de corrupción funcionan únicamente cuando se garantiza seguridad a dos actores: quien denuncia y quien publica. En Ecuador, existe un alto nivel de persecución a disidentes políticos, puede que el Estado no sea el responsable directo pero hay un nivel de confrontación tan alto que cualquier potencial denunciante tiene muchísimas razones para temer represalias. Basta recordar lo sucedido con Crudo Ecuador donde frontalmente se admitió que Juan Gabriel, quien administraba estas cuentas de redes sociales, no estaba cometiendo ningún delito pero se desarrolló una genuina cacería humana que terminó en una amenaza que la policía no consideró lo suficientemente importante. José Serrano dijo que se investigaría el caso, Crudo Ecuador respondió que volvería a publicar cuando tenga garantías. Sigue sin publicar.

Es en este tipo de escenario donde la protección de la fuente corre por responsabilidad de los medios de comunicación, estos medios no tienen necesidad de contratar costosos bufetes de abogados, lo único que tienen que hacer es asegurarse de que no se pueda identificar a la fuente al tiempo que se pueda verificar la autenticidad de los documentos en base a los cuales se realizan las denuncias.

Washington Post, ProPublica, The Intercept… todos estos medios usan buzones seguros que garantizan el anonimato de la fuente y facilitan el envío de archivos. Usan SecureDrop, un sistema de software libre y gratuito que podría ser implementado todos y cada no de los diarios que funcionan en Ecuador, especialmente en medios digitales (esto debido a que el costo de mantener un medio digital es menor y permite un financiamiento menos centralizado. Un diario más proclive a reflejar la opinión pública y no aquella de un grupo de poder específico, véase Gkillcity.com). También se puede brindar una mejor protección a las fuentes si los periodistas usan herramientas de cifrado en sus comunicaciones: correos, chat, voz sobre IP y servicios de mensajería.

Contacté a Diario La Hora al respecto, no ha respondido. Un articulista de El Comercio me supo decir que, en su diario, los periodistas que manejan temas delicados usan correos cifrados. Esto es una muy mala idea porque, si yo fuera un agente de inteligencia corrupto, identificaría a los periodistas que tienen correos cifrados para seleccionarlos como «objetivos». Estaría más pendiente de sus encuentros y, por tanto, es mucho más probable que me encuentre con sus fuentes. Todos los periodistas de un determinado medio deben estar en capacidad de ofrecer comunicaciones seguras a sus potenciales fuentes, además deben usarlas rutinariamente para lograr que el espionaje ilegítimo a medios de comunicación sea costoso e ineficiente.

Los periodistas, en esta época digital, deben aprender de inteligencia, deben simular encuentros para confundir a quienes los siguen y no comprometer a sus fuentes, identificar cuando pueden ser víctimas de un ataque informático y, muy seguramente, deberán aprender a usar las mismas herramientas que utilizan algunos criminales para poder defenderse dentro del estado totalitario que hoy es internet. Deben aprender sobre la web profunda y no precisamente por las mismas razones.

Si se implementan estos sistemas, todavía nos queda un vacío, y es la protección al periodista y al editor que publican las noticias. Se aceptan sugerencias ante la indefensión.

by Andrés Delgado on Internet, Opinión y Análisis

Código INGENIOS: El control de la SENESCYT sobre Internet

Esta es una réplica a la entrevista de Solines en Radio Visión

Juan Carlos Solines fue uno de los cuarenta (40) expertos en el mundo que integraron el Grupo de Trabajo sobre Gobernanza de Internet que fuera conformado por la ONU. En 2009 fue nuevamente designado por las Naciones Unidas como miembro del Consejo Asesor del Foro de Gobernanza de Internet y actualmente ostenta, según su biografía de Facebook, la presidencia del Comité de Tecnología de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana.

Esto, junto a su experiencia como expresidente del Consejo Nacional de Telecomunicaciones, lo acreditaron como experto para criticar una propuesta de ley que se está trabajando en la SENESCYT —el código ‘Ingenios’ o ‘COESC’ por sus siglas. La entrevista puede ser escuchada en este enlace. La propuesta de ley toca los temas de propiedad intelectual y parcialmente su tratamiento en Internet.

El otro ‘experto’ a tratar el tema, en este caso y a falta de mejor recurso, seré yo. A diferencia de Solines, mis credenciales poco o nada pueden decir sobre nuestros intereses comunes —el tema de propiedad intelectual en la era digital y la sociedad de la información— empero yo  he sido uno de los culpables de esta propuesta de ley, sobretodo en la parte relativa al entorno digital. Cómplice, mas no responsable, ya lo explicaré más adelante. Declaro, además, conflicto de intereses puesto que trabajo en la SENESCYT, aunque no lo hago en un puesto jerárquico y esto no ha influenciado nunca mi postura política (y quien lea mi blog o me siga en redes sociales sabe bien eso). Esta no será la excepción, aclaro pues que (1) no hablo a nombre de la institución que me emplea y (2) todo lo que diga aquí puede ser usado en mi contra.

El conocimiento como bien público

Solines abre la entrevista declarando que este proyecto de ley se enmarca en el “proyecto de control de todos los espacios de la sociedad”, al considerar al conocimiento como un bien público, “lo mismo que hizo en comunicación”. El abogado cita el caso de diario La Hora —sancionado por no cubrir la rendición de cuentas del alcalde de Loja— y declara: «ya sabemos lo que este gobierno persigue». Argumenta que bajo la bandera de «democratizar el conocimiento» se esconde otro gran mecanismo de control, esta vez para cerrar el círculo e incluir el control sobre Internet. No voy a defender al gobierno sobre su intervención en los medios de comunicación, porque creo que está mal hacerlo.

Un «bien público» tiene dos acepciones, una administrativa y otra económica —en la que el conocimiento es el ejemplo de libro. Es totalmente comprensible que se tema que una ley que declara al conocimiento como «bien de interés público» pueda ser usada para ejercer control. Pese a ello, es importante aclarar que en el mismo artículo donde se realiza esta declaración, se manifiesta que el acceso al conocimiento «será libre y no tendrá más restricciones que las establecidas en la Constitución, los tratados e instrumentos internacionales y la Ley». Adicionalmente, en el desarrollo del articulado, como admite el mismo Solines, se reconoce el respeto a tratados internacionales y a las normas mínimas de propiedad intelectual establecidas por la Organización Mundial de Comercio, esto debería ser suficiente para bajar las alarmas de cualquier persona cuyo negocio involucre la gestión del conocimiento, además garantiza la libertad de investigación, lo cual debería tranquilizar a quienes se dedican a la ciencia. Esta específicamente no es mi área y creo que merece un análisis más profundo de un verdadero experto en el tema de propiedad intelectual, sobre internet hablaré más adelante.

Meterle mano a la innovación

Solines continua haciendo uso de otros casos de control para argumentar contra el proyecto de ley: «Ya sabemos lo que este gobierno persigue, por lo que ha hecho (…) ahora le quieren meter la mano a la innovación». Aquí es donde, a mi parecer, convendría hacer más un acercamiento a las políticas de innovación que ha ejercido el órgano rector, la SENESCYT, a comparación de lo que ha ocurrido en otros sectores. La Secretaría ha iniciado apoyo a la innovación de varias maneras, su programa banco de ideas, regala capital no reembolsable a proyectos innovadores y, mediante la acreditación de incubadoras públicas y privadas, garantiza la asesoría en temas de propiedad intelectual. Existen más de dos mil proyectos en la página web del banco de ideas y, desde un inicio, se aconsejó a los usuarios no compartir información que pudiera ser objeto de propiedad intelectual a fin de asegurar su independencia. Seamos claros, de haber querido hacerlo, SENESCYT ya se hubiera podido apropiar de muchos proyectos innovadores, no lo ha hecho.

Tampoco es cierto que la Secretaría ha derrochado en universidades experimentales y no ha brindado apoyo a los centros de investigación ya establecidos en las universidades existentes, las convocatorias de investigación que realiza la SENESCYT permiten que cualquier institución pública o privada aplique para recibir esos fondos de investigación. Adicionalmente al financiamiento, los programas de movilidad académica han permitido que los profesionales existentes en dichas instituciones vayan a estudiar al extranjero —mejorando el nivel de la investigación local— y ha creado nexos con investigadores internacionales que han venido a trabajar directamente en instituciones de educación superior mediante el programa Prometeo.

Finalmente Solines menciona que el proyecto de ley incluye la creación de una nueva secretaría que actuaría como mecanismo de control, pero creo que eso es una confusión de su parte.

El control sobre internet

‘Ingenios’, como se rebautizó al código, incluye unos pocos párrafos acerca de Internet.

El acceso universal, libre y seguro al conocimiento en entornos digitales se constituye como un derecho de los y las ciudadanas.

El Estado generará las condiciones necesarias para garantizar progresivamente la universalización del acceso a las tecnologías de la información y comunicación, priorizando el uso de tecnologías libres, bajo los principios de: soberanía tecnológica, seguridad, neutralidad de la red, acceso libre y sin restricciones a la información y precautelando la privacidad. Estas condiciones serán respetadas sin perjuicio del proveedor del servicio. Los organismos de control competentes vigilarán que se cumplan con estas condiciones.

La conexión a Internet se constituye en un servicio básico, en consecuencia, responderá a los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad internacional.

Estos párrafos son los vestigios de una propuesta para la Gobernanza de Internet escrita posterior a una consulta a varios grupos de sociedad civil, que es donde yo jugué el rol de mediador y compilador. Entre las asociaciones consultadas estuvieron la Asociación para el progreso de las comunicaciones (APC), la Asociación de Software Libre de Ecuador, la Asociación de  Usuarios Digitales, la Red Infodesarrollo, expertos internacionales de la talla de Jeremie Zimmermann y Jacob Appelbaum, entre otros.

La aseveración de Solines de que se quiere «cerrar el círculo para controlar [también] a Internet» mediante ‘Ingenios’ no tiene fundamento. Especialmente si se considera su concepción y elementos que, como todo el proyecto de ley, están a la vista del público, en una wiki, receptando comentarios de todo el mundo, desde hace un año. Cierto es que puede parecer que algunas de sus atributos positivos, como señala Solines, no estén desarrollados como se debería y que parecen estar «de boca para afuera». La neutralidad de la red —para citar su propio ejemplo— carece de una definición, y es una crítica que comparto parcialmente. A mi entender, la ley contará con un glosario y será donde se desarrollen algunos de estos conceptos.

«Vivimos en la sociedad del remix»

Dijo Solines, y posterior a ello prácticamente realizó una defensa del proyecto de Ley, enfatizando elementos importantes en el proceso de generación de conocimiento:

Nuestra creatividad humana -que no depende de gobiernos o tendencia política- en el siglo XXI se ve potenciada por la gran cantidad de información a la que tenemos acceso. Esta es la cultura del remix, todas las creaciones artísticas son producto de una mezcla de tendencias que tenemos a mano hoy en día. Hoy entramos a Internet y tenemos todo lo que se nos pueda ocurrir, y eso nos da acceso a la mezcla.

Las limitaciones y excepciones al derecho de autor, también contemplados en los tratados internacionales, son absolutamente necesarios para el florecimiento de la ciencia y la cultura. Y esto es precisamente la característica fundamental de ‘Ingenios’. Que ¡por fin! vamos a tener un régimen de limitaciones y excepciones al derecho de autor, vamos a poder acceder libremente a textos en las bibliotecas, vamos a fomentar la transformación de formatos para que los discapacitados accedan a la cultura, y aún más importante, vamos a incorporar el derecho a la sátira. El derecho de autor no podrá ser usado como una herramienta de censura en Ecuador.

Cierto es que la ley no es perfecta, algunos de los reclamos hacen alusión a cambios realizados en la ley posterior al acuerdo de libre comercio que Ecuador logró con la Unión Europea. Pero esto resulta paradójico considerando la posición ideológica que sostiene Solines al respecto. Yo también quisiera que sea un juez, y no una unidad administrativa, la que decida en ciertos casos, pero esas son las reglas del libre comercio que el abogado, en otros ámbitos, defiende.

Léase también:

 

by Andrés Delgado on Opinión y Análisis

Asamblea Nacional, no encarceles a los piratas

Este texto se publicó originalmente en Creative Commons Ecuador

“La OMC debe seguir eximiendo a los países menos adelantados de cumplir
las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC hasta que alcancen
un nivel de desarrollo tal que dejen de pertenecer a ese grupo de países”
Relatora Especial de Naciones Unidas sobre Derechos Culturales

El día de hoy se discuten en la Asamblea nuevas reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) que incluirán penas de cárcel para aquellos que “fabriquen o comercialicen a escala comercial productos falsificados”. Esto se da pocos días después de que Estados Unidos publicara su lista de vigilancia especial sobre violaciones a los derechos de propiedad intelectual donde colocó a Ecuador dentro de su lista negra:

“La actual falta de procedimientos y sanciones penales invita a grupos transnacionales de crimen organizado que se dedican a la piratería y la falsificación de marcas a ver a Ecuador como un refugio seguro”, señala el informe.

Hace tiempo ya Farida Shaheed, Relatora Especial de Naciones Unidas sobre Derechos Culturales, advirtió que “no se debe suponer que las empresas titulares de derechos representan los intereses de los autores”. Según Jeremy Malcolm, analista de políticas globales de EFF, esta publicación se basa en un proceso opaco que se hace eco de los deseos de algunos miembros de la industria privada, de hecho, el Informe está indebidamente influenciado por un pequeño número de asociaciones de la industria de gran alcance. Otras partes interesadas, como los grupos de interés público, tienen un tiempo extremadamente corto para presentar comentarios y no se les da la oportunidad de responder a las conclusiones finales del informe.

La Organización Mundial del Comercio (OMC), establece que los Estados miembros no pueden determinar unilateralmente que otro país han incumplido sus obligaciones comerciales. Estas tácticas de intimidación, usualmente generan la imposición de penas en los países atacados, generando sanciones unilaterales de facto. Las consecuencias son, a menudo, más graves de lo que uno imagina, transgrediendo otros derechos humanos.

Anastasia Denisova, activista de los derechos humanos en Rusia, fue atacada por los fiscales utilizando las sanciones penales al derecho de autor. La policía entró a su departamento e incautó todos sus computadores con este pretexto. Diego Gómez, biólogo colombiano, enfrenta una pena de 8 años de cárcel por compartir en twitter su propia tesis. En Pakistán, las sanciones impedirían que los estudiantes estudien documentos académicos, lo cual es permitido actualmente por la ley local.

Actualmente, más del 90% de las regalías producto del derecho de autor van a empresas y no a los individuos que los generaron. Farida Shaheed, representante de Naciones Unidas, manifestó recientemente que “la protección de la autoría difiere de la protección de los derechos de autor” y recomienda a los Estados ampliar las excepciones y limitaciones a los derechos de autor “a fin de potenciar la nueva creatividad, mejorar las contrapartidas que reciben los autores, aumentar las oportunidades educativas, preservar un espacio para la cultura no comercial y promover la inclusión y el acceso a las obras culturales”.

Creative Commons Ecuador cree que nuestro modelo de propiedad intelectual debe facilitar la construcción de un sistema de gestión del conocimiento que desarrolle la actividad creativa y la innovación social; facilite la transferencia tecnológica, el acceso al conocimiento y la cultura; y disminuya la brecha de conocimiento.

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