Después del feriado bancario, mi familia emprendió. En esa época no se trataba de formar un start-up, ir a una incubadora o buscar inversionistas ángeles, era cuestión de llevar la comida a la olla. En la mesa del comedor, cortamos papel cometa para hacer piñatas y ollas encantadas, fabricamos troqueles para vender invitaciones de cumpleaños, pegamos las lengüetas de las cajas donde entran los medicamentos, pintamos cajas de balsa, hicimos chocolates, vendimos teléfonos antiguos que mi primo adaptaba de unos cuantos que todavía funcionaban con disco. Sobrevivimos, al final del día, gracias a una micro-empresa de productos para transporte de vacunas. Esa es mi experiencia trabajando en el sector privado, la empresa familiar.
Con esfuerzo de mis padres, y gracias a una beca de la universidad, pude acabar mi carrera de médico y empezar a trabajar. El último año de medicina —el internado— te lo pasas metido en un hospital, rotas entre médico, secretario y enfermero. Lo que haga falta. Tienes un sueldo modesto y, como pasante, recibes también las últimas lecciones y pruebas antes de ir sólo al año de rural. Dos de los doce meses de internado, sales del hospital asignado y haces una «prerrural», haces de interno en alguna zona remota del país, a mí me tocó —gracias a un convenio que mantiene con mi universidad— el Hospital Claudio Benati, en Zumbahua un poco más allá de Pujilí. Esos dos meses fueron un paréntesis en la vida de médico porque, durante ese poco tiempo, sentí lo que era trabajar en el sector privado.
Cuando uno está en el hospital público o en el centro de salud, le dice a la gente qué tiene y cómo hacer para seguir con su diagnóstico o tratamiento, uno les da información y el sistema de salud se encarga de proveer medicamentos y exámenes. Sé que a veces hay escasez, pero en mi experiencia, siempre se pudo abastecer. Zumbahua era diferente porque el ciclo se rompía en los bolsillos del paciente. Una paciente recorrió setenta y cinco kilómetros desde La Maná, para contarnos desesperada sobre lo que resultó ser una infección renal, ella ya no podía con el dolor. Le receté algo para el dolor y un antibiótico porque, de no tratarse, ese cuadro se podía complicar. Y eso fue todo, sólo tenía para regresar.
El corazón todavía se me encoge cuando pienso en ella, en la madre que «abandonó» por unos días a su hijo en el hospital —porque sino ¿quién iba a cuidar de los otros seis que tenía en casa?—, en los ancianos que se veían abandonados por sus hijos y a los niños que visitábamos porque su desnutrición no les permitía progresar. Los cuadros de tuberculosis, el cáncer infantil que se llevó a mi paciente Carlita, y mil cosas más… El sistema público de salud está para toda esa gente que no puede, así quiera, tener atención de calidad.
Pero un cáncer se apropia lentamente de este y otros tantos servicios públicos, es el cáncer institucional. Es esa creencia de que sólo quien piensa igual puede ser parte del sistema que brinda gratuitamente salud a la sociedad. Este cáncer busca suprimir la actitud beligerante y cuestionadora que es un elemento fundamental de la evolución social: “el servidor público que no está de acuerdo con este gobierno, que renuncie”, ellos le llaman coherencia, nosotros los médicos tenemos otra palabra para eso: negligencia.
Bajo ese pretexto de «lealtad institucional» se esconde una actitud irresponsable, la que dice que el jefe de piso no se puede equivocar, que nos impide mostrarle exámenes que contradigan su diagnóstico o evidencia actualizada que refute el tratamiento que prescribe. Si no te gusta todo lo que dice el jefe, te me vas. Ese juego del todo o nada, que simplemente riñe con la realidad. Pedir a los servidores públicos que renuncien, como si trabajar para la gente fuera una gracia que nos da el Estado —y no su propia necesidad— es brutal.
Gracias Denisse, gracias por no renunciar.
