De las salvaguardas y otros demonios

Últimamente veo mucha queja en twitter sobre las salvaguardas impuestas por el gobierno, también muchos chistes a los cuales les he dado retuit por su gracia, no porque sean un análisis técnico de la realidad. Fuera de que estén muy buenos los chistes, creo que es importante aclarar que las salvaguardas son una opción entre muchas y vale la pena hacer un análisis crítico de esas opciones antes de ponerse a pelear contra la medida. Vale la pena recalcar que este análisis no aborda el tema analizando lo que se debió haber hecho antes, que se debió dejar de gastar en «X» o que no se invirtió en «Y»; esto puede o no ser cierto (seguramente lo es) pero no entra dentro del análisis. Que el Estado puede ahorrar más por otros lados, es verdad. Yo eliminaría las sabatinas, por ejemplo, pero bueno.

No pongamos salvaguardas

La primera opción que a todo ecuatoriano se le debe ocurrir es que la economía siga como está. ¿Para qué subir los precios de todo? Bueno, lo que pasa es que nosotros somos mayormente consumidores de productos extranjeros. Al haber caído el precio del petróleo, tenemos muy pocos ingresos y, a su vez, tenemos una gran cantidad de gasto hacia otros países. Esta opción lleva a dos caminos: la quiebra o el endeudamiento. Si es que vamos por el primer camino, no habría dólares en el país, todo el mundo mandaría mano a los ahorros y al no haber depósitos en los bancos, ya no habría préstamos, la economía se detiene. Bienvenidos al feriado bancario 2.0. Si, por otro lado, elegimos el endeudamiento, luego de un tiempo Ecuador no podría obtener préstamos de otros países e iríamos por un camino similar, debido a que la banca privada depende del banco central. Tal vez conseguiríamos préstamos pero a condición de aplicar medidas restrictivas en la economía. Como pasaba con Lucio. No gastos en salud, educación, etc.

Salvaguarda 1 – No intervencionismo 0

Eliminemos el subsidio a la gasolina

Imaginen en cambio que el gobierno decida subir el precio a la gasolina, se ahorra ese dinero y ahora tenemos que pagarlo todos y todas, eso le daría un poco más de plata al sistema financiero nacional pero, al mismo tiempo, encarecería todos los costos del producto nacional, dándole una ventaja competitiva a los productos extranjeros. El resultado es que la capacidad adquisitiva del ecuatoriano promedio estaría igual de afectada, pero adicionalmente perjudicaríamos a quienes producen localmente. Eso sin contar con que nos subirían los pasajes, los choferes harían huelgas, y otros tantos problemas que todos los que estamos cerca de los 30 conocemos.

Salvaguarda 1 – Eliminar el subsidio a la gasolina 0

Desdolaricemos

Todos los países que pueden hacerlo deprecian su moneda, esto quiere decir que emiten más billetes y tu plata vale menos, eso también abarata relativamente los costos de producción y puedes exportar a un precio menos para competir. El resultado es la disminución de la totalidad de la capacidad adquisitiva, es como las salvaguardas pero para todo.

Salvaguardas 1 – Desdolarizar y depreciar -1

Salvaguardas

Las salvaguardas tienen la ventaja de apuntar a productos específicos que, en su mayoría, o no son de primera necesidad o pueden ser reemplazados por producto nacional. Claro que habrán excepciones, evidentemente no me parece que incluyan a los tampones en la lista, pero de los males este es el menor. Se protege al productor ecuatoriano, se evita la fuga de capital y se gana un poco de tiempo para tratar de «arreglar» la economía local.

Imaginen qué opciones hubiéramos tenido si ya hubiera entrado en vigencia el tratado comercial con la Unión Europea, las salvaguardas habrían sido ilegales y hubiéramos tenido que optar por una de las tres de arriba. Claro, habría mucho producto barato y, por un tiempo, todo el mundo estuviera feliz, pero frente a un tratado que impide tomar medidas para desarrollar la industria local (explícitamente en el texto), al poco tiempo nos hubiéramos visto enfrentados a las dos primeras opciones de este post.

Publicaciones en otros medios

Durante los últimos dos meses he sido invitado a participar en varios medios no tradicionales, comparto aquí los enlaces por si no se han cruzado con ellos.

“Digital Rights: Latin America & The Caribbean”, es un boletín mensual de análisis sobre el estado de los derechos digitales en Latinoamérica y el Caribe. Tuve la oportunidad de escribir sobre la neutralidad de la red en el contexto de la nueva Ley de Telecomunicaciones para su edición de enero (que salió el 31 de ese mes). Aquí pueden encontrar el artículo en español, inglés y portugués.

FayerWayer, uno de los portales más importantes sobre asuntos de tecnología en hablahispana, también me invitó a escribir sobre el tema. Y la semana pasada colaboré con un artículo sobre obsolescencia programada, que en este momento ¡es el post más leído de los últimos 7 días!

Finalmente, esta semana me entrevistaron sobre la decisión del Ministerio del Interior de colocar cámaras en centros de diversión nocturnos. El PanamPost publicó la entrevista en inglés y español.

Todos son temas relevantes todavía, así que espero que los lean y compartan.

Cámaras en los moteles: “Solo vigilamos los pasillos”

¿Es realmente tan inofensiva la disposición de colocar cámaras en los moteles?

Tras responder los insultos de Lourdes Tibán al presidente, defenderse de las observaciones realizadas por la Organización de Naciones Unidas a las pésimas políticas y leyes sobre salud sexual y reproductiva les quedaba muy grande, así que la última cruzada de la red social de Alianza País –Somos Más– es defender la colocación de cámaras de vigilancia en los “pasillos y áreas públicas” de moteles, cabarés, salones de masajes y casas de cita dispuesta por el Ministerio del Interior.

Dice Alianza País –asumo que es una posición del movimiento pues ellos son quienes financian esta red social, el manejo de sus cuentas y a su diseñador gráfico– que la prensa privada está manipulando la información, que esto no es una invación a la intimidad. Inclusive Fernando Alvarado, Secretario Nacional de Comunicación, se tomó la molestia de explicar vía tuit que dichas grabaciones “solo pueden ser obtenidas para investigaciones, ordenadas por un juez y a través de un fiscal” y que las cámaras “son exclusivamente para sectores de ingreso y salida” y que esto ya se hace en otros países del mundo como Estados Unidos.

Todo es por seguridad y nadie se mete en la alcoba, es más o menos el argumento manejado desde el oficialismo. A eso añádanle que siempre se va a respetar la ley y que esos videos están a buen recaudo hasta que lo ordene la justicia ecuatoriana. Suena bien, igual de bien que sonaba el hoy extinto artículo 474 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Como muchos de ustedes recordarán, a fines de 2013, en un momento de conmoción social –debe haber sido un campeonato de fútbol– se aprobó el COIP. Duró poco, pues había tantas observaciones por parte de la sociedad civil que Alianza País anunció una revisión exhaustiva “artículo por artículo”, se dividieron en mesas y, en una de ellas, recibieron a varias personas del colectivo #InternetLibre para discutir la disposición de la recolección masiva de “datos sobre números telefónicos, direcciones IP estáticas y dinámicas, así como el tráfico de conexión, acceso a transacciones y la información de los enlaces de comunicación inalámbricas del servicio y la vía de comunicación por un tiempo mínimo de seis meses, a fin de poder realizar las investigaciones correspondientes”. Se pretendía además que si tu proveías de internet a alguien, lo grabes. Esto apuntaba a los “cybercafés” pero la redacción era tan inespecífica que creaba una situación bastante incómoda incluso si querías compartir el wifi casero con tus amigos.

El 29 de noviembre de 2013, María Augusta Calle hace público que el bloque de PAÍS decidió eliminar el artículo 474, y en días posteriores señaló que la adhesión de Ecuador a la resolución de las Naciones Unidas que hace referencia al derecho a la privacidad “fue clave en la discusión”, el asambleísta Diego Vintimilla señaló que esa resolución de la ONU fue la base para el análisis de lo que se haría con el artículo 474 del Código Penal.

Casi un año después, a través de la Ley de Telecomunicaciones, se hizo un segundo intento para conservar “los registros de acceso, registros de llamadas, entre otros, en las condiciones y por el tiempo que se dispongan en las regulaciones específicas”. Una vez más la ciudadanía alzó su voz y se obtuvo un veto parcial por parte de la presidencia. A diferencia de lo que pasó con el 474, esta vez si quedó un registro por escrito de las razones para el veto parcial a este artículo. Aclara:

La Declaración Universal de Derechos Humanos franquea en su artículo 12 que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, determinando que en la ley se establecerá la protección adecuada frente a tales injerencias. De igual manera, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en el artículo 11 la misma garantía. En ese sentido, la Constitución de la República consagra en el número 20 del artículo 66 el derecho a la intimidad personal. Permitir a los prestadores de servicios de telecomunicaciones que conserven información tan específica sobre los usuarios, evidentemente podría traducirse en una transgresión al derecho a la intimidad, tanto más que en la actualidad hemos sido testigos de la vulnerabilidad de los mecanismos de seguridad informática.

Es importante notar que la Ley de Telecomunicaciones no buscaba conservar el contenido de las comunicaciones, es decir lo que sucede en la alcoba, sino únicamente los registros de acceso y llamadas, es decir quien entra, cuando, con quién; el equivalente a las cámaras en los pasillos y áreas públicas. Entendemos entonces que así como el derecho de una persona a la intimidad no se limita al contenido de las comunicaciones, sino también al hecho de la comunicación y a la información sobre la comunicación. La privacidad y la no injerencia en la vida privada y familiar, no incluye únicamente a lo que pasa dentro de la habitación de un centro de diversión nocturna, sino también a la información relativa a ese encuentro, a los “metadatos” que uno puede encontrar en un motel.

También es notable que el Estado se preocupe de la recolección por parte de terceros, en este caso los prestadores de servicio de internet, puesto que el mismo caso se puede aplicar a la recolección en video por parte de los dueños de centros de diversión nocturna. La sola existencia de registros, como bien señala el veto de la presidencia, vulnera el derecho a la intimidad, puesto que la seguridad informática es vulnerable a ataques por parte de terceros y a veces ni siquiera hace falta un ataque para acceder a una webcam –que hoy por hoy es el mecanismo más difundido de vigilancia. Como dice Assange: la mejor manera de proteger un secreto es que no exista.

Adicionalmente, como bien indica un editorial de El Telégrafo, “una vez que los datos han sido acumulados y el Estado tiene la posibilidad de acceder a ellos, los puede usar de muchas maneras incorrectas”. Ya se han dado casos donde algunos agentes de inteligencia usaron los sistemas de vigilancia de los EE. UU. para rastrear a sus amantes. Eso por no hablar de las posiblidades de extorsión que abre el simple hecho de visitar uno de estos sitios, una denuncia legítima puede desaparecer en el olvido por un ataque al mensajero. Imaginen un caso como el de Mery Zamora cada semana.

La privacidad en un mundo donde la capacidad de conservación, análisis y agregación de datos se vuelven cada vez más barata exige que la ciudadanía tenga una adecuada defensa legal pero sobretodo técnica de su privacidad, la colocación de cámaras en calles, unidades de transporte, colegios, moteles, cabarés, salones de masajes y casas de cita supone una grave amenaza a la privacidad y una potencial herramienta para atacar la libertad de expresión y la capacidad de fiscalización al Estado.

Actualización

La medida fue finalmente derogada, según comentó el presidente Rafael Correa citando algunas de las razones aquí expuestas, concluyó diciendo algo como «igual el 70% de estos centros ya cuenta con cámaras». Nada de qué preocuparse.

Consejos para el próximo Crudo Ecuador

Creo que a la gran mayoría de ecuatorianos nos apena ya no reírnos con los memes de Crudo Ecuador. Su inteligencia, constancia y determinación alegraban hasta los lunes, por eso quiero dejar unos pocos consejos para quien desee tomarle la posta en el futuro. Es importante comprender que Crudo Ecuador se enfrentó a dos problemas muy graves en internet: el ataque al anonimato y el abuso del derecho de autor.

Anonimato en la red

Para hablar del anonimato, me voy a servir de un ejemplo práctico. El día de ayer vi un pésimo documental contra Wikileaks: We Steal Secrets. En uno de sus momentos, cuando querían pintar a Julian Assange como paranoico, el documentalista muestra un extracto de una entrevista al periodista Mark Davis, quien declara:

En el tiempo que estuve con él, creo que la conciencia de [tener] alta seguridad en realidad era pertinente; era apropiado. Eso sí, él había estado viviendo así por, ya sabes, 5 ó 10 años, cuando es probable que no haya sido apropiado.

Es una pena que yo, que no soy periodista, tenga que explicar porque las declaraciones de alguien que sí lo es –y, por tanto, debería saber exactamente cómo funciona el mundo de la información– están tan equivocadas. En el mundo digital, la información es protegida mediante algoritmos de cifrado. Estos algoritmos son fórmulas matemáticas que enredan la información lo suficiente como para que sea difícil obtener la contraseña incluso para una computadora. Pero tras un tiempo determinado, las computadoras hallarán tu clave y se harán con tu información.

Así, por ejemplo, yo puedo estar enviando información cifrada por los canales de CNT y tener esos datos almacenados en los servidores de correo de gmail, hotmail, yahoo o cualquier otra empresa. Si no protejo mis correos, es probable que los proveedores de correo tengan fácil acceso a mi información y se la entreguen a un gobierno interesado, como le sucedió a Wikileaks. Si quienes trabajan en esta organización cifraron sus correos tendrán unos 5 ó 10 años antes de que sus correos sean descifrados. Hay que protegerse desde antes.

Entonces el primer consejo es que tienes que planificar con tiempo, sería una muy buena idea borrar tus huellas digitales y todo lo que podría generar una asociación con la nueva cuenta que piensas crear. Una segunda opción es que, en lugar de no tener vida digital alguna, uses herramientas que garanticen tu anonimato. Esto puede ser más o menos seguro según cuanto quieras complicarte la vida, puedes usar TAILS, que es un sistema operativo para que jamás detecten tu computadora y que puedes usar desde una memoria USB, pero algo como TOR (que es un navegador parecido a Firefox que esconde tus ideas y venidas en internet) debe ser suficiente. Crear una cuenta de correo usando TOR puede ser difícil, así que deberás buscar un buen proveedor o utilizar un proxy, evita los servicios que piden tu número celular. Inicia sesión en redes sociales siempre usando TOR y borra los metadatos de tus gráficos y documentos siempre. No hables de tus actividades, no uses el celular inteligente, es demasiado espiable.

Si compras un dominio, puedes usar servicios como Domain By Proxy para proteger tu identidad.

Abuso del derecho de autor

Pero a Crudo Ecuador no lo encontraron usando sistemas informáticos. Lo hallaron porque quisieron censurarlo abusando del derecho de autor. Empezaron a crear clones de su página y empezaron a mentirle a Facebook diciendo que ellos eran los dueños de la marca «Crudo Ecuador», Facebook le pidió a Crudo que demostrara que él era el dueño legítimo de ese nombre. Eso lo obligó a registrar su marca y, por ello, contrató un abogado y acudió al Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. No soy quien para cuestionar al IEPI –puesto que no sé exactamente cómo llegaron esos trámites a ojos públicos. Adicionalmente, estos trámites son supuestamente transparentes y la documentación debe ser hecha pública– pero si fuera el nuevo Crudo Ecuador, acudiría a un abogado que garantice mi confidencialidad y le pediría que su estudio jurídico registre la marca en otro país, no a tu nombre, sino a nombre del estudio jurídico. La marca registrada es reconocida a nivel internacional y, por tanto, el trámite puede ser realizado en el extranjero.

La reducción de sueldos y Alianza País

Recientemente la presidencia de Ecuador ha anunciado la disminución de sueldos del nivel jerárquico superior dentro del Estado. Según el decreto presidencial, la reducción será del 10% para Rafael Correa; 9% para Jorge Glas; 8% para ministros; 7% para viceministros; 6% para subsecretarios; y 5% para coordinadores. Esto representaría un ahorro total de 21 millones para el Estado. Varias cosas se me ocurrieron cuando leí la noticia, algunas de las cuales he compartido previamente en redes sociales.

La primera es que, según documentación publicada por Ecuador Transparente, todas las personas pertenecientes a esta categoría y cualquier otra cuyo rango sea igual o mayor a asesor 5, deben aportar el 5% de su sueldo al movimiento Alianza País.

Si consideramos el tamaño actual del «gabinete de la revolución ciudadana» y la cifra entregada en el Boletín de prensa, esto quiere decir que unos cuantos millones extra al año podrían ahorrarse sin afectar el bolsillo de los trabajadores si (1) se reduce otro 5% a todas las personas que cuentan con un cargo igual o superior a asesor 5 y (2) se dejara de solicitar que estas personas aporten al partido de gobierno. No he visto ningún comunicado al respecto.

La segunda es que este ahorro, aunque suene importante, representa en realidad un monto mínimo respecto a otros gastos que son cuestionables. Aunque otros mencionaron la compra de los helicópteros Dhruv o un supuesto sobreprecio por la construcción de la ruta viva, a mí se me vinieron a la cabeza los 58 millones anuales que tiene asignada la Secretaría Nacional de Inteligencia, algunos de los cuales irán a pagar el software que sirve para espiar redes sociales, teléfonos inteligentes, tablets y ordenadores, así como para reconocimiento facial y de voz. En resumen, ni aunque Alianza País dejara de llevarse su cuota se lograría un ahorro tan significativo como el que vendría de mejorar la calidad del gasto.

La tercera y última es que este ahorro se destinaría a la contratación de más personal médico para luchar contra la mortalidad materna. Al respecto es importante recordar que en Ecuador, «los embarazos no deseados de adolescentes llegan al 39%. El 60% de embarazos de adolescentes es abortado en malas condiciones de salud. El 33% de ingresos hospitalarios es por abortos que representan la quinta causa de morbilidad materna.»

La contratación de médicos es, de lejos, la mejor opción para luchar contra la mortalidad materna, mucho mejor haríamos en destinar ese dinero a cualquier otra cartera de Estado mientras implementamos una medida probada y eficiente: la despenalización del aborto. Otra deuda de Alianza País y su «aplastante mayoría» en la Asamblea Nacional.

En resumen:

  1. ahorramos 21 millones pero un gesto único de Alianza País podría fácilmente duplicar ese ahorro.
  2. Incluso esta duplicación no avanzaría para financiar el gasto que se tiene en la secretaría nacional de inteligencia.
  3. Si dedicáramos esos 58 millones de la SENAIN para contratar médicos, eso de lejos sería tan efectivo como despenalizar el aborto.

Cuando se trata de manejar el gasto público, aplastamos el acelerador a fondo sin soltar el embrague.