cámaras

SUPERCOM, atender

Hace unos días María Josefa Coronel nos hizo conocer vía twitter que el ministerio del interior había dispuesto la colocación de cámaras en moteles, cabarés, casas de cita, etc. Ella no dijo más, pero mucha gente se quejó, entonces alguien salió a decir que los medios mienten y tergiversan, que no pasaba nada con la privacidad.

Enseguida, el brazo comunicativo en redes de Alianza País lanza una campaña para defender la medida.

Y luego salió el presidente a aclarar lo que he descrito ampliamente en mi blog:

“Imagínense que en esa clase de actividades se esté filmando a las personas, es más, se debería advertir a los usuarios que están siendo filmados porque puede ser sujetos a extorsiones (…) se va derogar esa medida (…) Es un atentado a la privacidad»

Rafael Correa

¿Qué medidas tomará la SUPERCOM para corregir a los malos correctores?

Cámaras en los moteles: “Solo vigilamos los pasillos”

¿Es realmente tan inofensiva la disposición de colocar cámaras en los moteles?

Tras responder los insultos de Lourdes Tibán al presidente, defenderse de las observaciones realizadas por la Organización de Naciones Unidas a las pésimas políticas y leyes sobre salud sexual y reproductiva les quedaba muy grande, así que la última cruzada de la red social de Alianza País –Somos Más– es defender la colocación de cámaras de vigilancia en los “pasillos y áreas públicas” de moteles, cabarés, salones de masajes y casas de cita dispuesta por el Ministerio del Interior.

Dice Alianza País –asumo que es una posición del movimiento pues ellos son quienes financian esta red social, el manejo de sus cuentas y a su diseñador gráfico– que la prensa privada está manipulando la información, que esto no es una invación a la intimidad. Inclusive Fernando Alvarado, Secretario Nacional de Comunicación, se tomó la molestia de explicar vía tuit que dichas grabaciones “solo pueden ser obtenidas para investigaciones, ordenadas por un juez y a través de un fiscal” y que las cámaras “son exclusivamente para sectores de ingreso y salida” y que esto ya se hace en otros países del mundo como Estados Unidos.

Todo es por seguridad y nadie se mete en la alcoba, es más o menos el argumento manejado desde el oficialismo. A eso añádanle que siempre se va a respetar la ley y que esos videos están a buen recaudo hasta que lo ordene la justicia ecuatoriana. Suena bien, igual de bien que sonaba el hoy extinto artículo 474 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Como muchos de ustedes recordarán, a fines de 2013, en un momento de conmoción social –debe haber sido un campeonato de fútbol– se aprobó el COIP. Duró poco, pues había tantas observaciones por parte de la sociedad civil que Alianza País anunció una revisión exhaustiva “artículo por artículo”, se dividieron en mesas y, en una de ellas, recibieron a varias personas del colectivo #InternetLibre para discutir la disposición de la recolección masiva de “datos sobre números telefónicos, direcciones IP estáticas y dinámicas, así como el tráfico de conexión, acceso a transacciones y la información de los enlaces de comunicación inalámbricas del servicio y la vía de comunicación por un tiempo mínimo de seis meses, a fin de poder realizar las investigaciones correspondientes”. Se pretendía además que si tu proveías de internet a alguien, lo grabes. Esto apuntaba a los “cybercafés” pero la redacción era tan inespecífica que creaba una situación bastante incómoda incluso si querías compartir el wifi casero con tus amigos.

El 29 de noviembre de 2013, María Augusta Calle hace público que el bloque de PAÍS decidió eliminar el artículo 474, y en días posteriores señaló que la adhesión de Ecuador a la resolución de las Naciones Unidas que hace referencia al derecho a la privacidad “fue clave en la discusión”, el asambleísta Diego Vintimilla señaló que esa resolución de la ONU fue la base para el análisis de lo que se haría con el artículo 474 del Código Penal.

Casi un año después, a través de la Ley de Telecomunicaciones, se hizo un segundo intento para conservar “los registros de acceso, registros de llamadas, entre otros, en las condiciones y por el tiempo que se dispongan en las regulaciones específicas”. Una vez más la ciudadanía alzó su voz y se obtuvo un veto parcial por parte de la presidencia. A diferencia de lo que pasó con el 474, esta vez si quedó un registro por escrito de las razones para el veto parcial a este artículo. Aclara:

La Declaración Universal de Derechos Humanos franquea en su artículo 12 que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, determinando que en la ley se establecerá la protección adecuada frente a tales injerencias. De igual manera, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en el artículo 11 la misma garantía. En ese sentido, la Constitución de la República consagra en el número 20 del artículo 66 el derecho a la intimidad personal. Permitir a los prestadores de servicios de telecomunicaciones que conserven información tan específica sobre los usuarios, evidentemente podría traducirse en una transgresión al derecho a la intimidad, tanto más que en la actualidad hemos sido testigos de la vulnerabilidad de los mecanismos de seguridad informática.

Es importante notar que la Ley de Telecomunicaciones no buscaba conservar el contenido de las comunicaciones, es decir lo que sucede en la alcoba, sino únicamente los registros de acceso y llamadas, es decir quien entra, cuando, con quién; el equivalente a las cámaras en los pasillos y áreas públicas. Entendemos entonces que así como el derecho de una persona a la intimidad no se limita al contenido de las comunicaciones, sino también al hecho de la comunicación y a la información sobre la comunicación. La privacidad y la no injerencia en la vida privada y familiar, no incluye únicamente a lo que pasa dentro de la habitación de un centro de diversión nocturna, sino también a la información relativa a ese encuentro, a los “metadatos” que uno puede encontrar en un motel.

También es notable que el Estado se preocupe de la recolección por parte de terceros, en este caso los prestadores de servicio de internet, puesto que el mismo caso se puede aplicar a la recolección en video por parte de los dueños de centros de diversión nocturna. La sola existencia de registros, como bien señala el veto de la presidencia, vulnera el derecho a la intimidad, puesto que la seguridad informática es vulnerable a ataques por parte de terceros y a veces ni siquiera hace falta un ataque para acceder a una webcam –que hoy por hoy es el mecanismo más difundido de vigilancia. Como dice Assange: la mejor manera de proteger un secreto es que no exista.

Adicionalmente, como bien indica un editorial de El Telégrafo, “una vez que los datos han sido acumulados y el Estado tiene la posibilidad de acceder a ellos, los puede usar de muchas maneras incorrectas”. Ya se han dado casos donde algunos agentes de inteligencia usaron los sistemas de vigilancia de los EE. UU. para rastrear a sus amantes. Eso por no hablar de las posiblidades de extorsión que abre el simple hecho de visitar uno de estos sitios, una denuncia legítima puede desaparecer en el olvido por un ataque al mensajero. Imaginen un caso como el de Mery Zamora cada semana.

La privacidad en un mundo donde la capacidad de conservación, análisis y agregación de datos se vuelven cada vez más barata exige que la ciudadanía tenga una adecuada defensa legal pero sobretodo técnica de su privacidad, la colocación de cámaras en calles, unidades de transporte, colegios, moteles, cabarés, salones de masajes y casas de cita supone una grave amenaza a la privacidad y una potencial herramienta para atacar la libertad de expresión y la capacidad de fiscalización al Estado.

Actualización

La medida fue finalmente derogada, según comentó el presidente Rafael Correa citando algunas de las razones aquí expuestas, concluyó diciendo algo como «igual el 70% de estos centros ya cuenta con cámaras». Nada de qué preocuparse.

Breve historia del anonimato digital en Ecuador 

Este texto apareció originalmente en grin.ga

Parte 1: El incipiente graffiti digital ecuatoriano

Desde 2010, en Ecuador ha proliferado el uso de cuentas anónimas en redes sociales.

Las cuentas anónimas con más fama, desde el inicio, fueron las que protagonizaban ataques a los “enemigos” del actual gobierno. Algunas de estas cuentas de ataque entablaban diálogos directos con el presidente de la República —tal fue el caso de la cuenta @elpatriotaec— o con altos funcionarios del gobierno, como el secretario de comunicación Fernando Alvarado, quien hacía continuas referencias al blog anónimo de la tristemente célebre Lola Cienfuegos. El Telégrafo, un periódico financiado por el gobierno, incluso entrevistaba a estos personajes. En ese entonces, cuando el anonimato defendía al gobierno, todo estaba bien.

En febrero de 2012, el entonces asambleísta por Sociedad Patriótica Fernando Balda denunció la existencia de lo que él denominó un “Troll Center”, un centro de operaciones de cuentas anónimas en redes quienes difundían conflicto y propaganda en las comunidades de Internet en Ecuador. Balda sustentó sus aseveraciones mostrando fotografías de pantalla con nombres de usuario, claves y una serie de correos que contenían instrucciones para el funcionamiento de dicho centro, según él, con fondos públicos. ¿Cómo sabíamos que esto era real? Balda cambió las contraseñas e inutilizó dichas cuentas. Tiempo después el exasambleísta fue sentenciado con un año de reclusión. La sentencia se amparó en que Balda «atentó contra la seguridad del Estado», pues en 2009 había emitido un boletín asegurando que el gobierno mantiene un centro de espionaje. Cuando se aprobó la nueva ley penal y suscribió su delito, no salió libre debido a que se le interpuso una demanda de alimentos. Su blog, donde realizó las denuncias, fue eliminado por WordPress.

Muchas de las cuentas anónimas del supuesto Troll Center, fácilmente identificables debido al uso de hashtags similares y a un patrón horario predecible, fueron desapareciendo paulatinamente para ser reemplazadas por otras más agresivas y, aparentemente, más independientes en su accionar respecto a otras cuentas.

Un miembro de esta segunda generación de cuentas anónimas gobiernistas, @elpatriotaec, tenía una cuenta con el mismo nombre en Facebook. La página de Facebook de El Patriota resultó estar vinculada a Ximah Digital, una agencia de publicidad que trabaja para el gobierno con contratos de miles de dólares.

Desde mediados de 2013, el gobierno de Rafael Correa ha hablado de regulación de redes sociales, y cito las declaraciones del secretario jurídico de la presidencia:

He propuesto que se regule mejor todo lo que es procesos de calumnia en redes sociales porque no pueden ser un instrumento de impunidad. Les he pedido a la Comisión que exista un proceso especial cuando existan calumnias en Twitter o en Facebook.

Pero últimamente, estas intenciones de regulación han tomado fuerza, en especial durante este el último mes. En febrero del 2015, el Presidente de la República, en su informe semanal de actividades, llamó por nombre, apellido y ciudad a algunos usuarios de Twitter que lo habían insultado en redes sociales.

Anteriormente, había atacado a una página de sátira que cuenta con un aviso de descargo de responsabilidad, el famoso Crudo Ecuador. Hubo toda una operación para obligar al administrador a salir del anonimato: se crearon varias cuentas con el mismo nombre que trataron de reclamar derechos de autor a Facebook. Esta acción obligó al propietario original a registrar la marca en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. Al momento de registrar la marca Crudo Ecuador, se revelaron los documentos entregados al IEPI que comprometen su identidad, incluyendo los nombres de sus abogados.

Dado que no existe un mecanismo legal contra el anonimato, el presidente ha anunciado la creación de una red social desde donde la gente afín al oficialismo pueda  responder en conjunto a sus enemigos  redes sociales. En el enlace ciudadano 409 declaró:

Ahora dicen que el anonimato en las redes permite el mayor flujo de información. Tonterías, cuando a nosotros nos han enseñado desde chiquitos que no hay que tirar la piedra y esconder la mano. Si no lo puedes decir mirándole a la cara, no lo digas. Ahora resulta que el anonimato es bueno. Cuando ustedes actúan en las redes sociales ya no están practicando su privacidad. No hay libertad sin responsabilidad.

Estos eventos han generado un amplio debate público. La sociedad civil redactó un manifiesto en defensa del anonimato en redes, al cual se han adherido varias organizaciones internacionales.

Existen otros puntos para reflexión y análisis sobre el anonimato en Ecuador que van más allá del anonimato en Internet. El registro obligatorio para todos los números celulares, el cuál debe realizarse con la cédula de identidad, imposibilita el anonimato de dueños de celulares. El uso del sistema de vigilancia ECU911 que mantiene cámaras en centenares de calles, en más de 50.000 unidades de transporte público, en los colegios e inclusive en moteles, cabarés, salones de masajes y casas de cita. El uso de facturas electrónicas obligatorias, así como de dinero electrónico que podrían suponer un peligro para cualquier transacción anónima, entre otros.

Parte 2: La importancia del anonimato en la red

“Porque detrás de esta máscara, hay una idea (…) y las ideas,
son a prueba de balas”, procesos judiciales, multas,
asesinatos de personaje, persecución e intimidación.

Existen dos formas de abordar el papel del anonimato en la sociedad. La primera, bastante ingenua, se basa en la premisa de que vivimos en un mundo justo. En dichas condiciones, nadie tiene porque esconderse puesto que los abusos de poder no existen, no está la posibilidad de incurrir en conductas poco éticas o de comprar sentencias. El anonimato es pues usado por cobardes para lanzar la piedra y esconder la mano. En esa realidad paralela, el anonimato se prohíbe a priori, pues ¿quién quisiera hacer uso de una herramienta tan peligrosa y dañina cuando existe un Estado de Derecho perfecto?

El otro escenario desde el cual podemos analizar el anonimato es aquel donde decididamente vivimos en un mundo imperfecto, injusto, y vulnerable al abuso de poder. Esto lo describe muy bien Julian Assange en su libro Cuando Google Encontró a Wikileaks. Uno puede meterse en la lucha por controlar los medios de producción, como dicta el marxismo, pero eso es muy difícil dice. Lo más recomendable es afectar lo que la gente sabe, puesto que “puedes generar un efecto en una gran cantidad de personas con una pequeña cantidad de información”. En su perspectiva, el papel que cumple la información es “incentivar comportamientos que sean justos y desincentivar comportamientos injustos”.

En un escenario desequilibrado, el anonimato se convierte entonces en un escudo frente a los abusos del poder. Su papel es permitir que la información fluya a pesar de todos los mecanismos que se hayan implementado para evitarlo. El anonimato permite a los potenciales denunciantes de casos de corrupción o abuso contactar a periodistas sin comprometer sus vidas y, por tanto, le permite al periodista ejercer su derecho a buscar información que, de otra manera, no le llegaría. A nosotros los ciudadanos comunes, el anonimato  nos otorga el derecho a informarnos sobre mal uso de nuestra delegación de poder (político o económico). Wikileaks, por ejemplo, basa su modelo de denuncias en el uso del anonimato por parte de la fuente. A priori, la organización no tiene cómo saber quién les entrega la información. La meta de Wikileaks es “abrir gobiernos”.

Como vemos el anonimato no es incompatible con la transparencia y la justicia. Es un medio para conseguirla.

El anonimato se presta para abusos, nadie lo cuestiona, es por eso que existen mecanismos que ayudan a corregir estos errores. Los jueces, una vez determinada la causa probable de un delito, intervienen para autorizar una investigación policial y revelar al personaje anónimo. En internet, esto se trabaja en conjunto con los proveedores del servicio de internet y de contenido. Existen mecanismos adecuados para casos de abuso, el Código Penal Ecuatoriano lo contempla en su artículo 145.

Es importante que los ciudadanos sepamos defender nuestro derecho a pensar diferente, y que exijamos al Estado que respete los mecanismos que existen para asegurar su transparencia. Un mayor control de internet es peligroso, porque las sociedades pensamos en voz alta. Las expresiones que vertimos en la red, sean ficticias, peligrosas, equivocadas o risibles, son nuestra forma de explorar la realidad, evolucionar y crecer. Es parte de nuestra forma de autodeterminación. Un control absoluto de la red sería instituir una policía del pensamiento en nuestra sociedad y nadie en su sano juicio quiere eso.