corrupción

Estado, medios de comunicación y corrupción

¿Cuándo el periodismo se convirtió en cosa de hackers?

Las semanas pasadas sonó mucho el tema de la corrupción en el gobierno. «Hay que depurar Alianza PAIS @mashirafael» le decían al presidente en twitter. Todo después de sacar a la luz el caso de la asambleísta Esperanza Galván, la esmeraldeña pidió a un contratista cerca de 800 mil dólares «usando el nombre del vicepresidente Jorge Glas». Lo recalcaron, como si ese hubiese sido el delito. La parte acusadora estuvo representada por Alexis Mera y, por supuesto, Glas. 1800-SOYHONESTO y sanseacabó: manos limpias, corazones ardientes.

El presidente hizo el llamado a no ser corrupto y denunciar a quien lo es ¿se supone que la «línea caliente» es la prueba fehaciente de que hay un compromiso del Estado por luchar contra la corrupción? David Rosero, actual presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, diría que no. El consejero culpa a la mayoría oficialista en esa entidad de archivar nueve de cada diez denuncias de corrupción.

Como ciudadano, también me pregunto con cuánta seriedad debo tomar el compromiso de luchar contra la corrupción que pregona el gobierno. Me viene a la mente el reajuste de 600 millones de dólares (750 veces la cantidad solicitada supuestamente por Galván) en el proyecto Coca Codo Sinclair. Me quedé con la curiosidad de saber qué mismo pasó con ese caso. Diario El Comercio hace una investigación bastante buena —lo digo porque la redacción permitía realizar la verificación de las fuentes— y publicó las cartas donde solicitó aclaraciones al gobierno sobre el reajuste. El Estado no respondió, lo obligó a retractarse.

¿Habrá que llamar al 1800-769466 para preguntar por ese caso? ¿No inauguraron en 2007 un 1800-YABASTA?

Las denuncias de corrupción funcionan únicamente cuando se garantiza seguridad a dos actores: quien denuncia y quien publica. En Ecuador, existe un alto nivel de persecución a disidentes políticos, puede que el Estado no sea el responsable directo pero hay un nivel de confrontación tan alto que cualquier potencial denunciante tiene muchísimas razones para temer represalias. Basta recordar lo sucedido con Crudo Ecuador donde frontalmente se admitió que Juan Gabriel, quien administraba estas cuentas de redes sociales, no estaba cometiendo ningún delito pero se desarrolló una genuina cacería humana que terminó en una amenaza que la policía no consideró lo suficientemente importante. José Serrano dijo que se investigaría el caso, Crudo Ecuador respondió que volvería a publicar cuando tenga garantías. Sigue sin publicar.

Es en este tipo de escenario donde la protección de la fuente corre por responsabilidad de los medios de comunicación, estos medios no tienen necesidad de contratar costosos bufetes de abogados, lo único que tienen que hacer es asegurarse de que no se pueda identificar a la fuente al tiempo que se pueda verificar la autenticidad de los documentos en base a los cuales se realizan las denuncias.

Washington Post, ProPublica, The Intercept… todos estos medios usan buzones seguros que garantizan el anonimato de la fuente y facilitan el envío de archivos. Usan SecureDrop, un sistema de software libre y gratuito que podría ser implementado todos y cada no de los diarios que funcionan en Ecuador, especialmente en medios digitales (esto debido a que el costo de mantener un medio digital es menor y permite un financiamiento menos centralizado. Un diario más proclive a reflejar la opinión pública y no aquella de un grupo de poder específico, véase Gkillcity.com). También se puede brindar una mejor protección a las fuentes si los periodistas usan herramientas de cifrado en sus comunicaciones: correos, chat, voz sobre IP y servicios de mensajería.

Contacté a Diario La Hora al respecto, no ha respondido. Un articulista de El Comercio me supo decir que, en su diario, los periodistas que manejan temas delicados usan correos cifrados. Esto es una muy mala idea porque, si yo fuera un agente de inteligencia corrupto, identificaría a los periodistas que tienen correos cifrados para seleccionarlos como «objetivos». Estaría más pendiente de sus encuentros y, por tanto, es mucho más probable que me encuentre con sus fuentes. Todos los periodistas de un determinado medio deben estar en capacidad de ofrecer comunicaciones seguras a sus potenciales fuentes, además deben usarlas rutinariamente para lograr que el espionaje ilegítimo a medios de comunicación sea costoso e ineficiente.

Los periodistas, en esta época digital, deben aprender de inteligencia, deben simular encuentros para confundir a quienes los siguen y no comprometer a sus fuentes, identificar cuando pueden ser víctimas de un ataque informático y, muy seguramente, deberán aprender a usar las mismas herramientas que utilizan algunos criminales para poder defenderse dentro del estado totalitario que hoy es internet. Deben aprender sobre la web profunda y no precisamente por las mismas razones.

Si se implementan estos sistemas, todavía nos queda un vacío, y es la protección al periodista y al editor que publican las noticias. Se aceptan sugerencias ante la indefensión.

El miedo al bullying como vía al desarrollo

La renuncia del Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo no fue sorpresa sino la cereza del pastel tras su disposición irrevocable del uso obligatorio del transporte público masivo para los ministros y asambleístas. En el país había una mezcla de picardía y ¿esperanza? Ahora que la gente en el poder debía pasar junto a ellos todo el tiempo. Algunos incluso viajarían los fines de semana en los buses interprovinciales, habría la oportunidad de decirles las cosas en la cara, todos los días, de clavarles la mirada cuando hayan levantado la mano sin pensarlo.

«¡Para que usen las súper-carreteras!», decía don Medardo con ironía, mientras chocaba la botella de cerveza con otros choferes en el paradero de Tandapi. El alcalde de Quito estaba preocupado,  ya tenía suficientes roces con el oficialismo como para ahora tener que ahondar esas diferencias por el servicio de trolebús o de ecovía. ¿Aumentar la seguridad sería bien percibido? ¿se quejarían del tráfico matutino? Pero nadie temblaba como los asambleístas, que pasaban de una vida con comodidades de gánster a ser uno más del pueblo. Decían tener el respaldo de la inmensa mayoría pero les aterraba la idea, el partido de gobierno analizaba la posibilidad de enviar a los afiliados como guardaespaldas encubiertos, pero luego descubrieron que aunque podían darse el lujo de hacerlo ocasionalmente, el gasto diario pronto los quebraría, aunque tuvieran el 5% del salario de sus empleados públicos.

El ministro de telecomunicaciones le solicitó en televisión pública al presidente retirar la disposición de quedarse con el 12% de las utilidades de los empleados de empresas de telecomunicaciones y casi inmediatamente el secretario del Buen Vivir pidió un reajuste del presupuesto de su cartera de Estado para mejorar el transporte público. Había miedo al bullying.

La medida había excluido al Presidente de la República y nadie sabía por qué. ¿Querían medir cuál miedo era más poderoso? ¿Necesitaban un diálogo público generado por la nueva condición socioeconómica de los transportados? Algunos ministros renunciaron, había terna de dónde elegir pero los candidatos declinaban, el gremio de conductores de autobús ofrecía postulantes en comunicados públicos que no escatimaban en ironía.

El mercado de bienes raíces cercano a las dependencias del Estado estaba en su apogeo, también florecieron las consultoras que realizaban manejo de crisis. El personal del CNE leía con resignación:

Aplicando el principio de igualdad, se ha decidido que las y los servidores públicos del Consejo Nacional Electoral también deberán usar de forma obligatoria la transportación pública masiva.

La gente pedía reelección.