Esta es una réplica a la entrevista de Solines en Radio Visión

Juan Carlos Solines fue uno de los cuarenta (40) expertos en el mundo que integraron el Grupo de Trabajo sobre Gobernanza de Internet que fuera conformado por la ONU. En 2009 fue nuevamente designado por las Naciones Unidas como miembro del Consejo Asesor del Foro de Gobernanza de Internet y actualmente ostenta, según su biografía de Facebook, la presidencia del Comité de Tecnología de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana.

Esto, junto a su experiencia como expresidente del Consejo Nacional de Telecomunicaciones, lo acreditaron como experto para criticar una propuesta de ley que se está trabajando en la SENESCYT —el código ‘Ingenios’ o ‘COESC’ por sus siglas. La entrevista puede ser escuchada en este enlace. La propuesta de ley toca los temas de propiedad intelectual y parcialmente su tratamiento en Internet.

El otro ‘experto’ a tratar el tema, en este caso y a falta de mejor recurso, seré yo. A diferencia de Solines, mis credenciales poco o nada pueden decir sobre nuestros intereses comunes —el tema de propiedad intelectual en la era digital y la sociedad de la información— empero yo  he sido uno de los culpables de esta propuesta de ley, sobretodo en la parte relativa al entorno digital. Cómplice, mas no responsable, ya lo explicaré más adelante. Declaro, además, conflicto de intereses puesto que trabajo en la SENESCYT, aunque no lo hago en un puesto jerárquico y esto no ha influenciado nunca mi postura política (y quien lea mi blog o me siga en redes sociales sabe bien eso). Esta no será la excepción, aclaro pues que (1) no hablo a nombre de la institución que me emplea y (2) todo lo que diga aquí puede ser usado en mi contra.

El conocimiento como bien público

Solines abre la entrevista declarando que este proyecto de ley se enmarca en el “proyecto de control de todos los espacios de la sociedad”, al considerar al conocimiento como un bien público, “lo mismo que hizo en comunicación”. El abogado cita el caso de diario La Hora —sancionado por no cubrir la rendición de cuentas del alcalde de Loja— y declara: «ya sabemos lo que este gobierno persigue». Argumenta que bajo la bandera de «democratizar el conocimiento» se esconde otro gran mecanismo de control, esta vez para cerrar el círculo e incluir el control sobre Internet. No voy a defender al gobierno sobre su intervención en los medios de comunicación, porque creo que está mal hacerlo.

Un «bien público» tiene dos acepciones, una administrativa y otra económica —en la que el conocimiento es el ejemplo de libro. Es totalmente comprensible que se tema que una ley que declara al conocimiento como «bien de interés público» pueda ser usada para ejercer control. Pese a ello, es importante aclarar que en el mismo artículo donde se realiza esta declaración, se manifiesta que el acceso al conocimiento «será libre y no tendrá más restricciones que las establecidas en la Constitución, los tratados e instrumentos internacionales y la Ley». Adicionalmente, en el desarrollo del articulado, como admite el mismo Solines, se reconoce el respeto a tratados internacionales y a las normas mínimas de propiedad intelectual establecidas por la Organización Mundial de Comercio, esto debería ser suficiente para bajar las alarmas de cualquier persona cuyo negocio involucre la gestión del conocimiento, además garantiza la libertad de investigación, lo cual debería tranquilizar a quienes se dedican a la ciencia. Esta específicamente no es mi área y creo que merece un análisis más profundo de un verdadero experto en el tema de propiedad intelectual, sobre internet hablaré más adelante.

Meterle mano a la innovación

Solines continua haciendo uso de otros casos de control para argumentar contra el proyecto de ley: «Ya sabemos lo que este gobierno persigue, por lo que ha hecho (…) ahora le quieren meter la mano a la innovación». Aquí es donde, a mi parecer, convendría hacer más un acercamiento a las políticas de innovación que ha ejercido el órgano rector, la SENESCYT, a comparación de lo que ha ocurrido en otros sectores. La Secretaría ha iniciado apoyo a la innovación de varias maneras, su programa banco de ideas, regala capital no reembolsable a proyectos innovadores y, mediante la acreditación de incubadoras públicas y privadas, garantiza la asesoría en temas de propiedad intelectual. Existen más de dos mil proyectos en la página web del banco de ideas y, desde un inicio, se aconsejó a los usuarios no compartir información que pudiera ser objeto de propiedad intelectual a fin de asegurar su independencia. Seamos claros, de haber querido hacerlo, SENESCYT ya se hubiera podido apropiar de muchos proyectos innovadores, no lo ha hecho.

Tampoco es cierto que la Secretaría ha derrochado en universidades experimentales y no ha brindado apoyo a los centros de investigación ya establecidos en las universidades existentes, las convocatorias de investigación que realiza la SENESCYT permiten que cualquier institución pública o privada aplique para recibir esos fondos de investigación. Adicionalmente al financiamiento, los programas de movilidad académica han permitido que los profesionales existentes en dichas instituciones vayan a estudiar al extranjero —mejorando el nivel de la investigación local— y ha creado nexos con investigadores internacionales que han venido a trabajar directamente en instituciones de educación superior mediante el programa Prometeo.

Finalmente Solines menciona que el proyecto de ley incluye la creación de una nueva secretaría que actuaría como mecanismo de control, pero creo que eso es una confusión de su parte.

El control sobre internet

‘Ingenios’, como se rebautizó al código, incluye unos pocos párrafos acerca de Internet.

El acceso universal, libre y seguro al conocimiento en entornos digitales se constituye como un derecho de los y las ciudadanas.

El Estado generará las condiciones necesarias para garantizar progresivamente la universalización del acceso a las tecnologías de la información y comunicación, priorizando el uso de tecnologías libres, bajo los principios de: soberanía tecnológica, seguridad, neutralidad de la red, acceso libre y sin restricciones a la información y precautelando la privacidad. Estas condiciones serán respetadas sin perjuicio del proveedor del servicio. Los organismos de control competentes vigilarán que se cumplan con estas condiciones.

La conexión a Internet se constituye en un servicio básico, en consecuencia, responderá a los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad internacional.

Estos párrafos son los vestigios de una propuesta para la Gobernanza de Internet escrita posterior a una consulta a varios grupos de sociedad civil, que es donde yo jugué el rol de mediador y compilador. Entre las asociaciones consultadas estuvieron la Asociación para el progreso de las comunicaciones (APC), la Asociación de Software Libre de Ecuador, la Asociación de  Usuarios Digitales, la Red Infodesarrollo, expertos internacionales de la talla de Jeremie Zimmermann y Jacob Appelbaum, entre otros.

La aseveración de Solines de que se quiere «cerrar el círculo para controlar [también] a Internet» mediante ‘Ingenios’ no tiene fundamento. Especialmente si se considera su concepción y elementos que, como todo el proyecto de ley, están a la vista del público, en una wiki, receptando comentarios de todo el mundo, desde hace un año. Cierto es que puede parecer que algunas de sus atributos positivos, como señala Solines, no estén desarrollados como se debería y que parecen estar «de boca para afuera». La neutralidad de la red —para citar su propio ejemplo— carece de una definición, y es una crítica que comparto parcialmente. A mi entender, la ley contará con un glosario y será donde se desarrollen algunos de estos conceptos.

«Vivimos en la sociedad del remix»

Dijo Solines, y posterior a ello prácticamente realizó una defensa del proyecto de Ley, enfatizando elementos importantes en el proceso de generación de conocimiento:

Nuestra creatividad humana -que no depende de gobiernos o tendencia política- en el siglo XXI se ve potenciada por la gran cantidad de información a la que tenemos acceso. Esta es la cultura del remix, todas las creaciones artísticas son producto de una mezcla de tendencias que tenemos a mano hoy en día. Hoy entramos a Internet y tenemos todo lo que se nos pueda ocurrir, y eso nos da acceso a la mezcla.

Las limitaciones y excepciones al derecho de autor, también contemplados en los tratados internacionales, son absolutamente necesarios para el florecimiento de la ciencia y la cultura. Y esto es precisamente la característica fundamental de ‘Ingenios’. Que ¡por fin! vamos a tener un régimen de limitaciones y excepciones al derecho de autor, vamos a poder acceder libremente a textos en las bibliotecas, vamos a fomentar la transformación de formatos para que los discapacitados accedan a la cultura, y aún más importante, vamos a incorporar el derecho a la sátira. El derecho de autor no podrá ser usado como una herramienta de censura en Ecuador.

Cierto es que la ley no es perfecta, algunos de los reclamos hacen alusión a cambios realizados en la ley posterior al acuerdo de libre comercio que Ecuador logró con la Unión Europea. Pero esto resulta paradójico considerando la posición ideológica que sostiene Solines al respecto. Yo también quisiera que sea un juez, y no una unidad administrativa, la que decida en ciertos casos, pero esas son las reglas del libre comercio que el abogado, en otros ámbitos, defiende.

Léase también:

• Informe de la Relatora Especial de la ONU sobre los derechos de autor y el derecho a la ciencia y la cultura