Esta es la primera de dos entregas que tratan el tema de Limitaciones de la sociedad civil en la gobernanza de Internet en Ecuador

El día 24 de mayo al medio día, se realizó el foro «Regulación de Internet & Derechos Digitales en Ecuador», organizado por el Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco. La idea, según nos comentaron a los panelistas, era realizar una reflexión académica al respecto, por lo cual la visión de actores de la sociedad civil les resultaba indispensable (si bien asistí como co-fundador de Apertura Radical, me invitaron básicamente por las reflexiones que comparto en este blog y redes sociales). También participaron como panelistas Alfredo Velazco, de Usuarios Digitales y Daniela Viteri, representante ecuatoriana en el Observatorio de la Juventud de Gobernanza en Internet. Pese a que la USFQ realizará una publicación que detalla nuestras ponencias, voy a escribir acá —en un lenguaje menos cargado— lo que fue mi presentación.

El punto fue discutir los límites que hemos encontrado las personas —no empresas o el Estado— al trabajar por la defensa de derechos humanos en Internet en Ecuador. Para ello dividí a mi presentación en cuatro secciones: qué características tienen los grupos de sociedad civil acá, cómo operan, qué alcanzan a hacer con las circunstancias en las que se desenvuelven, y qué les resulta demasiado difícil.

¿Cuál sociedad civil?

Para realizar un análisis de las circunstancias en las que opera la sociedad civil, decidí escoger un periodo de tiempo de dos años (que va de agosto de 2013 a julio de 2015) y estudiar tres escenarios en los que la sociedad civil se había involucrado decididamente en el ejercicio de gobernanza de Internet. Estos se describen a continuación:

1. Eliminación del artículo 474 del Código Orgánico Integral Penal (Nov. 2013): La aprobación de un nuevo código penal a fines de 2013, motivó la formación del colectivo #InternetLibre, el cual logró exitosamente eliminar el artículo 474 que, entre otras cosas, que los usuarios accedamos a ser filmados mientras usamos Internet. Adicionalmente, la idea era que los intermediarios, como el dueño de un cibercafé o algún amigo que te de la clave del WiFi de su casa, tengan un registro de todas las páginas web que visitemos por un período mínimo de seis meses. #InternetLibre, formado por una serie de organizaciones privadas, públicas y del tercer sector —entes privados sin fines de lucro—detuvo esto.
2. Organización del Primer Encuentra Nacional de Gobernanza de Internet (Nov. 2014): Realizado en CIESPAL, el encuentro buscó marcar la agenda de la gobernanza de internet en el país basándose «en el principio de interés público y en un enfoque de derechos humanos a través de un proceso participativo, abierto e inclusivo». Se realizó un análisis preliminar de la situación de Internet en Ecuador y acogió a expertos nacionales e internacionales para discutirlo.
3. Pronunciamiento en Defensa de la Privacidad en Ecuador (Jul. 2015): Se dio como respuesta a la filtración de documentos privados de Hacking Team. Esta empresa— cuyo malware infecta computadoras, laptops y celulares con el fin de acceder a toda la información (almacenada y en tiempo real)— mantenía vínculos con la Secretaría de Inteligencia de Ecuador. Y poco después, se conoció que algunos de los targets del software usado por esta empresa, eran políticos y activistas. En Ecuador, esto es ilegal e inconstitucional, lo cual motivó un fuerte pronunciamiento por parte de la sociedad civil. Ninguna de las ocho peticiones realizadas por las organizaciones fue acogida.

Realicé una lista con las organizaciones que participaron en a menos dos de estos escenarios y excluí a las organizaciones que pertenecían al sector empresarial o al Estado. La lista que obtuve fue la siguiente:

 

Las instituciones a la izquierda (aquí en azul) son aquellas que cuentan con una personalidad jurídica, y las de la derecha aquellas que carecen de la misma. Creative Commons Ecuador y el colectivo Central Dogma, se dedican principalmente acceso al conocimiento y la promoción de la cultura libre. Radialistas trabaja en la «democratización de las comunicaciones, especialmente de la radio, desde las perspectivas de género y ciudadanía». Infodesarrollo trabaja principalmente en la reducción de las brechas digitales y ASLE se dedica a la promoción y adopción del software libre en Ecuador. Apertura Radical trabaja también en esto último, en la promoción de hardware abierto y en la defensa de derechos humanos en la red. Finalmente, Usuarios Digitales trabaja por el «libre ejercicio de nuestros derechos en plataformas digitales». Estas dos últimas (en verde), son aquellas organizaciones que se dedican principalmente a la defensa de derechos humanos en Internet, ambos carecían de una figura jurídica durante el periodo de estudio siendo principalmente una presencia en la red.¹

En la región, casi todos los países cuentan con al menos una organización de sociedad civil —constituida jurídicamente— que se dedica a la defensa de derechos humanos en la red. Existen organizaciones internacionales que brindan apoyo financiero y técnico a estas organizaciones, lo que les ha ayudado a florecer en toda Sudamérica. Venezuela, Bolivia, Ecuador y Uruguay son la excepción. Este último es el único reconocido por la unidad de inteligencia de The Economist como una democracia completa («full democracy«) y quizá eso explique porque la ausencia de una organización fuerte de sociedad civil que trabaje temas de Internet. Los otros tres países—Venezuela, Ecuador y Bolivia— tienen gobiernos con una ideología política muy parecida dominada por un fuerte poder ejecutivo, lo que sugiere una especie de correlación que merece ser estudiada.

 

¿Cómo se explica la ausencia de organizaciones de sociedad civil en la defensa de derechos humanos en Internet en el país? Pues de manera similar a la que se explica en otros sectores: Trámites dificultosos que pueden tomar años, falta de seguridad jurídica —causada por los decretos presidenciales 16 y 739—, la obligación de las ONG a trabajar en una política de gobierno (toda organización debe adherirse a una de los principios del plan nacional del buen vivir) y de adscribirse a algún ministerio —usualmente aquel al que deben vigilar y observar. Finalmente, la polarización de la política genera dificultades para organizaciones que deben trabajar pensando más allá de las ideologías. El momento en que las organización toman una posición respecto a un tema específico, tienden a ser clasificadas por los actores políticos y la opinión pública dentro de un «bando», el oficialismo o la oposición. Esto genera una estigmatización de las organizaciones que amenaza su capacidad de generar un diálogo adecuado en temas que usualmente ya son difíciles de explicar. Finalmente, este tipo de organizaciones de sociedad civil, al no involucrarse con la provisión de servicios, dependen casi siempre de donaciones por parte de actores privados internacionales, y eso en el país ha sido usado como una herramienta de deslegitimación por parte del poder ejecutivo.

¿Qué mecanismos usa la sociedad civil?

Creemos que podemos cambiar las cosas explicando detalladamente cómo funcionan a la gente, ofreciendo propuestas y amplificando nuestras voces. Para ello, requerimos en un primer instante consultar con expertos en ley, política pública y tecnología. Estos diálogos se llevan de una manera bastante informal dada las circunstancias en las que operamos. A partir de esto, creamos propuestas específicas («fiscalice», «derogue», «establezca», «exija», «cree», etc.) usualmente dirigidas al Estado en su papel de garante de derechos, aunque ocasionalmente se pueden también dirigir a la empresa privada. Cuando se tiene una línea clara de acción se producen manifiestos, pronunciamientos, peticiones en línea, boletines de prensa. Finalmente, si esto se ha hecho bien, mediante manifestaciones y lobbying, se logra hablar con quienes toman las decisiones. Muchas veces, el éxito o fracaso de las propuestas de sociedad civil, depende de la presión que puedan ejercer estos dos úlitmos elementos que funcionan a manera de policía bueno y policía malo: el cabilldeo y las manifestaciones, respectivamente.

¿Qué NO puede hacer la sociedad civil?

Debido a las limitaciones arriba mencionadas, muchos de los voluntarios (pues ese es el Estado de prácticamente todos aquellos que trabajan en la defensa de DDHH en internet en Ecuador) no pueden realizar una serie de acciones que es deseable y común en otros países de la región:

• Trabajar a tiempo completo en la defensa de DDHH en Internet.
• Trabajar estableciendo una agenda propia y no sólo respondiendo a problemas de coyuntura.
• Realizar estudios a nivel nacional (similares a los que se realizan en otros países) sobre cuestiones específicas como el estado de la privacidad en el país, o el marco regulatorio sobre el anonimato.
• Recibir financiamiento. Aunque se hace, se lo realiza en asociación con otras organizaciones que sí pueden manejar legalmente los fondos.
• Tomar acciones legales, que a veces son el único recurso frente a un potencial abuso de poder de parte de actores privados o estatales.

Notas al pie de página