Guillermo Lasso se proyecta como uno de los posibles candidatos a la presidencia de Ecuador en el período 2017-2021. Parece que ahora, en parte gracias a la situación económica derivada de la caída por el precio del petróleo, tiene muchas más oportunidades que antes. Lo importante de este contexto particular es que es mucho más viable para él, o cualquier otro candidato, el proponer una apertura comercial de Ecuador sin encontrar resistencia de la clase media que (hasta la fecha al menos) apoyaba la posición del movimiento indígena de no firmar acuerdos de libre comercio, algo que incluso fue refrendado en la constitución de Montecristi. La constitución no prohíbe explícitamente la firma de tratados comerciales, pero existen una serie de disposiciones que hacen que sea muy difícil firmar uno.

No se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, en controversias contractuales o de índole comercial, entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas

Lo dicho en el párrafo anterior no es una verdad absoluta, y es que así funciona la política. Caben distintas interpretaciones entre lo que un tratado puede hacer o no. Por ejemplo, el artículo 421 dice que “la aplicación de los instrumentos comerciales internacionales no podrá menoscabar, directa o indirectamente, el derecho a la salud, el acceso a medicamentos, insumos, servicios, ni los avances científicos y tecnológicos”. Pero ¿qué quiere decir eso de todas maneras? ¿Implica eso que un tratado comercial que hace más difícil acceder a la tecnología con medidas de protección sobre patentes o software no puede ser firmado? Posiblemente, pero siempre habrá una duda razonable. Esa ventana es la que ha permitido que el gobierno actual se adhiera al acuerdo comercial con la Unión Europea—que aún debe ser ratificado por la Asamblea Nacional— y disfrute de beneficios similares a los ya obtenidos por Perú y Colombia.

@jandreshungria El comercio exterior crecerá cuando firmemos TLC con USA, UE y ASIA. Así creceremos en empleos como Colombia.

— Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) April 2, 2012

Lasso ama el libre comercio. Y no tengo muchas esperanzas de que otros candidatos tengan una postura económica muy distante a la del banquero. Si bien la apertura comercial trae beneficios al país, los medios mediante los cuales se negocian esos acuerdos actualmente se parecen más a tratados de proteccionismo global a favor de los países del primer mundo. Para ser más específicos, son acuerdos que beneficien principalmente a las compañías de esos países. En estos tratados, no se discute únicamente que los productos se intercambiarán entre dos o más países sin aranceles, sino que se establecen una serie de condiciones con el supuesto objetivo de garantizar la estabilidad comercial. Así, se habla de la protección de derechos de autor en internet, de las adquisiciones por parte del Estado de productos, de la ubicación de servidores, de seguridad informática y un largo etcétera. Es, en palabras de Pilar Sáenz, un lavado de políticas públicas.

Para que tengan una idea un poco más clara de cómo eso afectaría internet, les recomiendo el artículo que publicara EFF sobre los riesgos del TPP. Unos puntos claves que se pueden compartir de este texto son los siguientes:

• Todas las disposiciones que aumentan intereses y derechos a las corporaciones son vinculantes, mientras que cada disposición que pretende proteger el interés público no es obligatoria y susceptible de conseguirse solo avasallando los esfuerzos protectores de las corporaciones.
• El TPP refleja los peores aspectos de la US Digital Millennium Copyright Act (DMCA), que es la que facilita la censura de contenidos en Internet. Frente a lo cual ya se están corrigiendo las deficiencias en la legislación actual.
• Romper candados digitales será un delito con pena de cárcel. Esto es algo tan simple como desbloquear el DVD para ver películas de diferentes zonas o «ajustar» el cerebro del auto. Este es un verdadero problema de seguridad. 40% del código fuente de las bombas de insulina nunca ha sido inspeccionado por investigadores de seguridad independientes y casi 1,4 millones de vehículos fueron retirados del mercado por Chrysler, debido al descubrimiento de una vulnerabilidad que permite acceder de forma remota la dirección y los frenos. Investigar este tipo de cosas, con un tratado de libre comercio, sería un delito. Eso contrasta claramente con la propuesta actual de permitir excepciones.
• Nuevas normas aplicables a los dominios de nivel nacional bloquearán las reformas que varias instituciones están promoviendo para proteger a propietarios de sitios web de tener que revelar su nombre real, dirección, y otra información de identificación personal mediante el sistema de nombres de dominio (DNS), volviéndolas vulnerables a ataques de trolls, ladrones de identidad, estafadores y/o acosadores.
• Los DRMs se utilizan a menudo para fines que van contra de la competencia leal. Mediante su uso, prohibirán a innovadores de construir servicios interoperables o productos que puedan utilizarse con plataformas existentes, además de evitar servicios de reparación por parte de terceros. Fundamentalmente, se cierra el juego y la experimentación, lo que es fundamental para el desarrollo de una innovación abierta.
• Nuevas protecciones legales que surjan para innovadores independientes y pequeñas empresas podrán ser atacadas si una corporación multinacional alega que tal protección debilita su inversión o futura ganancia, lo que generaría un proceso controversial entre el inversor extranjero y el Estado.
• Los Proveedores de Servicios de Internet (ISPs) podrán bloquear redes virtuales privadas (VPNs) como parte de su deber de cooperar con los titulares de derechos de autor para impedir la transmisión no autorizada de obras protegidas.
• Los periodistas serán responsables civil y penalmente por permitir el acceso, la divulgación o la disposición de un secreto comercial incluso si lo hacen para revelar una mala práctica comercial. También responderán por publicar información proveniente una fuente que la obtuvo de manera ilegal, aunque la revelación de dicha información beneficie al interés público.
• El TPP prohibiría a los países firmantes a exigir legalmente que ciertos productos se distribuyan con licencias de software libre, incluso donde sería útil para reducir los problemas de seguridad informática. Assange le puede decir adiós a la recomendación de construir una soberanía tecnológica en Ecuador.

Si bien no es justo asumir que todos los potenciales tratados comerciales que se le propongan a Ecuador contengan todos estos elementos, cualquier de los arriba mencionados es una preocupación real. Y muchos han dicho que el TPP es el nuevo «gold standard» de los tratados comerciales. Muchos en Ecuador piensan que un nuevo gobierno ayudará a recuperar las libertades civiles en todos los campos, pero es fácil ver como las soluciones a mano no siempre son lo que parecen.